La propaganda del Ministerio del Interior trata de esconder sin éxito la actual regresión en materia de derechos en los CIE, como demuestra el uso de prisiones para la privación de libertad de personas extranjeras, algo absolutamente prohibido por la ley.
El petulante anuncio del Ministerio del Interior no evitará que se reproduzca el ADN de los CIE y la vulneración sistemática de derechos, dado el régimen policial y la ilegitimidad de la privación de libertad de las personas extranjeras.
Las organizaciones sociales convocan movilizaciones para el 30 de Noviembre contra el nuevo centro anunciado en Algeciras, por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
En el día de ayer, 27 de noviembre del 2017, el Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha anunciado la construcción de un nuevo CIE en Algeciras. No es la primera vez en la historia que un anuncio o una inauguración de un CIE sirve como una campaña de lavado de imagen para unas instituciones que son espacios de vulneración de derechos por su mera existencia, que cuentan con el rechazo de la sociedad y de las organizaciones sociales. Así sucedió en 1988 con la inauguración del hotelito como fue denominado el CIE de Moratalaz (un sótano sin ventilación) donde el propio Director fue imputado por torturas. De la misma forma, en 2005 el CIE de Aluche fue considerado un nuevo modelo de CIE que incluso ganó un premio de arquitectura; sin embargo, no se habilitaron baños en las habitaciones hasta que las quejas de los internos y diversas organizaciones sociales dieron lugar a autos judiciales de los Jueces de Control. La vulnerabilidad ha persistido costando la vida a varias personas, como Samba Martine e Idrissa Diallo.
Los años de lucha por el cierre de los CIE han demostrado que frente a la propaganda y las declaraciones oficiales son los hechos y la realidad presente la que debe ser juzgada y la que constituye el verdadero modelo de internamiento. También se ha hecho evidente que en estos momentos existe una gran regresión en materia de derechos y garantías. La semana pasada se conocía con estupor como cerca de 500 personas habían sido trasladadas al centro penitenciario de Archidona, algo prohibido expresamente por la ley de Extranjería. Precisamente esta posibilidad suscitó un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Extranjería de 7/1985 (Sentencia del Tribunal
Constitucional 115/1987, de 7 de julio). No en vano se ha presentando una denuncia ante la fiscalía en el día de ayer denunciando estos hechos. El Ministro del Interior justifica esta regresión apelando a una situación excepcional, como si las garantías de derechos pudieran suspenderse por la voluntad o la incapacidad de los representantes públicos.
Es una realidad que todos los CIE existentes poseen graves problemas en sus instalaciones, que incluso han estado a punto de suponer su cierre al no ajustarse a lo establecido en el Reglamento. Más grave aún que el estado de las instalaciones lo es el hecho de que se esté internando a personas por una mera falta administrativa, como es la estancia irregular.
Diferentes organizaciones, asociaciones (hasta sindicatos policiales) e, incluso, Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos han reclamado en los últimos años el cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros. Por esta razón, el anuncio realizado por el Ministro del Interior supone el derroche de recursos públicos en unas instituciones que cuentan con un gran rechazo social y que son verdaderos agujeros negros del derecho.
La historia ha demostrado que estos petulantes anuncios suelen dar lugar a instituciones que reproducen una y otra vez un mismo patrón: su mera existencia genera sufrimiento y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Precisamente porque todos los derechos quedan supeditados a la seguridad y el control, decidido de forma arbitraria por los agentes de policía que gestionan estos centros. Una arbitrariedad que se torna impunidad ante la inaccesibilidad de estas instituciones policiales a las organizaciones sociales y que ha dado lugar a muertes, violaciones, torturas, malos tratos, abusos…
Por todo esto mostramos nuestro más firme rechazo a la apertura de un nuevo CIE y convocamos a las diferentes manifestaciones que se realizarán el próximo jueves 30 de Noviembre, a lo largo de todo el territorio, ante el Ministerio de Interior, ante los CIE o ante las delegaciones del gobierno, para reclamar el cese de las políticas represivas, el fin del internamiento y el fin de las deportaciones.