Durante este largo periodo, la entonces petrolera Texaco (comprada posteriormente por Chevron)extrajo petróleo del subsuelo de la selva amazónica de Ecuadordejando diseminadas 880 balsas y pozos llenos de restos de hidrocarburos, contaminando ríos, arroyos y acuíferos. Los oleoductos construidos para llevar el crudo hasta la costa del Pacífico sufrieron derrames. Como consecuencia, las fuentes de suministro de agua potable de la región, así como la caza y la pesca, fueroncontaminadas por hidrocarburos. Hoy en día decenas de miles de afectados siguen sufriendo los graves efectos de esta contaminación sobre la salud. Lafrecuencia del cánceren la zonaes 130% superioral resto de Ecuador. Las 30.000 personas afectadas en diversas provincias demandaron a la petrolera.
Texaco huyó de Ecuador dejando una enorme factura ambiental y social. Y posteriormente fue comprada por Chevron. La nueva empresa, cuando vio que la justicia ecuatoriana allanaba el camino hacia la reparación de las víctimas,demandó al Estado ecuatoriano ante el Tribunal Internacional de La Hayautilizando el Mecanismo de Solución de Controversias de los Inversionistas Estatales (ISDS). Para más inri, la petrolera pidió una compensación económica y solicitó que el panel de arbitraje interfiriera en el sistema de justicia ecuatoriano.
Chevron sale impune… De momento
Tras casi 25 años de batallas judiciales, el pasado mes de julio de 2018, la Corte Constitucional de Ecuador ratificó que Chevron debía pagar9.500 millones de dólares americanos como reparación de daños ambientales. Con este fallo, sin posibilidad de recurso, se ratificaba la decisión que obligaba a Chevron a reparar el daño causado.
Pero Chevron apeló al tratado bilateral de protección de inversionesque entró en vigor en 1997 firmado entre Estados Unidos y Ecuador. Así, fuera de los tribunales ordinarios de Ecuador, un panel privado de arbitraje emitió en agosto de 2018 un laudo favorable a Chevron contra el Estado ecuatoriano. La sentencia no se podía ejecutar fuera del país. Chevron conseguía la impunidad a sus crímenes… De momento.
De momento, Goliat gana a David. A pesar de que la sentencia fue ratificada en todos los niveles del sistema judicial ecuatoriano, no puede aplicarse debido a un acuerdo bilateral de protección de inversiones. De triunfar esta decisión, se estableceríaun precedente peligroso a nivel internacionalque podría dar alas a los tribunales de arbitraje, colocándolos por encima del sistema jurídico y la soberanía de los Estados, socavando las bases legales del Estado de derecho.
Un problema estructural
El caso Chevron ilustra muy bien el poder de las grandes corporaciones, la injusticia de los tribunales de arbitraje y la falta de instrumentos jurídicos internacionales que obliguen a las grandes empresas a asumir las consecuencias ambientales y sociales de sus operaciones y reparar el daño causado. Algo que desde Greenpeace ya denunciamos en 2009 en el informe“Los nuevos Conquistadores”y en 2018 en el informe“Justicia para las personas y el planeta”.
Desde hace mucho tiempo sabemos que estamos combatiendoun problema estructural, sistémico, que hunde sus raíces en el modelo económico y en la falta de un marco legal que obligue a las empresas a asumir sus responsabilidades por el daño causado y les obligue a reparar a las víctimas. Las graves carencias legales o la falta de aplicación de la legislación existente, los dobles estándares (hago en otro país lo que la ley no me permite hacer en el mío), la existencia de paraísos fiscales o la facilidad para evadir el pago de impuestos, los acuerdos comerciales y de inversión, etc. son algunos de los elementos que ha ido tejiendo esta arquitectura de la impunidad corporativa.
Por este motivo, en este día, denunciamos junto con cientos de organizaciones de la sociedad civilla impunidad de las grandes corporacionesy la necesidad de un instrumento jurídico vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos bajo el auspicio de Naciones Unidas.
Chevron es una prueba irrefutable de las enormes lagunas de la arquitectura jurídica internacional, que defiende las inversiones de las empresas a través de tribunales privados, garantizando así laimpunidad de las transnacionales en todo el mundo.
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