Ya han pasado casi 4 años, desde aquel día en el que en el País Valencià se vivió un cambio político histórico. Tras un largo letargo de atomización de la izquierda y de resignación de la ciudadanía -que favoreció que la derecha campara a sus anchas por la Generalitat Valenciana como si de un cortijo se tratara- esa ciudadanía se movilizó y gritó en las urnas BASTA YA.
Muchas de las personas y entidades que formamos la sociedad valenciana, y ACPP-PV no podía ser menos, sentimos por primera vez en mucho tiempo un rayo de esperanza, un aire fresco que nos embriagaba y que nos empujaba a participar con entusiasmo en la co-construcción de las políticas que impulsaría el Gobierno del Botànic, un nuevo modelo de gobierno que pusiera toda la atención en defender los derechos de todas las personas, por encima de todo. Han sido cuatro años de intenso trabajo, en los que entre todos, y pese a los continuos baches administrativos y económicos, los desencuentros y las limitaciones de expectativas para un periodo tan corto, hemos conseguido desmontar la maquinaria de una administración al servicio de la corrupción y de los más poderosos, unos años en los que se ha creado esta nueva administración que seguimos calibrando (con más o menos desgaste) pero que está bien lubricada y en pleno rendimiento.
El temor de que la sombra de las discrepancias y diferencias propias de un gobierno en coalición afloraran e hicieran mella en la gestión siempre ha planeado, pero el compromiso por unir esfuerzos y estar al servicio de la ciudadanía ha seguido siendo la clave, junto con el servicio de veeduría del tejido social que ha hecho que este nuevo modelo sea posible. Muchísimos retos todavía por delante, pero con un camino ya definido con más de medio centenar de leyes para recuperar el Estado del Bienestar especialmente en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales (algunas de ellas boicoteadas por el gobierno de Rajoy) y también medidas de regeneración democrática y transparencia. Entre estas muchas leyes destacamos la de Salud Universal, de Renta Garantizada de Ciudadanía, de Función Social de la Vivienda o Para el Fomento de la Responsabilidad Social.
En ese sentido ACPP-PV durante este periodo ha trabajado en impulsar proyectos de cooperación en países como Palestina, Túnez, El Salvador o Niger, alineados y en coherencia con algunas de estas leyes más vinculadas a nuestro campo de intervención.
El pasado 21 de noviembre el Pleno de Les Corts aprobó la ley valenciana de igualdad LGTBI algo impensable hace algunos años, que establece medidas en sanidad, educación, empleo y atención social para conseguir una “igualdad real” y luchar contra la LGTBfobia, además de prohibir las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o la identidad de género. Diferentes colectivos luchamos para que todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales puedan ser libres y no ser discriminadas de manera constante, no sólo en nuestro territorio, sino también a nivel internacional. Es por ello que desde ACPP-País Valencià estamos poniendo un especial esfuerzo en esta lucha en El Salvador, donde junto a nuestras contrapartes trabajamos para la consecución del derecho a una vida libre de violencia, abordando la discriminación y violencia contra las personas LGTBI .
También ha sido en el País Valencià donde se ha firmado el primer Pacto contra la violencia de género y machista, suscrito por las instituciones valencianas, los partidos políticos, las universidades, los medios de comunicación, intervinientes de la justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades y organizaciones de la sociedad civil, que incluye en la agenda pública valenciana la lucha colectiva contra las violencias machistas y por la igualdad de género. ACPP-PV, dentro de este paraguas, realizó la proposición no de ley en les Corts promovida por las compañeras de ORMUSA, La Colectiva Feminista y la Alianza por la Vida y Salud de las Mujeres de El Salvador, y apoyada por ACPP, que surgió de una visita a Valencia de representantes de estos colectivos para frenar la reforma del Código Penal Salvadoreño y la penalización del aborto.
Pero os preguntaréis, ¿y qué ha sido de la política específica de cooperación durante estos últimos cuatro años? Porque mucho hemos hablado del enfoque de derechos del Gobierno de Botanic, pero ¿y la solidaridad internacional del pueblo valenciano?
Lejos quedan los tiempos de Blasco en los que los representantes máximos de la administración utilizaron la cooperación para enriquecer sus bolsillos (aunque todavía quedan pendientes de resolver diversas causas penales). Durante esta legislatura nos consta que la Generalitat Valenciana ha realizado un esfuerzo titánico para colaborar con la justicia y esclarecer el pasado más oscuro de esa área. Además ha incrementado sus recursos técnicos con el fin de supervisar los cientos de proyectos de cooperación tanto de las ONGD del País Valencià, como de las diferentes empresas y entidades creadas para la trama corrupta y que por interés o dejadez de funciones de la propia administración nadie había supervisado todavía. También ha reformado la ley de Cooperación ligándola a la implementación de la Agenda 2030 e impulsado el funcionamiento del Consejo Valenciano de Cooperación, dando una mayor representatividad al tejido social de cooperación y apostando por la participación de la totalidad de las fuerzas políticas en les Corts incrementando su perfil democrático y plural y de corresponsabilidad. En este periodo también ha dado forma junto a las ONGD valencianas al IV Plan Director de Cooperación que establece el principio de una nueva cooperación valenciana basada en el enfoque de derechos humanos, incorporando nuevas prioridades geográficas acordes con el nuevo escenario internacional, y un largo, etc.
La voluntad política vemos que es fundamental para tener un modelo de cooperación real y concreto pero resetear la dinámica de la administración del Partido Popular en materia de cooperación también era algo imprescindible. Pero al hacer todo esto ¿ha cumplido los compromisos presupuestarios electorales adquiridos en 2015? Pues este es el talón de Aquiles de la cooperación valenciana. No podemos obviar que ha habido un gran incremento de recursos a nivel absoluto si partimos de los escasos 4 millones presupuestados para el 2015 por el gobierno precedente. Cuatro años después, el presupuesto de la Generalitat Valenciana del 2019 para cooperación asciende a casi 33 millones de euros, suponiendo un incremento porcentual de casi un 750%, lo que evidencia un gran esfuerzo, y más teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento de la administración valenciana. A pesar de ello, el compromiso de dedicar el 0’4% del presupuesto de la Generalitat Valenciana, aunque con una ejecución presupuestaria en el 2018 de un 96%, se ha quedado en un simple espejismo, ya que esos 33 millones representan sólo el 0’14% de la totalidad del presupuesto. Se ha incumplido rotundamente el objetivo marcado y en esto entre otras cosas ACPP-PV seguirá haciendo incidencia.
La política de cooperación y la solidaridad internacional durante mucho tiempo fue un arma de desprestigio político y territorial, pero con esfuerzo y por la corresponsabilidad de las ONGD en su desarrollo y la presión política que realizamos con otras entidades, ha pasado a ser parte de las señas de identidad del gobierno del Botanic (como se evidenció con la acogida del Barco Aquarius). Porque las políticas de cooperación expresan la voluntad del pueblo valenciano de ser más solidario también con otras sociedades.
En esta tierra todavía queda mucho camino por recorrer, pero la senda ha empezado a dibujarse. Necesitamos profundizar en todos los campos para materializar los compromisos y consolidar los puentes que se han tendido durante esta última legislatura con el tejido social valenciano, porque es cosa de todos.