La ONG Alianza por la Solidaridad presentó el pasado miércoles, 23 de mayo, el informe Mujeres migrantes como sujetos políticos en el País Valencià: Creando Estrategias Frente a las Violencias, –en el marco del Encuentro de Defensoras de Derechos: Participación de Mujeres Migrantes y del Sur Global que organizó en el Colegio Mayor Rector Peset-, un diagnóstico participativo en el que las mujeres migrantes denuncian las vulneraciones de derechos que sufren en el territorio valenciano y pone en valor sus estrategias de resistencia frente a las violencias racistas y patriarcales estructurales y cotidianas.
La investigación, -realizada junto al estudio de sociología La Dula y financiada por la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana-, que tiene como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recoge los testimonios de decenas de mujeres migrantes y miembros de entidades sociales que trabajan en la defensa de sus derechos que han relatado las dificultades de acceso al empleo digno, la vivienda, la participación política o la exclusión sanitaria, así como situaciones de racismo social y violencia de género a las que están expuestas por ser mujeres, migrantes y racializadas.
Es el caso de una mujer de origen argelino con 13 años de residencia en València, que explica que ha recibido insultos por la calle desde que decidió ponerse el hiyab, o velo islámico. “Con el pañuelo me miraban mal, me gritaban, me decían insultos y yo lloraba. Me llamaban mora. En una tienda me dijeron que qué tenía en el pecho, que si estaba escondiendo algo, pensaban que había robado. Todo esto delante de mis hijos.”, detalla.
Respecto al ámbito laboral, el documento incluye testimonios que denuncian situaciones de explotación y abusos, especialmente en el sector del trabajo del hogar y los cuidados, y, en concreto, en el de las internas. “Conocí a una chica a la que no le dejaban ni calentarse su comida porque decían en la casa en la que trabajaba que malgastaba el gas y que era muy caro. Era una chica que había estudiado Trabajo Social en una universidad muy prestigiosa de Colombia“, indica uno de los testimonios. Las mujeres denuncian además abusos sexuales, falta de contrato, jornadas de hasta 12 horas, sueldos muy por debajo del salario mínimo, así como que no se respetan las horas de descanso por parte de las empleadoras, lo que implica que no pueden ni siquiera acudir a las citas médicas, participar en asociaciones o tener tiempo de ocio.
Romper con el imaginario racista y machista
Las participantes instan a romper con el imaginario racista y machista que se tiene en la sociedad respecto a las mujeres migrantes. “Existen los estereotipos del tipo: si es latinoamericana es fogosa, si es latinoamericana es cariñosa, si es africana también está hipersexualizada. También de cara al empleo. Ejemplo: tienes acceso a un empleo si eres latinoamericana, sí porque prestas mejores servicios, eres tranquilita y esos estereotipos que se siguen perpetuando. Entonces aquí hay un problema de discursos sobre los que también podemos actuar e influir. Aunque el racismo también es un problema estructural”, denuncia otro de los testimonios.
En este sentido, en el informe las mujeres migrantes denuncian que es la Ley de Extranjería la que les expone a las vulneraciones de derechos y violencias, puesto que la situación administrativa irregular supone situaciones continuas de indefensión y exclusión y constituye un mecanismo de racismo institucional. Asimismo, esto las lleva a una situación de angustia continua, a ellas y a sus familias, por el miedo a ser paradas por la policía para pedirles la documentación, ser recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o ser deportadas a su país de origen.
Por otra parte, el documento recoge un listado de propuestas de acción realizadas por las mismas participantes en el proceso para mejorar la situación de las mujeres migrantes en la Comunitat Valenciana. Algunas de estas medidas a nivel autonómico son: vigilar y monitorear la atención sanitaria para garantizar la sanidad universal en la Comunitat Valenciana, sensibilizar y formar al personal administrativo y el funcionariado sobre la realidad de las mujeres migrantes, impulsar el tejido asociativo migrante o poner en marcha un programa de incidencia dirigido al Ministerio del interior para lograr el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.
Hablamos de mujeres migrantes, pero no existe un sujeto paradigmático que pueda englobarse bajo esta etiqueta restrictiva. No podemos decir la mujer migrante tiene esta edad y origen determinados, este estado civil o profesión concreta, etc. puesto que las características de las mujeres migrantes son tantas como mujeres hay. Sin embargo, sí existen realidades compartidas que las convierten en un colectivo social diferenciado y que hemos intentado recoger en este informe: principalmente una Ley de Extranjería que dificulta o impide el acceso a la sanidad, los servicios sociales, la educación, al trabajo digno, la reagrupación familiar, la justicia, la protección social y/o la participación política y que, además, por si esto fuera poco, las criminaliza a nivel social.
A todas estas violencias, se suman los mandatos de género reservados específicamente a las migrantes en el ámbito laboral: como responsables de los trabajos de los cuidados, generando la paradoja de las cadenas de cuidados, donde las mujeres autóctonas pueden “liberarse de estas cargas” y aspiran a otros empleos fuera del ámbito doméstico. De esta forma, la sociedad española impone a las mujeres migrantes el nicho de empleo más precarizado e históricamente peor valorado, desplazándolas e invisibilizándolas.
En el presente documento, pretendemos mostrar además cómo es precisamente esta violencia estructural hacia las mujeres migrantes la que pone de relieve su papel como sujetos políticos capaces de, a pesar de todas las dificultades nombradas anteriormente, sostener a sus familias y a comunidades enteras, incluso trasnacionales, a partir de una auto organización más o menos formal, así como de poner en práctica formas de participación y resistencia que van de lo personal a lo colectivo.
En este sentido, el informe ofrece una mirada sobre las violencias que atraviesan a las mujeres migrantes del País Valencià en todas las esferas de su vida, pero también sobre las resistencias que han desarrollado al respecto y su capacidad de toma de decisiones en contextos especialmente precarios y como supervivientes de diferentes formas de abuso y explotación. De esta forma, a partir de los testimonios de decenas de estas mujeres y de las personas que trabajan cada día junto a ellas para mejorar su situación, hemos analizado las causas y consecuencias de estas vulneraciones de derechos, así como los mecanismos de superación personal y colectiva de esta realidad.
Sirva este documento, pues, para homenajear y visibilizar la lucha diaria que supone ser mujer y migrante en el País Valencià y contribuir, además, a señalar las estructuras de poder que dividen a la sociedad entre ciudadanos y ciudadanas, sujetos de pleno derecho y sujetos cuyos derechos no son reconocidos, a merced de leyes, trámites y requisitos de todo tipo.
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Desde Alianza por la Solidaridad, nos gustaría agradecer la colaboración de todas las personas que han participado en la elaboración de este informe: ya sea por compartir sus experiencias y conocimientos durante el trabajo de campo, como por su orientación y apoyo durante todo el proceso de diagnóstico participativo y redacción del informe.
