Fuente: SETEM
Proteger a quienes están en mayor riesgo conlleva tomar medidas destinadas a limitar la exposición y asegurar que las personas que están sobreviviendo en el umbral de la pobreza no van a ver empeorar su situación aún más.
Debido a los bajos salarios y a la represión generalizada del derecho a la libertad de asociación, las trabajadoras del textil ya viven en una situación muy precaria, lo que unido a las repercusiones económicas de la pandemia, están teniendo consecuencias de largo alcance.
Ante esta pandemia global, exigimos a las marcas de ropa que actúen con debida diligencia en materia de derechos humanos y tomen medidas proactivas inmediatas de cara a proteger a quienes producen sus artículos. Las marcas deben responsabilizarse de las trabajadoras y trabajadores en toda la cadena de suministro y tienen que asegurar que, quienes han hecho posibles sus beneficios, no soportarán la carga financiera durante esta pandemia.
Debido al COVID-19, muchas fábricas textiles se han visto obligadas a cerrar por la escasez de materia prima venida de China. A medida que las marcas comiencen a disminuir los pedidos por el descenso de la demanda y por el cierre de tiendas obligatorio, más fábricas se verán forzadas a cerrar. La propagación del virus y las consiguientes medidas de precaución adoptadas por los gobiernos están provocando nuevos cierres. Las trabajadoras textiles reciben de por sí salarios muy que apenas cubren sus necesidades básicas y que por supuesto no les permiten hacer frente a ninguna emergencia ni a periodos en los que no trabajan. Este cierre de fábricas, ya sea temporal o definitivo, está teniendo graves repercusiones, especialmente sobre las trabajadoras y trabajadores migrantes que no disponen de red social local en la que apoyarse para enfrentar situaciones de restricciones adicionales o xenofobia.
Los medios de comunicación y la información directa recogida a través de nuestras fuentes nos muestran que en países como Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Albania y algunos países de América Central las fábricas están cerrando o se encuentran bajo riesgo de cierre debido a la escasez de materia prima, la disminución de pedidos y el actual problema de salud pública.
“Los trabajadores de la confección sobreviven muy precariamente. Si pierden su trabajo, perderán los salarios mensuales que permiten que tanto ellos como sus familias tengan comida que llevarse a la boca”, dice Kalpona Akter, Presidenta de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Ropa de Bangladesh. “Si las trabajadoras son despedidas, las marcas deberán asegurar el pago inmediato a las fábricas para que las trabajadoras puedan recibir la totalidad de la indemnización del pago por despido.”
La situación ya ha sido especialmente dura durante semanas en Camboya y Myanmar. Según los medios de comunicación y nuestras propias fuentes, aproximadamente un 10% de las industrias textiles de provincia de Yangon en Myanmar están temporalmente cerradas y los trabajadores no están cobrando sus salarios. En Myanmar los trabajadores tienen derecho a recibir indemnización por despido si la fábrica permanece cerrada durante más de tres meses. No obstante, la indemnización por despido supone solo la mitad del salario mensual por año trabajado en una fábrica, tras los primeros seis meses de prueba. Muchas fábricas en Myanmar han abierto hace cinco años o menos, y la rotación del personal ha sido muy elevada, lo que significa que muchos trabajadores se quedarán sin nada. Según ha sido documentado, los cierres de fábricas se están usando para aplacar las organizaciones de defensa de los derechos laborales en todo el país.
Las trabajadoras de la confección también temen que el coronavirus afecte a su derecho a disfrutar de vacaciones pagadas. El Festival del Agua, el Año Nuevo en Myanmar, es en abril y se celebra anualmente con diez días de vacaciones pagadas. Este año las celebraciones públicas se han cancelado para evitar la propagación del virus, y a las trabajadoras les preocupa que las fábricas no les permitan disfrutar de sus vacaciones, sino que cuenten estos días libres como baja por enfermedad no pagada.
En Camboya la situación es igualmente preocupante. Decenas de miles de trabajadores podrían perder sus trabajos en las próximas semanas si no mejora el abastecimiento de materias primas. Según la ley del país, los empleadores deben recibir una autorización antes de suspender a un trabajador, y deben pagarle el 40% de los 190$ del salario mínimo mensual, así como facilitarle la opción de recibir cursos o formaciones para ganar un 20% extra de su sueldo. Informes actuales del Gobierno sugieren que los trabajadores podrían recibir el 60% del salario mínimo durante seis meses. Sin embargo, algunas fábricas han suspendido a trabajadores sin autorización. Muchos de ellos ya afrontaban una situación de endeudamiento y tenían que completar sus bajos salarios a base de préstamos, con lo que ahora mismo están en una situación crítica en la que no pueden hacer frente a las cuotas mensuales. Al haber puesto sus tierras familiares como fianza, éstas también peligran.
“Las marcas de ropa se han beneficiado del trabajo de las trabajadoras y trabajadores camboyanos. En estos momentos de crisis, tienen que dar un paso para garantizar la protección de la vida de sus trabajadores. Deberían permitirles quedarse en casa hasta que la situación pueda gestionarse, y garantizar que se les paga su salario íntegro y los complementos salariales durante este periodo”, dice Tola Moeun, Director Ejecutivo del Centro por la Alianza del Trabajo y los Derechos Humanos (CENTRAL por sus siglas en inglés).
Las marcas no pueden dejar de lado a las personas trabajadoras que hacen su ropa y deben garantizar que éstas siguen recibiendo sus salarios mientras dure el cierre de las fábricas y durante las bajas por enfermedad. Demandamos a las marcas un compromiso público de debida diligencia ante la situación que resulte de la crisis de la pandemia del COVID-19. En concreto, las marcas deben:
