Fuente: http://omal.info/spip.php?article8465
Erika González (Madrid, 1977) viene de participar en los debates de la tercera sesión del grupo intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Forma parte del Observatorio de Multinacionales en América Latina, un grupo de media docena de investigadores que trabajan desde Madrid y Bilbao en campañas internacionales para poner freno al poder corporativo. El observatorio, dice, sigue la trayectoria de multinacionales españolas, en particular las de BBVA, Banco Santander, Telefónica, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Repsol, así como otras compañías del Ibex-35. Está documentando las prácticas, las corruptelas y demás impactos sobre las poblaciones de América Latina del nuevo colonialismo.
“Estas siete multinacionales, BBVA, Bando de Santander, Telefónica, Endesa –ahora en manos italianas–, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Repsol, representan el 80% de la inversión española en el mundo. Lo que hacemos es investigar las herramientas que usan estas empresas para incrementar su poder y su centralidad en el sistema socioeconómico vigente, y qué impactos causan”, cuenta Erika González horas antes de la conferencia de anoche dentro del ciclo de Cooperación Expandida en A Coruña.
¿Qué impactos causan?
En general, violaciones de derechos humanos e impactos medio ambientales.
Antes de entrar en América Latina, esas empresas se hicieron grandes en el Estado, ¿habéis investigado también esa parte de su historia?
A principios de este siglo, colectivos y asociaciones con las que trabajábamos en países de América Latina empezaron a denunciar problemas en los servicios eléctricos, en telecomunicaciones y también en finanzas causados por empresas españolas. Entonces nos preguntamos qué estaba pasando… y había que empezar por el principio, por cómo se había creado esas multinacionales. Lo que podemos decir es que el proceso siguió el mismo patrón que en otros países. Primero hubo un proceso de concentración empresarial, y después llegó la liberación de sectores y las privatizaciones de las grandes empresas públicas. En paralelo se fue desregularizando la actividad económica. Aquí pasó en el sector eléctrico, en los hidrocarburos, en las telecomunicaciones y también en la banca, recuerda Argentaria… Estos grandes conglomerados dispusieron además de créditos importantes. Todo esto sucedió durante los años noventa al amparo de tratados como el de Maastricht [1992]. Y por esos años en América Latina se aplicaba el consenso de Washington para el pago de la deuda. La fórmula era la misma: liberalización, desregulación, privatizaciones… Eso permitió que las incipientes multinacionales españolas, que no podían todavía competir en Europa, miraran hacia América Latina. Allí se estaban creando las condiciones para poder extraer recursos y expatriar los beneficios, tenían ventajas fiscales, facilidades para comprar empresas estatales a precios muy baratos.
¿Cómo empezaron?
La primera entrada fue la de Endesa en Enersis en 1997. Enersis era una eléctrica chilena con negocios ya en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Perú… dos años después Endesa pasó a controlar la compañía. La adquisición más simbólica fue la de YPF, la gran empresa pública de hidrocarburos argentina, por Repsol en 1999. Antes de la compra, el gobierno argentino emprendió una profunda reestructuración laboral y el saneamiento de la empresa. El proceso de venta también fue polémico y el gabinete de Menem quedó señalado por su preferencia hacia Repsol. No fue una licitación abierta. El gobierno argentino tuvo presiones diplomáticas, incluso monárquicas, desde España.
¿El Estado y la Casa Real son instrumentos de esa expansión?
Uno de los instrumentos de la expansión de las empresas españolas ha sido la corrupción, y la corrupción tanto allí como aquí. En este sentido, habría responsabilidades compartidas entre los aparatos estatales del país de origen y del destino así como de las propias empresas. En cuanto al apoyo de España… bueno, es una cuestión histórica, las instituciones del Estado, la Casa Real incluida, vienen acompañando a los negocios, no sólo ahora en la expansión de las multinacionales. Es una política de Estado. Y lo han hecho tanto los gobiernos socialistas como los populares. La acción exterior española ha tenido como prioridad absoluta la defensa de los intereses de las grandes transnacionales españolas.
Pero no son empresas públicas…
No lo son. Pero esa es la prioridad absoluta: abrir mercado a estas empresas. Y lo vemos en cualquier misión diplomática, con el monarca incluido, junto a directivos de las compañías del Ibex-35. Y la acción exterior es decidida en este sentido y también cuando se trata de defender los intereses de estas transnacionales delante de los gobiernos de aquellos países. La maquinaria se puso a funcionar para apoyar a Gas Natural Fenosa en Nicaragua, a Iberdrola cuando Bolivia nacionalizó las empresas de allí, a Repsol cuando Argentina empezó el proceso para recuperar YPF…
¿Y qué dice la opinión pública española de vuestra crítica a este uso de las instituciones?
Pues se ha instalado el discurso de que lo que es bueno para estas empresas es bueno para la población. Estamos trabajando también para romper esa identificación que se hace por parte de los medios de comunicación de que los intereses de las multinacionales y del gobierno son los intereses de la población. Los intereses de estas transnacionales son los de sus propietarios. Mira, en 2014 Telefónica destinó el 70% de sus beneficios a retribuir a sus accionistas, no a la mejora de las condiciones laborales de sus empleados, por ejemplo. En el caso de Gas Natural Fenosa fue el 60%. Nosotros estamos identificando a los que pierden, pero también a los que salen ganando. Y, ojo, ya sabemos que el 40% de los ministros de la democracia utilizaron las puertas giratorias.
¿Qué impactos sobre las poblaciones de América Latina han causado las prácticas de las multinacionales españolas?
Son muy numerosos, pero intentaré simplificar la explicación con algunos ejemplos. Si hablamos de las eléctricas, llegaron a tener el monopolio de la distribución a grandes territorios en países como Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Panamá, Colombia, entre otros. La necesidad de recuperar cuanto antes sus inversiones hicieron que se aumentaran las tarifas, que se degradaran las redes por falta de inversión en el mantenimiento y finalmente que fallara el servicio, impidiendo además el bombeo de agua. Afectaron a los pobres y a los servicios públicos. Si hablamos de las empresas de hidrocarburos, hubo una actividad de extracción agresiva a costa de las poblaciones y los territorios. En los países más desregulados y sin instituciones de control fuerte, hicieron lo que quisieron a nivel ambiental y desplazando poblaciones. Pasó en Perú, en Bolivia, en Ecuador… en Argentina en 2005 los mapuches presentaron una demanda por la contaminación del agua que estaba causando enfermedades entre la gente. La respuesta de las empresas y los gobiernos ante la resistencia de la gente fue, o bien, negociar y llegar a acuerdos de compensación, o bien, la represión directa incluso a través de fuerzas de seguridad privada. Y si nos referimos a los impactos de las empresas de comunicaciones y banca, pues estos vinieron fundamentalmente por los ajustes de personal, los despidos y las posteriores subcontratas, al tiempo que trataban de desarticular las organizaciones sindicales. En el caso de la banca, además, se están estudiando los efectos de las políticas de microcrédito, que han tenido como resultado atraer hacia el sistema de financiación a parte de la población más pobre y endeudarla.
¿Qué iban buscando las multinacionales: recursos energéticos o mercados?
Lo fundamental eran los mercados, llegar a controlar determinados servicios prácticamente en régimen de monopolio o, si no, en oligopolios. Controlaban el mercado eléctrico o el de las telecomunicaciones en muchos países de América Latina. Repsol fue buscando recursos energéticos, pero también consolidar sus reservas de petróleo con la compra de YPF para figurar entre las grandes compañías del mundo. Ahora lleva tiempo intentando compensar la pérdida.
A partir del triunfo de Chávez en Venezuela y después de otros en otros países, la relación de aquellos gobiernos con las multinacionales empieza a cambiar.
Sí, muchos de esos gobiernos venía aupados por poblaciones que denunciaban los impactos que estaban causando las multinacionales. A principios de siglo empezaron a aumentarse los controles. Chávez, Morales, Correa o Kirchner introdujeron medidas que contrariaban los intereses de las empresas transnacionales.
¿Dónde buscan negocio hoy las transnacionales españolas?
Digamos que América Latina fue el primer paso hacia su internacionalización y crecimiento. Allí consiguieron hacerse fuertes. Ahora compiten también en otros mercados. Fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Mira Iberdrola, que ya no presenta resultados ni en Bilbao ni en Madrid. Se va a Londres y dice que ya es más internacional que española.
Para salvar problemas con los Estados las multinacionales pretenden ahora contar con herramientas jurídicas internacionales para presionar a los gobiernos, como el TTIP o el CETA…
Antes del TTIP y del CETA, también el TISA, un acuerdo para la liberalización de servicios, que están en negociación, y sí, son una amenaza para los pueblos, tenemos que hablar de otras herramientas que ya funcionan…
¿Cuáles?
España, por ejemplo, firma acuerdos de promoción y protección de inversiones recíprocas, son acuerdos bilaterales, pero su sentido es blindar los intereses de las compañías españolas en aquellos países… simplemente porque no hay grandes multinacionales en esos países que pudieran beneficiarse de esos acuerdos en España, no tienen nada que proteger aquí. Esos acuerdos incluyen cláusulas que permiten a las empresas llevar a los gobiernos ante los Tribunales Internacionales de Arbitraje, que son otro instrumento. La Unión Europea lleva tiempo firmando acuerdos bilaterales con Colombia, Perú, Ecuador, México o el Mercosur… Lo que se está creando, y ahí entran las piezas del CETA, el TTIP y lo que viene, es una armadura jurídica de la impunidad, una estructura que blinda los intereses de las grandes empresas en todas partes. Hay mecanismos que generan mucha preocupación entre los que ahora se incorporan al CETA o al TTIP que ya están funcionando merced a otros acuerdos.
¿Cuáles son los que más preocupan?
Pues los Tribunales de Arbitraje por los que cualquier empresa transnacional puede demandar a un Estado. Estos tribunales dan mucha fortaleza a esa armadura, hacen que toda esa producción normativa, hay más de tres mil tratados internacionales, resulte muy coercitiva porque sabemos que hay un tribunal que la va a hacer cumplir. Y también se camina hacia lo que se llama convergencia reguladora… Pondré un ejemplo, si la normativa laboral de uno de los socios, digamos Estados Unidos, es mucho más flexible que la europea, pues la normativa europea se adapta, a la baja, a la estadounidense; en el caso de las finanzas, pues si Europa es más flexible, las normas que tienen que adaptarse son las estadounidenses.
En realidad, es una “desregulación”…
Lo es. Claramente. Pero hay más eufemismos… en el CETA está lo que se llama la cooperación reguladora. Esto en realidad es que las multinacionales puedan coescribir las leyes con el legislador. Se legalizan prácticas poco éticas…
Pero, ¿no es ese el papel de los lobbies?
Hasta ahora quien escribe las leyes es el legislador en cada Estado. Es evidente que las grandes empresas tienen una capacidad de influencia enorme. Usan los lobbies o las puertas giratorias… Pero ahora lo que figura en ese tratado es que una empresa puede sentarse directamente a escribir una ley junto con el gobierno. Legaliza una práctica que no lo estaba.
El CETA ya ha sido aprobado en las cámaras españolas y parece que no ha recibido mucha contestación.
Pasó por el Congreso, y pasó luego por el Senado. El día que fue aprobado por el Senado fue el mismo día que se aprobó el 155…