Desde la CME, mantenemos nuestro apoyo a la denuncia de las malas prácticas de la cadena de escuelas de bajo coste Bridge International Academies, que en los últimos años se ha extendido especialmente en África y cuyas acciones repercuten negativamente sobre el acceso y la calidad de la educación, vulnerando los derechos de miles de niños y niñas. Este es el último comunicado suscrito por 88 organizaciones y plataformas, entre ellas la Coalición Española de la CME, en el que se pide a inversores públicos y privados que dejen de financiar a esta empresa.
En unacarta abiertapublicada el 1 de marzo, 88 organizaciones de la sociedad civil instan a los inversores a que retiren su apoyo a Bridge International Academies (BIA), una cadena multinacional de escuelas privadas con ánimo de lucro que gestiona más de 500 centros educativos en Kenia, Liberia, Nigeria, Uganda y la India.
A través de esta carta, las organizaciones tratan de llamar la atención de los inversores sobre las malas prácticas de la cadena BIA y los riesgos legales y de reputación que acarrean. Algunas de estas prácticas son la falta de transparencia, la precariedad de las condiciones laborales y la falta de respeto al estado de derecho en los países en los que opera. BIA recibe inversiones de distintos tipos deentidades, desde conocidos inversores privados como Omidyar Network, Zuckerberg Education Ventures y Bill Gates a organismos públicos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega, Países Bajos y la Unión Europea.
La carta denuncia también que BIA ha actuado de forma contraria a derecho, además de repercutir negativamente en el derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes, tanto en África como en otras regiones del mundo.
En febrero de 2018, tras 18 meses de negociaciones con la empresa, el Ministerio de Educación de Uganda decidiócerrarlas escuelas Bridge que operaban el país porque éstas no cumplían los estándares mínimos tanto educativos como sanitarios y de seguridad, lo cual constituye un ejemplo del nulo respeto de BIA por las legislaciones nacionales.
Según Salima Namusobya, de la Iniciativa por los Derechos Económicos y Sociales en Uganda: “El Gobierno de Uganda ha negociado con Bridge International Academies y le ha dado tiempo para cumplir con la ley. Pero la empresa no cumple con las normas básicas ni con sus propias promesas, y en este momento el Gobierno está cerrando las escuelas ilegales. Sin embargo, la empresa sigue recibiendo el apoyo de inversores extranjeros que no tolerarían una situación así en sus propios países. Los inversores serán cómplices del desastre si no retiran su apoyo”.
Distintasfuentes independienteshan documentado otros problemas que afectan a BIA, como unos costes superiores a los publicitados por la empresa, centros no registrados, la utilización de currículos escolares sin aprobación, el incumplimiento de las obligaciones de certificación del profesorado y los impactos discriminatorios, entre otros.
Asimismo, diversos organismos públicos comoNaciones Unidas, laComisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, elComité sobre Desarrollo Internacionaldel Parlamento del Reino Unido han manifestado preocupaciones concretas con respecto a BIA, por ejemplo en relación a la calidad de la educación que ofrecen, su relación con los Gobiernos, su incumplimiento de las normativas nacionales y el elevado coste de las tasas.
“Bridge Academies llegaron a nuestro país el año pasado como parte de un programa de un Gobierno, con la promesa de mejorar la calidad, pero lo único que han conseguido es mejorar ligeramente los resultados a un coste astronómico, echando al profesorado y expulsando en masa a los niños y niñas. Confiamos en que este nuevo llamamiento y las nuevas pruebas de estas actuaciones hagan que los inversores adopten medidas acordes con sus obligaciones en materia de diligencia debida, y dejen de financiar las operaciones de Bridge”,ha declarado Anderson Miamen, de la Coalición de Transparencia y Rendición de Cuentas en Educación de Liberia.
Las organizaciones firmantesinstan a los inversores a que retiren sus inversiones en BIA en el menor plazo posible, incluyendo las inversiones a través de intermediarios, y que cumplan plenamente con sus responsabilidades y obligaciones de diligencia debida, absteniéndose de contraer nuevos compromisos de financiación con BIA.
“Los inversores privados deben desempeñar un papel en la mejora de las infraestructuras y servicios educativos. No obstante, esto no significa que puedan incumplir nuestras leyes y estándares, ni tratar al profesorado y los padres y madres sin dignidad ni respeto. Es algo que no se toleraría en Occidente, ¿por qué deberíamos hacerlo aquí? Aquellos inversores extranjeros que aporten valor a nuestro país y a sus gentes son bienvenidos, pero los que apoyan a empresas ilegales que socavan el derecho a la educación no lo son”,denuncia Linda Oduor-Noah, del Centro sobre Derechos Humanos de África Oriental, una organización con sede en Kenia.
Esta carta se publica siete meses después delLlamamiento a los inversoresdel 1 de agosto de 2017, en el que se instaba a los inversores a retirar su apoyo a BIA.
