El VIII Informe FOESSA constata que la exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada

Hoy en día, el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis).

Fuente: Caritas valencia

Cáritas. 12 de junio de 2019.-El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España [DESCARGAR] que se ha presentado hoy en Madrid es, en palabras deGuillermo Fernández, coordinador de la investigación, “un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis”.

Los resultados del Informe confirman –como señalaRaúl Flores, secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA)— “una situación que aunque mejora claramente respecto al 2013, que no alcanza los estándares de 2007 y que, si bien nos sitúa en una época nueva, sigue anclado en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión”.

Este VIII Informe ha sido puesto a punto un equipo de investigación formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el apoyo de más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más de 139.000 puertas de 17 Comunidades Autónomas, recogiendo la información de 29.000 personas de 11.600 hogares, donde se han sentado durante más de una hora para conocer a fondo su situación.

¿Qué está sucediendo en nuestro país?

La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA es que la exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país.

Hoy en día, el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”.

Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable que acumulan tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.

Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna.

La investigación trae, sin embargo, una buena noticia, que está protagonizada por esa sociedad integrada que representan aquellas personas que no tienen dificultades para su supervivencia, que llevan una vida digna en términos materiales y que se ha recuperado a los mismos niveles de antes de la Gran Recesión. Son el 48,4% de la población.

Se detecta, sin embargo, una novedad. Dentro de esta sociedad integrada se está produciendo una reconfiguración en dos grandes sectores: un primer grupo, que es el mayoritario, denominado la sociedad de las oportunidades, que integra a dos tercios de la población de España; y un segundo grupo, que conforma lo que hemos llamado la sociedad insegura y en la que estarían unos 6 millones de personas.

Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja. Está en la antesala de la exclusión. E intuye que ante una eventual acudida, en una nueva crisis, su sostén económico se quebrará. Le indigna que la sociedad segura se desentienda del resto y coja más impulso hasta desconectarse. Son los que votan salir, los que quieren sentir que aún tienen el poder de interrumpir la dinámica de la sociedad de los seguros y de impedir la entrada de foráneos.

Los que se encuentran en la sociedad de las oportunidades, en cambio, están en una situación acomodada, creen tener la razón en sus ideas y en sus prácticas cotidianas. Consumen en exceso, apenas sin conciencia y tienen capacidad para que se pongan sus necesidades en la agenda política. Muestran cierta fatiga de la solidaridad. En realidad, los acomodados no practican la empatía, pues suelen echar en cara, a los excluidos, su desafección y su responsabilidad por estar en esa situación y, a los inseguros, que manifiesten su malestar de forma airada.

Tres bloques de riesgos sociales

En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la sociedad insegura y a la sociedad estancada.

1. La pérdida de calidad de nuestra democracia.

Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo, y se reduzca a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias. Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.

Esto provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social.

2. La desigualdad en sus diferentes dimensiones.

En primer lugar, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.

– En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%.

– Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.

– El 11% de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma.

En segundo lugar, el desempleo. A pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, lo que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos, y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos.

La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es, además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad.

– El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social.

– Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días.

– El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año).

– Aunque se ha conseguido reducir la exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población se encuentran en situación de exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión social, serían 1 de cada 2.

– El 20% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año.

Una característica que nos diferencia de otros países de nuestro entorno y de un tamaño y desarrollo similar es que en la exclusión social en España va de la mano la mezcla de baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.

En tercer lugar, las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.

– El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.

– El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.

– La Encuesta FOESSA constata que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias: esta es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa marca no para de crecer.

En cuarto lugar, las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.

– Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.

– Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología).

– Los hogares sustentados por mujeres tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.

– Soportan, además, mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda, mayores cambios de residencia, mayores estrategias de tener que compartir casa con gente que no conocen, o tener que alquilar una habitación a otros, o mayores retornos a la casa paterna.

Por último, están los riesgos frente a la salud.

– La exclusión social y no la pobreza monetaria tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30% de ellas se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.

– El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

– El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.

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