El pasado 2 de agosto vio la luz el texto final de la Agenda Post2015, una agenda que pretende ser “transformadora” y que será adoptada formalmente en La Cumbre de Naciones Unidas en septiembre. Tras un periodo de dos años de debate y reflexión en el que han participado instituciones gubernamentales, agencias de la ONU, representantes de entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, el texto establece estrategias de desarrollo para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad durante los próximos 15 años a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 indicadores, que sustituirán a los hasta ahora vigentes 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los ODM marcaron el comienzo de un marco común de acción consensuada por toda la comunidad internacional demostrando que remar en la misma dirección genera resultados, a pesar de haber sido unos objetivos acordados sin la participación de la ciudadanía y con una limitación fundamental: “poner el foco en los efectos de la pobreza extrema, sin considerar sus causas”. Esto ha generado, entre otras cosas, un crecimiento marcado por las desigualdades– las 85 personas más ricas del mundo tienen lo mismo que los 3.5 billones de personas más pobres-, un sistema profundamente injusto y ecológicamente insostenible.
15 años después, la realidad mundial exige, más que nunca, una agenda “transformadora”. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea entre otras cosas “un mundo sin pobreza y hambre, que combata las desigualdades dentro y entre los países, acabar con las enfermedades y la violencia. Un mundo en el que todos los habitantes tengan acceso a educación de calidad, sanidad y protección social “. La interdependencia entre lo que ocurre en un lugar y otro del planeta no tiene precedentes. Por ello, uno de los principales desafíos que plantea la agenda es la aplicación del principio de universalidad, es decir, que las metas acordadas sean aplicables a todos los países.
El texto será aprobado formalmente en una Cumbre que tendrá lugar en la sede de la ONU entre los días 25 y 27 de septiembre, y se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2016, guiando las decisiones políticas dentro y fuera de los países miembros de los próximos 15 años.