Fuente: Blog El Pais Altermundista
Al final de cada año se aprueban los presupuestos del año siguiente. Entre otros muchos temas, uno de los que componen el presupuesto es el que se destina al gasto militar. Aquí se encuentra el inicio de lo que los antimilitaristas definen, con mucha razón, como «la guerra empieza aquí». Una vez hay un presupuesto imputado a la cosa militar comienza a funcionar lo que llamamos ciclo armamentista o ciclo económico-militar.
Con dinero público dentro de la partida militar, se pagan los salarios, pensiones, seguros y todo lo necesario para mantener a los militares y ex-militares. En España hay 122.256 efectivos militares, 45.587 mandos y 76.669 de tropa y marinería, cada mando le corresponde dar órdenes a una media de 1,9 soldados. Además, el Ministerio de Defensa dispone de 35.017 civiles que trabajan para Defensa. Esto, evidentemente, cuesta mucho dinero. Pero no es la partida más importante del gasto militar real ni la más controvertida.
El presupuesto militar sirve también para mantener la industria de armas española y parte de la extranjera, ya que no sólo se exportan armas sino que también se importan. Aquí se encuentra el inicio del ciclo armamentista. El dinero público destinado a la compra de armamento es el sustento y el negocio de la mayor parte de empresas de armas, la parte de este comercio en manos privadas es muy reducida, sobre todo cuando hablamos de armamento pesado, mucho más costoso. En España esta partida es tan elevada que ha provocado la existencia de una deuda del Ministerio de Defensa para los próximos años de 34.326 millones de euros. Este gasto comenzó a finales de los años 90, con la creación de grandes inversiones de modernización de las fuerzas armadas españolas denominadas Programas Especiales de Armamento. Los posteriores gobiernos la aumentaron, incluso en momentos de crisis económica. De hecho, ahora mismo, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha anunciado su intención de aumentar esta deuda (y por tanto la compra de más armamento) en 10.000 millones de euros. ¿Quiénes son, pues los beneficiarios de estas inversiones en armas? Muy fácil, los propietarios de las empresas que fabrican el avión EF-2000, los blindados Leopard y Pizarro, los helicópteros Tigre, NH-90, Cougar o EC-135, e incluso obuses de 155 mm, los aviones de transporte militar A-400, los misiles Taurus o Spike, y las fragatas y submarinos de guerra.
Entre los que consiguen beneficios económicos de la producción de los programas especiales de armamento españoles encontramos empresas privadas, pero también públicas. La más importante de las públicas es Navantia, y el mantenimiento de su producción de buques de guerra responde en gran parte al interés de mantener los puestos de trabajo, ya que más que beneficios genera pérdidas año tras año. Los sindicatos y algunos partidos cercanos a estos piden tradicionalmente la producción de armamento por su comprensible objetivo de mantener los puestos de trabajo, pero no cuestionan que la producción que permite este trabajo sea la producción de armamento. Haría falta más amplitud de miras por su parte y proponer, no la pérdida de los puestos de trabajo, sino la reconversión de estas industrias, totalmente improductivas y parasitarias de los presupuestos públicos, en sectores de futuro para la economía del país. Por otra parte, si de puestos de trabajo hablamos, el sector de defensa emplea, entre lo privado y lo público, a unas decenas de miles de trabajadores. Muy probablemente saldría más barato pagar una prestación o pensión y la formación para reciclarse profesionalmente a todos estos trabajadores del sector armamentístico que los 40.000 millones de euros que las arcas del estado le costará mantener este sector ocupado.
No nos engañemos, España no necesita 87 aviones Eurofighter, o 239 Leopard más, o 212 blindados Pizarro y muchas más armas que según el subsecretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez eran en gran parte inútiles por los escenarios de Defensa de las fuerzas armadas españolas y que se tenían que pagar con dinero que ni tenían entonces ni tendrían en un futuro. Es de justicia confirmar que acertó. Estas grandes partidas presupuestarias destinadas al rearme del ejército español han sido destinadas a la creación de negocio, en que unos pocos logran beneficios económicos, a costa de dinero público y, en el caso de que estas armas sean utilizadas, su destino ha sido o será la destrucción y la muerte. Afortunadamente para iraquíes, afganos o somalíes, España no tiene sobre el terreno la mayor parte de estas armas y no sufren las terribles consecuencias de su uso. Sino que muchas de estas armas de los programas especiales de armamento se encuentran almacenadas encima de palés para que no se deterioren. Lo que evidencia el despilfarro que supone el gasto militar.
Pero el apoyo a las empresas de armas no se limita a la compra de sus productos. También hay ayudas a créditos a la I + D militar (préstamos a interés cero), para que las industrias militares puedan empezar a desarrollar y producir las armas encargadas por el Ministerio de Defensa. Estos créditos provienen tanto de Defensa como del Ministerio de Industria, siendo este último el que aporta cuantías más elevadas. Su funcionamiento es todo un misterio. No está claro si los tienen que devolver al cabo de un tiempo o si lo hacen cuando entregan las armas y Defensa se las paga o si directamente se les descuentan de su coste. Lo que sí sabemos es que después de 18 años con esta fórmula las empresas militares han recibido cerca de 22.000 millones de euros y han devuelto alrededor de 200. No parece descabellado que algún día digan que no pueden devolver los créditos y que, para salvar al sector (con la excusa de mantener los puestos de trabajo) se condone la deuda a la industria militar. En ese momento, sin embargo, este derecho de cobro se convertiría en una pérdida y tendría un enorme impacto en las cuentas públicas, disparando el déficit y engordando aún más la deuda pública.
Sin embargo, los escándalos del gasto militar español no acaban aquí. Hay otra partida presupuestaria militar como mínimo engañosa. Se trata del coste de las operaciones militares en el exterior. España, dentro de su estrategia de querer ser considerada una potencia mundial, tiene cada vez más presencia militar en todo el mundo. Sus compromisos militares con la OTAN, y otros aliados europeos, hacen que año tras año, de manera constante, haya unos 3.000 militares en lejanas montañas y mares, defendiendo los intereses españoles o los de sus aliados. Por poner un ejemplo, no es difícil identificar que los intereses en Somalia son económicos. La pregunta en este caso es si las fuerzas armadas, públicas, deben estar al servicio el negocio de los atuneros. Qué decir de las invasiones de países con grandes riquezas en hidrocarburos, de las que evidentemente las grandes transnacionales del petróleo y el gas contaban con beneficiarse. Estas misiones cuestan cada año unos 700 millones de euros, pero el Ministerio de Defensa se prevé cada año en el presupuesto militar 14,36 millones. ¿Por qué existe año tras año esta enorme diferencia entre el gasto inicial y el realmente liquidado? Es verdad que algunas de las operaciones no son previsibles, pero eso no quita que sea posible hacer una previsión más realista. Aquí hay otro engaño en el presupuesto de Defensa, otra ocultación de gastos para reducir el impacto en la opinión pública del enorme gasto militar. De hecho, el gasto militar real ha sido reducido desde el inicio de la crisis en un 18%, cuando las reducciones en otros ministerios han sido del 22,5% en educación, 38% en fomento del trabajo, 38% en cultura o 58% en infraestructuras.
Lo peor de todo es que este gasto militar, siguiendo los pasos del ciclo armamentista, hace que las armas estén en manos de militares dispuestos a utilizarlas siguiendo el orden de su superior. La guerra necesita de toda esta preparación, y cuanta más preparación haya, más fácil será optar por la guerra. La guerra empieza aquí, con el presupuesto militar.
Artículo publicado en La Directa
