COVID-19: Cáritas insta al Gobierno a ir más allá de las medidas del Real Decreto para «no dejar realmente a nadie atrás»

La normativa aprobada no aborda del todo las propuestas planteadas por Cáritas para la población más excluida.

Fuente: Cáritas Diocesana de Valencia

Tras el lanzamiento, el pasado martes, de un documento de propuestas urgentes para garantizar los derechos de las personas en situación de exclusión social más expuestas ante los efectos del coronavirus, Cáritas ha recibido con esperanza las medidas sociales que el Gobierno plantea en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo para responder al impacto económico y social del COVID-19. Es también digno de destacar el importante esfuerzo presupuestario de movilización de recursos que acompaña al Real Decreto.

Muchas de estas medidas pueden ayudar a paliar la situación de muchas personas y familias, fundamentalmente de las clases medias, que son la gran mayoría social, en estos momentos de gran inseguridad e incertidumbre. En concreto, son medidas que pueden ayudar a esos 6 millones de personas, que como señalan los estudios de FOESSA, integran la “sociedad insegura” y que está más expuesta a caer en la exclusión social. Una sociedad insegura que espera del apoyo del Estado para no sentirse abandonada.

Baja capacidad protectora

Las medidas adoptadas, sin embargo, no abordan del todo las propuestas planteadas por Cáritas para paliar los efectos que esta crisis va a producir entre la población más excluida. El Real Decreto muestra, en general, una capacidad protectora baja para las familias que ya viene sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social. Y si ahora no se abordan medidas dirigidas a estos sectores, se podrá producir un enquistamiento en su situación ante la debilidad de la intensidad protectora de sus derechos humanos.

Po ello, si bien Cáritas aplaude las medidas incluidas en el Real Decreto, insta al Gobierno a dar un paso más allá en las próximas semanas en esta estrategia de articulación de un “escudo social” ante los efectos de la emergencia y apruebe sin demora nuevas medidas que, de verdad, no dejen a nadie atrás y se dirijan de manera específica a las personas en situación social más precaria.

Tras cotejar las medidas incluidas en el Real Decreto (RD) con las propuestas presentadas por Cáritas, esta es la valoración que hacemos, por sectores sociales, de las mismas.

Empleo

El RD no incluye nuestra propuesta de prorrogar de forma extraordinaria las prestaciones por desempleo de las personas que se verían fuera del sistema de protección por vencer su prestación en marzo y abril, con posibilidad de extensión si la situación de emergencia lo requiere. Sí está contemplada, sin embargo, la prórroga del subsidio por desempleo sí está incluida (art. 27 RD-Ley).

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo nos parece positivo que, en la línea propuesta por Cáritas, se adopten medidas que supongan evitar los despidos, y garantizar, en su caso, que se cobren las prestaciones por desempleo, flexibilizando los requisitos para que puedan acceder a dicha prestación por desempleo todas aquellas personas que por culpa de esta crisis van a perder su puesto de trabajo.

Sobre nuestras demandas en el ámbito del empleo doméstico, destacamos el olvido respecto a este colectivo, especialmente vulnerable, donde sus trabajadoras desempañan su labor en condiciones precarias, con un alto índice de economía sumergida y que, a día de hoy, todavía no tienen reconocía legalmente la prestación por desempleo. Echamos en falta, ante la eventual la pérdida de empleos en este sector a causa del coronavirus, la aprobación de una ayuda de emergencia temporal que ayude a cubrir esta contingencia.

Vivienda

El RD no incluye la moratoria de desahucios ni la moratoria del pago de alquileres, sino solo la de moratoria de deudores hipotecarios.

Cabe recordar que la propia Relatora especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada publicaba ayer mismo una recomendación para todos los Estado miembro en referencia a la actual crisis del coronavirus con un título muy elocuente: “La vivienda como primera línea de defensa” ante esta pandemia.

Por eso, creemos de la máxima urgencia la adopción de todas las medias posibles para evitar situaciones de pérdida de vivienda, desalojo o desahucios. Se trata de una medida preventiva sanitaria de mayor magnitud. Asimismo, en cumplimiento del objetivo de “no dejar a nadie atrás”, debe incluirse también una moratoria en el pago del alquiler cuando los titulares de la vivienda sean entidades bancarias y grandes tenedores.

Personas en situación de grave exclusión

En el RD no se contempla, en la aplicación del estado de alarma, las cuestiones relacionadas con la prohibición de estar en la vía pública que afecta a aquellas personas que carecen de otro lugar en el que vivir o que necesitan desplazarse para acudir a servicios sociales básicos.

En cuanto a la garantía de ingresos mínimos planteada por Cáritas –que son la última red de protección social de las personas y familias— de prorrogar de forma automática las rentas mínimas concedidas y las que tendrían que ser renovadas en marzo y abril, mientras las circunstancias actuales permanezcan, así como resolver de forma urgente las que están en curso, el RD tampoco contempla ninguna medida específica.

Alimentación

El Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para que las familias que tuvieran concedidas becas de comedor, puedan hacer efectivo este derecho, a pesar de encontrarse los centros educativos cerrados.

Cáritas, sin embargo, proponía que, para asegurar el derecho a la alimentación de los menores afectados por el cierre de colegios y comedores escolares, se gestionaran las ayudas previstas en forma de tarjetas canjeables en todo tipo de supermercados y comercios de alimentación para aquellas familias que ya tuvieran reconocido su derecho a becas comedor. El Real Decreto no incluye esta propuesta.

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