Justicia Alimentaria promueve la equidad de género en Bolivia

Justicia Alimentaria está trabajando en los ayllus (comunidades) de Yampara Suyu en el departamento centro-meridional de Chuquisaca, y Jacha Carangas del departamento occidental de Oruro, con mujeres indígenas, para mejorar el ejercicio de sus derechos políticos y económicos, sobre todo en la toma de decisiones en sus comunidades originarias, y en las organizaciones económicas comunitarias – OECOM.

Fuente: Justicia Alimentaria VSF

Justicia Alimentaria actúa en Bolivia con el propósito de maximizar las capacidades para la toma de poder de las mujeres.


Las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia sufren desigualdades estructurales, culturales e institucionales notables, derivadas del sistema patriarcal, sometiéndolas a diferentes formas de violencia. Es por ese motivo que una de nuestras apuestas pretende influir en la política pública para promover la igualdad de género. Por el otro, esa desigualdad dificulta enormemente a las mujeres participar en las instituciones públicas, a desempeñar papeles políticos, y a tener independencia económica, por lo que nuestra segunda línea de trabajo pretende fortalecer sus roles políticos y económicos dentro de sus comunidades originarias.


En cuanto a la situación de las mujeres con quienes trabajamos en las comunidades, la mayoría han cursado un promedio de 3 años de escuela, pero no leen ni escriben con facilidad. Hablan sus idiomas originarios (aymara, quechua, guaraní, etc.) y poco castellano, de media: contraen matrimonio a los 18 años, tienen unos 5 hijos de los cuales sobreviven 2 o 3, tienen una esperanza de vida de 51 años, y suelen trabajar en el sector agropecuario – aunque rara vez son titulares de la tierra. La división laboral por género es clara, ya que las mujeres cargan la mayor parte de la labor doméstica, mientras que los hombres desempeñan los roles más reconocidos públicamente. Hasta ahora, estas desigualdades han sido generalmente ignoradas y los presupuestos institucionales con enfoque de género son inexistentes para reequilibrar las cifras contrastantes en los niveles de educación, saneamiento, empleo, vivienda, etc. Justicia Alimentaria trabaja en el terreno para paliar estas brechas.

Mujeres Indígenas y Campesinas de Bolivia ejerciendo su derecho a una vida libre de violencia en tres municipios rurales en La Paz


Según un estudio realizado en los municipios de Palos Blancos, Caranavi y Alto Beni, el 100% de mujeres entrevistadas sufren o han sufrido algún tipo de violencia de género. Des de la organización se ha iniciado una intervención con el objetivo de apoyar el cumplimiento de la ´Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia´, aprobada en 2013. Esta ley reconoce como prioridad nacional la eliminación de la violencia de género, estableciendo que las mujeres son titulares de derechos, y el Estado y las instituciones públicas, titulares de obligaciones y responsabilidades, los cuales están obligados a adoptar las medidas y asignar los recursos necesarios para alcanzar este fin.


Para fortalecer las capacidades de los titulares de responsabilidades y derechos, se llevaron a cabo unas formaciones intensivas, para mujeres y hombres dirigentes campesinas/os e indígenas sobre la equidad de género e incidencia política para reforzar sus conocimientos técnicos y prácticos en la política pública. Específicamente, hubo una formación para dirigentes departamentales, más de 2000 mujeres campesinas fueron formadas como promotoras comunitarias y un grupo de alcaldes, concejales y servidores públicos se formaron en un taller de sensibilización sobre masculinidades para dirigentes varones en los tres municipios. También se abrió una oficina para el asesoramiento legal para mujeres en situaciones de violencia, y se lanzó una campaña sobre la Ley 348, entre otras actividades.


De suma importancia durante todo este proceso fue la inclusión de las y los participantes en el diseño de las políticas públicas para promover la participación política de las mujeres.


Empoderamiento político y económico de las mujeres indígenas aymaras y quechuas de Bolivia a través de su participación política e independencia económica a nivel comunitario


Justicia Alimentaria está trabajando en los ayllus (comunidades) de Yampara Suyu en el departamento centro-meridional de Chuquisaca, y Jacha Carangas del departamento occidental de Oruro, con mujeres indígenas, para mejorar el ejercicio de sus derechos políticos y económicos, sobre todo en la toma de decisiones en sus comunidades originarias, y en las organizaciones económicas comunitarias – OECOM. Muchas de esas mujeres se encuentran confinadas a sus roles domésticos-reproductivos y sin posibilidad de tener independencia económica. La desigualdad estructural perpetúa su situación. El objetivo que perseguimos es que esas mujeres lideren en esas entidades de manera igualitaria, a partir de su filosofía de “qhari-warmi” (hombre-mujer) – dualidad complementaria difundida por la cosmovisión andina – y que generen sus propios ingresos, permitiéndoles autonomía económica.


Actuando en el marco político de defensa de la soberanía alimentaria se ha contribuido a que las propias mujeres impulsen un proceso de transformación y comercialización que suponga un incremento de ingresos y del consumo local de alimentos diversificados y sanos. Entre los que se encuentran: la transformación de productos indígenas para un mayor acceso a mercados; la articulación dinámica entre la economía social comunitaria y el Estado; la integración de políticas públicas: el reconocimiento de las OECOM y la certificación de los productos agroecológicos; la incidencia política para la priorización de mercados locales y compras estatales/municipales para favorecer el consumo responsable; y el posicionamiento de productos campesinos en la compra pública estatal.


A través de las actividades que se están realizando, se persiguen los objetivos de incrementar la participación de las mujeres en sus gobiernos originarios, e incrementar los ingresos económicos de las mujeres indígenas originarias de las OECOM de Yampara Suyu y Jacha Carangas. El primero se trata de ejercer el derecho a la participación de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones y la representación política, y requiere la formación y fortalecimiento de capacidades de las mujeres, y capacitación y sensibilización de los hombres ante la necesidad de las mujeres de empoderarse políticamente. El segundo – el incremento de los ingresos económicos –trata de asegurar el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres participantes en las OECOM, a través de su posicionamiento y liderazgo en la toma de decisiones, la gestión de los recursos financieros y la generación de recursos económicos.


Para lograr esos fines, Justicia Alimentaria trabaja en red con diferentes organizaciones que integran el mismo posicionamiento respecto a la soberanía alimentaria y la equidad de género en los territorios, pero sobre todo con el Consejo de Ayllus y Markas Yampara Suyu (COAMAYS) – que participa en redes locales, nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos y de la equidad de género. Ambas organizaciones trabajan en conjunto para aportar análisis de contexto sobre el sector alimentario, elaborar propuestas de incidencia política y movilización social, participar en la provisión de talleres de reforzamiento de la gestión organizativa, financiera y administrativa, y proveer soporte y conocimiento técnico. También se está colaborando en el diseño e implementación de un plan de reflexión y construcción de acuerdos sobre los derechos de las mujeres, el liderazgo político, la gestión de conflictos, y planes de vida familiar, además de planes de formación para mujeres y hombres de las autoridades originarias.


Finalmente, ambas intervenciones se gestionan y están en manos de los y las titulares de derechos (comunidades indígenas), como parte del proceso de su empoderamiento. Las autoridades originarias, las mujeres y los hombres de las comunidades, las y los titulares de responsabilidades, y el equipo técnico de ambas socias locales– todos han participado en la planeación, formulación del presupuesto, seguimiento, monitoreo, y evaluación de las intervenciones.


Ambas intervenciones cumplen con la meta combinada de Justicia Alimentaria de trabajar a favor de la soberanía alimentaria con perspectiva feminista, influyendo en las políticas públicas del territorio y difundiendo alternativas de producción y consumo alimentario, teniendo un impacto valioso y tangible.

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