Atrapados por el desarrollo: Especial sobre desplazados

En Kenia, Nigeria, Perú, Brasil, India.. En algunos casos, y por todo el planeta, los proyectos del Banco Mundial para mitigar la pobreza han perjudicado a millones de aquellos a los que debían ayudar: a los más desfavorecidos.
Una historia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

FUENTE: Planeta Futuro de El País (SASHA CHAVKIN, BEN HALLMAN, MICHAEL HUDSON, CÉCILE SCHILIS-GALLEGO Y SHANE SHIFFLETT Washington)

FOTO PORTADA:SAMI SIVA

Bajo un lúgubre cielo blanco más de 100 policías armados se presentaron en el barrio de chabolas de Badia East, en la abarrotada megalópolis de Lagos (Nigeria). A su paso iban haciendo restallar las porras en las calles sin pavimentar y contra los muros destartalados de las chabolas: “Si apreciáis vuestra vida, ¡marchaos!”, gritaban. Miles de personas cogieron las pertenencias que podían cargar y huyeron. Detrás de ellos entró una fila de excavadoras descomunales que usaron sus garras hidráulicas para aplastar y hacer pedazos las viviendas. Al cabo de pocas horas, la barriada era una ruina.

En medio del caos Bimbo Omowole Osobe perdió de vista por un momento a sus hijos. Unas horas después, cuando volvió al barrio, su casa de bloques de hormigón y sus dos pequeñas tiendas habían desaparecido. “Es una sensación parecida a la que debe tener una mujer cuando está pariendo y su bebé nace muerto. Así fue como me sentí”, recuerda.

El Gobierno del Estado de Lagos arrasó Badia East en febrero de 2013 para despejar un terreno urbano cuya renovación estaba financiada por el Banco Mundial (BM) la entidad crediticia global encargada de combatir la pobreza. A las personas sin recursos que residían en el barrio las expulsaron sin previo aviso ni indemnización y quedaron abandonadas a su propia suerte en una ciudad superpoblada y peligrosa.

Se supone que desahucios como el de Badia East no deberían tener cabida en el marco de proyectos respaldados por el Banco Mundial. Durante más de tres décadas esta entidad ha mantenido una serie de políticas de “protección” cuyo objetivo es conseguir un sistema más humano y democrático de desarrollo económico. Los gobiernos a los que presta dinero no pueden obligar a la gente a marcharse de su casa sin previo aviso. Según las propias políticas de reasentamiento del Banco Mundial, a las familias desplazadas para construir presas, centrales eléctricas y otros grandes proyectos hay que reubicarlas y devolverles su medio de vida. El compromiso del banco es, según afirman, “no causar daños” a las personas ni al medio ambiente.

El Banco Mundial ha incumplido su promesa. Durante la última década, ha fracasado en el cumplimiento de sus propias normas una y otra vez, con consecuencias devastadoras para algunas de las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta, según los hallazgos de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), The Huffington Post, El País y la colaboración de otros medios de comunicación.

Ha faltado a menudo a su deber de supervisar adecuadamente y de antemano los proyectos para asegurarse de que las comunidades no quedasen desprotegidas, y con frecuencia no ha sabido nada de lo que les sucede después a los expulsados. En muchos casos, el BM ha seguido colaborando con gobiernos que han abusado de sus ciudadanos, con lo que ha dado a entender que los beneficiarios de sus préstamos tienen poco de lo que preocuparse tras infringir las políticas de reasentamiento del banco, según afirman algunos empleados y exempleados de la entidad. “Era frecuente que los gobiernos no tuviesen ninguna intención de cumplir las normas (ni los gestores del BM de que éstas se cumpliesen)”, asegura Navin Rai, exfuncionario que supervisó la protección ofrecida por la institución a las poblaciones indígenas entre 2000 y 2012. “Así funcionaban las cosas”.

En marzo, después de que el ICIJ y The Huffington Post informasen a los funcionarios del Banco Mundial de que se habían encontrado “lagunas generalizadas” en la protección de la institución a las familias desplazadas, el banco admitió que la supervisión era deficiente y prometió reformas. “Hemos analizado exhaustivamente nuestra labor en lo concerniente a los reasentamientos, y lo que hemos descubierto me ha consternado”, declaró Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, en un comunicado.

El alcance de los “reasentamientos involuntarios”, como los denomina el propio BM, es enorme. Desde 2004, sus proyectos han desplazado física o económicamente a unos 3,4 millones de personas, al obligarlas a irse de sus casas, apropiarse de sus tierras y afectar negativamente a su modo de vida, según revela el análisis de los documentos del Banco Mundial llevado a cabo por el ICIJ. Es probable que la cifra real sea mayor, porque la entidad falla en el recuento, o infravalora, el número de personas que se ven afectadas por sus proyectos.

Un equipo de más de 50 periodistas de 21 países se ha pasado casi un año documentando la incapacidad del banco para proteger a la gente desplazada en nombre del progreso. Los colaboradores del consorcio han analizado miles de documentos del Banco Mundial, han entrevistado a cientos de personas y han elaborado información sobe el terreno en Albania, Brasil, Etiopía, Honduras, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Kosovo, Nigeria, Perú, Serbia, Sudán del Sur y Uganda.

En estos países y en otros, según los hallazgos de la investigación, los fallos del BM han perjudicado a chabolistas urbanos, agricultores que viven en la miseria, pescadores empobrecidos, habitantes de la selva y grupos indígenas (al obligarles a luchar por sus casas, sus tierras y su modo de vida, a veces enfrentándose a la intimidación y la violencia).

Entre 2004 y 2013, el Banco Mundial y su filial crediticia privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), se han comprometido a prestar 455.000 millones de dólares para financiar casi 7.200 proyectos en países en vías de desarrollo.

Durante ese mismo periodo, las personas afectadas por las inversiones del Banco Mundial y la IFC han presentado multitud de quejas ante los comités de supervisión interna de las entidades crediticias, alegando que dichas entidades y los beneficiarios de sus préstamos no habían respetado las políticas de reasentamiento del Banco Mundial y la IFC.

El ombudsman del Banco Mundial, el Comité de Inspección, afirmó en Lagos que la Administración “se quedó corta en la protección de las poblaciones más pobres y vulnerables frente a los desahucios violentos”. Los responsables deberían haber prestado más atención a lo que sucedía en Badia East, sugirió el Comité, dado el extendo historial de las autoridades de Lagos a la hora de arrasar los barrios de chabolas y obligar a sus ocupantes a irse de sus casas. Un año después de los desahucios, el BM prestó a las autoridades de Lagos 200 millones de dólares para respaldar el presupuesto del Gobierno estatal. El BM declaró “no haber participado en la demolición” y haber recomendado al Gobierno de Lagos que negociase con los desplazados, con lo que se habría compensado a la mayoría de los que afirmaban haberse visto perjudicados.

Los casos en los que ha habido desahucios son los que más han llamado la atención, pero las dificultades que con más frecuencia padecen quienes viven en lugares en los que aterrizan algunos proyectos del BM tienen que ver con la pérdida de sus medios de vida o la disminución de sus ingresos.

En la costa noroeste de India, los miembros de una comunidad musulmana tradicionalmente oprimida afirman que el agua caliente que sale a borbotones de una central eléctrica cercana que funciona con carbón ha reducido el número de peces y langostas del golfo, antes fértil, en el que pescan para ganarse la vida. La IFC prestó a Tata Power, una de las empresas más grandes de India, 450 millones de dólares para ayudarla a construir la central.

Estados Unidos y otras potencias mundiales crearon el Banco Mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial para fomentar el desarrollo de los países arrasados por la guerra y la pobreza. Los países miembros financian el banco y votan para la aprobación de los aproximadamente 65.000 millones de dólares que la entidad concede cada año en forma de préstamos, subvenciones y otras inversiones. En 2014, el banco financió proyectos tan variados como la formación de criadores de pollos en Senegal y la reforma de las redes de alcantarillado de Cisjordania y la franja de Gaza.

Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, señalaba en marzo que la demanda de inversión en infraestructuras por parte de las regiones con dificultades, tales como suministro de agua potable, electricidad, asistencia médica y otras necesidades vitales, se traducirá en un futuro próximo en la financiación de un número mayor de grandes proyectos y, como consecuencia, desplazamientos o alteración de modos de vida.

El organismo también ha presentado un plan de acción de cinco páginas y media que, según afirma, mejorará la supervisión de los reasentamientos de las poblaciones afectadas por sus proyectos. “Debemos hacer las cosas mejor y lo haremos”, afirmó David Theis, un portavoz del BM, en respuesta a las preguntas de un equipo de periodistas. Pero al mismo tiempo que prometía reformar de inmediato los procedimientos, proponía cambios radicales en las políticas que subyacen tras ellos. En estos momentos, el BM está reescribiendo su política de protección, la que determinará su trayectoria durante las próximas décadas.

Algunos funcionarios y exfuncionarios del Banco Mundial (que no desean ser identificados) advierten de que las revisiones propuestas debilitarán aún más el compromiso de la institución de proteger a las personas para cuyo servicio fue creada. En su opinión, el último borrador de la nueva política del BM publicado el pasado julio, daría más margen a los Gobiernos para hacer caso omiso de las normas a la hora de decidir si la población local necesita o no protección.

“Me entristece ver cómo las políticas pioneras del Banco Mundial están siendo desmanteladas y degradadas”, razona Michael Cernea, que en su día fue el primer sociólogo contratado por el Banco Mundial para apoyar a las poblaciones desplazadas. El exfuncionario supervisó durante casi dos décadas la protección a las poblaciones reubicadas. “Los más pobres, vulnerables y menos poderosos pagarán el precio”. Por su parte, el BM dice que ha escuchado todas las propuestas y publicará un borrador revisado con “las protecciones sociales y medioambientales más estrictas y avanzadas”.

Mina de oro en Yanacocha, al norte de Perú. Construida hace dos décadas, la instalación contamina el agua y afecta a las plantaciones y salud de los agricultores de la zona y sus familias. / BEN HALLMAN / THE HUFFINGTON POST

Mina de oro en Yanacocha, al norte de Perú. Construida hace dos décadas, la instalación contamina el agua y afecta a las plantaciones y salud de los agricultores de la zona y sus familias. / BEN HALLMAN / THE HUFFINGTON POST

Una historia agitada

Un desastre causado por el hombre ocurrido en el este de Brasil a finales de la década de 1970 contribuyó a que el Banco Mundial adoptase las primeras medidas sistemáticas para proteger a quienes vivían el impacto de grandes obras.

La crecida de la presa de Sobradinho, construida con fondos del Banco Mundial, obligó a más de 60.000 personas a salir de sus casas. Su reubicación fue caótica y estuvo mal organizada. Algunas familias huyeron de sus aldeas cuando el agua empezó a inundar sus casas y campos de cultivo, y dejaron atrás sus rebaños que acabaron ahogados.

El desastre dio un poderoso argumento a Michael Cernea para convencer al BM de que aprobase las primeras medidas sistemáticas de protección de las poblaciones afectadas. El sociólogo basó la nueva normativa, aprobada en 1980, en una premisa básica: la gente que pierde su tierra, su hogar o su trabajo debe recibir la ayuda necesaria para recuperar, o incluso mejorar, su nivel de vida original. Según las normas aprobadas, los Gobiernos que deseen recibir dinero deben elaborar unos planes de reasentamiento detallados para las poblaciones que sean física o económicamente desplazadas.

Los empleados y exempleados del banco sugieren que la aplicación de estas normas se ha visto a menudo socavada por las presiones internas para conseguir proyectos grandes y ostentosos. Muchos gestores, según dicen quienes conocen la institución por dentro, definen el éxito en función del número de acuerdos que financian. A menudo ponen pegas a aquellos requisitos que suponen complicaciones y costes añadidos.

Daniel Gross, antropólogo que trabajó para el Banco Mundial durante dos décadas como asesor, señala que los empleados que velan por la protección de las poblaciones afectadas tienen “un lugar en la mesa” donde se debaten las acciones que debe llevar a cabo la institución. Pero en medio de los esfuerzos por sacarlos adelante, se les suele ignorar e incluso se les presiona para que “cooperen y no den problemas”, añade.

En un estudio interno realizado el año pasado por los auditores del BM, el 77 % de los empleados responsables de la salvaguarda y protección afirmaba que los directivos “no valoraban” su trabajo. El banco publicó el estudio en marzo, al mismo tiempo que admitía no haber supervisado bien su política de reubicación. “La protección de las poblaciones autóctonas carece de importancia para los directivos”, afirmaba un empleado entrevistado para el estudio.

No hay consuelo

En 2007, los habitantes de Jale, una diminuta aldea de la costa albanesa situada junto al mar Jónico, se encontraron con que en sus vidas se cruzaba un plan de limpieza costera financiado con un préstamo del Banco Mundial de 17,5 millones de dólares. En Jale vivía más de una docena de familias pobres, muchas vivían de alquilar habitaciones y plantas adicionales de sus casas a los turistas.

Las autoridades albanesas tenían sus propios planes para la zona costera. Les parecía que Jale era un lugar perfecto para construir un gran complejo turístico de lujo. Decidieron usar el proyecto de restauración costera —dirigido por cierto por el yerno de Sali Berisha, entonces Primer Ministro de Albania— como un medio para hacerlo realidad.

Una mañana de abril, antes del amanecer, varias docenas de policías irrumpieron en la comunidad costera y se dirigieron a las construcciones previamente identificadas por las fotos tomadas gracias a estudios aéreos pagados por el Banco Mundial. La policía sacó a los residentes de la cama y los obligó a marcharse de sus casas. Los equipos de demolición echaron abajo viviendas enteras o derribaron las construcciones anexas a las casas que, según el Gobierno, se habían erigido sin los permisos pertinentes.

Sanie Halilaj, una anciana de 74 años, lloraba mientras veía cómo echaban abajo la mitad de la vivienda que había compartido con su marido durante más de medio siglo. “Cuando pierdes a un ser querido alguien te consuela”, decía la anciana de 74 años en una entrevista reciente. “Pero cuando pierdes tu casa no hay consuelo”.

Los responsables del BM negaron inicialmente que los desahucios tuvieran relación con el proyecto costero financiado por él pero, un año después, el Comité de Inspección de la entidad encontró “vínculos directos” entre su proyecto y las demoliciones. El Comité criticó con dureza al BM por embarcarse en un “intento sistemático” de obstaculizar su investigación dando respuestas que “en ocasiones, contradecían por completo la información sobre los hechos que los directivos conocían desde hacía mucho tiempo”.

Después de que se publicó el informe del Comité en 2008, Robert Zoellick, que por entonces presidía el grupo del Banco Mundial, tachó los actos de “atroces”. Zoellick prometió que, de inmediato, la institución reforzaría “la supervisión, mejoraría los procedimientos y ayudaría a las familias cuyas viviendas habían sido demolidas”. El BM no puede permitir que esta historia “se repita”, aseguró.

Siete años después pocas cosas han cambiado. En Jale, donde los residentes siguen sin haber recibido compensación alguna por lo que perdieron, y en el BM, donde la supervisión sigue siendo lapsa.

En más de la mitad de todos los proyectos analizados en un estudio interno del Banco Mundial de 2012, la institución no fue capaz de determinar si se habían ocupado lo suficiente de las necesidades de los pueblos indígenas o de otras poblaciones vulnerables. Un informe interno de 2014 revelaba que en el 60% de los casos analizados el personal no había documentado lo que le había pasado a las poblaciones que se habían visto obligadas a marcharse de sus casas o sus tierras.

El 70% de los casos recogidos en el informe de 2014 no incluía ninguna información sobre las quejas de la gente que afirmaba haberse visto perjudicada. El texto señalaba que el BM había hecho frente a las protestas mediante “listas de comprobación que existían sobre el papel pero no en la práctica”, según escribieron los supervisores internos. Estas “enormes lagunas en la información” apuntan a “posibles fallos graves del sistema que emplea el BM para controlar los reasentamientos”, afirma el informe. “La incapacidad para confirmar que el reasentamiento ha finalizado de forma satisfactoria supone un riesgo para la reputación del Banco Mundial”.

“Nos han abandonado”

El BM señala que se esfuerza por garantizar que sus prestatarios ayudan realmente a las personas desplazadas por los grandes proyectos. En Laos, afirma, las autoridades construyeron más de 1.300 casas nuevas con electricidad y aseos, 32 colegios y dos centros de salud para miles de personas obligadas a trasladarse por la construcción de un embalse financiado. “Gracias al diseño cuidadoso de los proyectos y a su correcta ejecución, la adquisición de terrenos y el reasentamiento involuntario han dado pie a que la vida de estas personas mejore considerablemente”, aseguraba Theis en una declaración.

Sin embargo, en una región de Brasil asolada por la sequía, la gente del campo desplazada por la construcción de otro embalse financiado por el Banco Mundial declara que su vida no ha mejorado. Un total de 35 familias vive en un pueblo de reasentamiento construido por el gobierno llamado Gameleira tras haberse visto obligados a abandonar sus casas por la construcción de la presa y el embalse, situadas junto al río Mundaú.

En sus antiguas casas, podían sacar agua de los pozos y del propio río, pero el nuevo pueblo de reasentamiento no tiene ninguna fuente de agua dulce. Un informe del Banco Mundial reconocía un retraso en el suministro de agua al nuevo asentamiento, pero afirmaba que los problemas estarían resueltos a finales de 2012.

Los aldeanos dicen que no es verdad. Cuatro años después de haber sido obligados a trasladarse, siguen esperando a que las autoridades locales cumplan su promesa de construir un pequeño acueducto que lleve agua desde el nuevo embalse hasta el pueblo de reasentamiento. Mientras tanto, el agua del embalse sí llega en abundancia a las zonas urbanas.

En la aldea hay un pozo que contiene agua salada y, gracias a un equipo de desalinización, cada familia tiene un límite de 36 litros de agua diarios. Las familias complementan el suministro comprando agua a los proveedores comerciales, y a veces pueden invertir en ello la tercera parte de sus ingresos. Estas compras les proporcionan el agua suficiente para regar los pequeños sembrados de yuca, frijoles y maíz que emplean para su consumo. Si quieren cultivar especies más comerciales, como el anacardo, deben esperar a que llueva, cosa que rara vez ocurre.

“Tenemos la sensación de que estamos sufriendo para que la gente de la ciudad tenga agua”, decía Francisco Venílson dos Santos, de 39 años, agricultor y padre de cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. “Nos han abandonado aquí”.

Atajos

En julio de 2012, un dirigente poco convencional asumió la presidencia del Banco Mundial: Jim Yong Kim, un físico coreano-estadounidense reconocido por su lucha contra el sida en África, se convirtió en el primer presidente que por primera vez no provenía de las finanzas ni de la política. Dos décadas antes, Kim había participado en unas protestas en Washington DC, en las que se pidió el cierre definitivo del Banco Mundial por dar más importancia a los indicadores de crecimiento económico que a la ayuda a los pobres.

Los defensores de los Derechos Humanos y los empleados salvaguardas de los principios de BM esperaban que el nombramiento de Kim marcase un cambio de rumbo hacia una mayor protección de la gente afectada por los proyectos. En marzo, Kim afirmó que le preocupaban los “graves problemas” de la supervisión de las políticas de reasentamiento y anunció un plan de acción destinado a otorgar una mayor independencia a los responsables de protección y un 15% más de financiación para la aplicación de dichas medidas. Pero aunque Kim y otros responsables han admitido que hay fallos generales, niegan una y otra vez que el BM sea parcialmente responsable de los desahucios violentos o injustos perpetrados por los prestatarios.

En Etiopía, el Comité de Inspección del Banco Mundial detectó que había infringido sus propias normas al no reconocer un “vínculo operativo” entre un proyecto sanitario y educativo financiado por la institución y una campaña de reubicación masiva llevada a cabo por el Gobierno de Etiopía. En 2011, los soldados encargados de los desalojos dispararon contra varios aldeanos por actos de violencia y agresiones sexuales, y mataron al menos a siete, según un informe de Human Rights Watch y los testimonios de las personas desalojadas recogidos por el ICIJ. La respuesta del director del Banco Mundial fue que aunque “se podría haber hecho más” por ayudar a las comunidades desplazadas, el BM, en última instancia, no era el responsable.

En India, el ombudsman de la IFC ha descubierto que la entidad crediticia incumplió sus políticas al no hacer lo suficiente por proteger a la gran comunidad de pescadores que vivía en las cercanías de la central eléctrica de carbón que la institución financió en el Golfo de Kutch (estado de Guyarat). Con la aprobación de Kim, los directivos de la IFC rechazaron muchos de los hallazgos del ombudsman y defendieron los actos de su cliente empresarial.Tanto en Etiopía como en India, el grupo del Banco Mundial no ha querido obligar a sus clientes a compensar plenamente a las comunidades afectadas.

En respuesta a las quejas por los desahucios de Badia East, en Nigeria, el Banco Mundial recurrió a un atajo que contraviene sus normas. Normalmente, una comunidad que afirma haberse visto perjudicada puede presentar una queja que genera una investigación por parte del Comité de Inspección. Sin embargo, cuando tres habitantes de Badia East presentaron una, los miembros del Comité se negaron a iniciarla. En su lugar, remitieron a los residentes a un nuevo programa piloto destinado a gestionar las disputas. El programa puso a la comunidad en negociaciones directas con el gobierno del Estado de Lagos.

El Comité de Inspección le prometió a Megan Chapman, abogada de una organización local que representaba a los residentes desalojados, que si la comunidad de Badia East no quedaba satisfecha con el resultado, podría exigir una investigación en cualquier momento, según los mensajes electrónicos revisados por el ICIJ. Las negociaciones no llegaron a buen puerto para los residentes desalojados. El gobierno de Lagos insistía en que habían ocupado ilegalmente las casas, aun cuando algunos de ellos llevaban décadas viviendo allí. Le dio un ultimátum al grupo: aceptar una pequeña compensación y renunciar a todos sus derechos legales, o nada.

Chapman cree que la oferta del Gobierno infringe la política de reasentamientos del BM porque no se proporcionó una nueva vivienda a la gente desplazada ni una compensación equivalente a lo que habían perdido. Las compensaciones que las autoridades de Lagos ofrecieron por los grandes edificios demolidos eran un 31% menores que el valor determinado por los propios asesores del Banco Mundial.

“Era como la lucha de David contra Goliath: unas personas tremendamente pequeñas luchando contra un gigante”, dice Chapman. El banco “realmente abandonó a su suerte a unas personas vulnerables”. El ultimátum del Gobierno dividió a la comunidad. El jefe de la organización de Chapman dijo que era la mejor oferta que la gente desalojada iba a conseguir y que estaba satisfecho con el acuerdo. Muchos residentes y sus abogados —incluida Chapman— pusieron objeciones. Pero no había ningún lugar en el que buscar ayuda.

Los mensajes de correo electrónico internos a los que ha tenido acceso el ICIJ indican que, a principios de 2014, la presidenta del Comité de Inspección, Eimi Watanabe, ya estaba haciendo presión para asegurarse de que el Comité no investigase la función que había desempeñado el BM en el caso. Tras enterarse de que el jefe del grupo de Chapman estaba satisfecho con el resultado de las negociaciones, Watanabe instó a su personal a publicar una declaración formal que pusiese fin a toda posibilidad de investigación antes de que el frágil acuerdo se fuese al traste, según muestran los mensajes electrónicos internos obtenidos por ICIJ. “Por favor, publiquen la declaración lo antes posible, antes de que todo se venga abajo”, escribía Watanabe el 6 de febrero de 2014.

En julio de 2014, dos de los tres habitantes que habían presentado la queja le dijeron al Comité que estaban descontentos con el acuerdo y que querían seguir adelante con la investigación. Este se negó a atender la petición y cerró el caso con un comunicado oficial en el que señalaba, a modo de comentario, que el BM no había sido fiel a sus propias normas de reubicación.

Chapman y otros abogados aseguran que la entidad les engañó respecto al funcionamiento del programa piloto, y abandonó a la gente de Badia East. Watanabe tampoco respondió a las preguntas de ICIJ sobre el caso de Lagos.

El BM ha declarado que el Comité de Inspección había cerrado el caso por “los avances realizados y la rápida provisión de una compensación a las personas desplazadas”. La institución tiene previsto ampliar el programa piloto y ya ha aplicado el modelo a un segundo caso en Paraguay.

Un futuro tenso

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