Fuente: https://www.elindependiente.com/
Al menos 46 personas muertas y 24 heridas. Son las víctimas del ataque aéreo saudí al norte de la capital de Yemen el miércoles 23 de agosto, en un conflicto “olvidado” que se ha cobrado más de 10.000 víctimas mortales y causado lesiones a más de 46.000 personas, según la ONU.
Desde 2015, España ha vendido armas a Arabia Saudí, incluidas granadas de mortero, por valor de casi 1.000 millones de euros, pese al riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de guerra en Yemen donde, desde marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad población civil, mercados, escuelas, mezquitas, funerales, fábricas y hospitales, en un conflicto en el que tanto la coalición saudí como los rebeldes huzíes ignoran impunemente las leyes de la guerra.
Los 5.676 bombardeos registrados por ACNUR en el primer semestre de 2017 triplican la cifra total de 2016. La “lluvia de bombas” fabricadas en EEUU, Reino Unido y Brasil se ve agravada por el bloqueo naval y aéreo impuesto por la coalición saudí, que dificulta el acceso a la ayuda humanitaria, una epidemia de cólera que afecta ya a casi medio millón de personas y se ha cobrado casi 2.000 vidas, y el riesgo de hambruna en un país que antes del conflicto ya era uno de los más empobrecidos del mundo.
Arabia Saudí es el segundo importador mundial de armas. Su historial de uso de las armas se resume en atrocidades y desvíos
Arabia Saudí es el segundo importador mundial de armas. Su historial de uso de las armas se resume en atrocidades y desvíos. En 2010 utilizó armas para reprimir un levantamiento en Bahréin y en bombardeos en Yemen que causaron la muerte de un gran número de civiles y una enorme destrucción de propiedades. Desde 2015, la coalición saudí ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen. También desvió, junto a Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, armas por valor de 1.200 millones de euros a grupos armados en Siria y Yemen. Y las usa en la represión interna: en julio de 2017 al menos cinco personas murieron en la provincia saudí oriental de Qatif, en una operación en la que se habrían utilizado vehículos blindados canadienses.
Estos días se ha reabierto el debate sobre la política exterior y comercial española con países como Arabia Saudí y la venta de armas españolas. Más allá del dilema moral de las relaciones comerciales con un país que viola los derechos humanos de forma flagrante, las ventas de armas a Arabia Saudí son operaciones ilegales. No sólo violan el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas si, en el momento de la autorización, el Estado exportador sabe que podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra, sino también la Ley española sobre comercio de armas, que establece que no se autorizará la venta de armas cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en situaciones de violación de derechos humanos.
La respuesta del Gobierno español ha sido recortar la ayuda humanitaria y, según datos del SIPRI, convertirse en el tercer exportador mundial de armas a este país entre 2013-2015, tras EEUU y Reino Unido. Autoriza frívola, inconsciente, inmoral e ilegalmente la exportación de armas Marca España a Arabia Saudí. Afirma que son para uso solo en Arabia Saudí, lo que significa confiar ciegamente en la palabra de “nuestro país amigo”, pues no comprueba cómo se usan sobre el terreno. Sencillamente vende armas, confía en la palabra del Gobierno comprador y mira para otro lado. “Claro, si ya no podemos ni fiarnos de la palabra de otro gobierno….”, dicen algunos. “Si no lo vendemos nosotros, lo harán los demás”, dicen otros. Pues no, depende de la catadura moral y el respeto al derecho internacional de cada gobierno. Suecia, Alemania, Países Bajos o la región belga de Valonia ya están denegando exportaciones de armas a Arabia Saudí. España sigue al pie del cañón.
María del Pozo, Sara del Río, Jordi Armadans, Paula San Pedro y Alberto Estévez son responsables y coordinador de la campaña Armas Bajo Control en Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam Intermón