Fuente: Paz con Dignidad
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Expresamos gran preocupación por las informaciones publicadas en la revista Semana el pasado 1° de mayo, sobre la existencia de “carpetas secretas” que contienen información personal sobre por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas, sindicalistas, personas que defienden los derechos humanos, abogados y abogadas y políticos. Las informaciones incluyen detalles sobre sus contactos sociales y profesionales, sus lugares de vivienda, sus familias, sus desplazamientos y otras informaciones de carácter privado que se han recolectado sin que existieran razones legales para justificar estas acciones. Instituciones de la Unión Europea y Ongs europeas de cooperación con Colombia han sido blanco de este tipo de actividades en el pasado.
En diciembre de 2019, tras allanamientos ordenados por la Corte Suprema al Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, al Batallón de Ciberinteligencia (Bacib), se hizo pública la existencia de actividades de inteligencia irregulares coordinadas desde este batallón y otras entidades de la inteligencia militar. Los blancos de estas actividades fueron también periodistas, organizaciones de derechos humanos, magistrados y políticos. Algunas de estas actividades han beneficiado al ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, en el marco de procesos judiciales que lo involucran.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión de Justicia y Paz habían denunciado anteriormente actividades de vigilancia a sus sedes en Bogotá. Recordamos también que en el marco del paro nacional de noviembre 2019, se efectuaron allanamientos irregulares a las sedes de medios de comunicación y organizaciones sociales que convocaron las protestas.
Por consecuencia de estas revelaciones en el mes de diciembre del año pasado, el General Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, tuvo que retirarse de su cargo. El Sr. Martínez iba a ser nombrado como agregado militar en la embajada colombiana en Bruselas. Esta decisión sin embargo fue revocada después de la información publicada el 1° de mayo.
Las organizaciones y personas víctimas de esta persecución por parte de la inteligencia militar son personas que desde su labor periodística informaron sobre prácticas irregulares dentro de las fuerzas militares, o abogados y abogadas que han defendido a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de otros crímenes cometidos por agentes del Estado y, en particular, por la Fuerza Pública, ante la justicia ordinaria y recientemente ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como es el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Es preocupante que estas actividades legítimas e indispensables en cualquier país democrático y fundamentales en el proceso de búsqueda de la verdad y justicia en el contexto del post acuerdo con las Farc-Ep, sean blanco de este tipo de ataques por parte del mismo Estado.
Varias de las organizaciones europeas aquí firmantes y las organizaciones de derechos humanos copartes en Colombia fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que se conocieron en 2009. El DAS adquirió ilegalmente y filtró información sobre periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos, entre otros, con el fin de desacreditar, amenazar o asesinar a estas personas. La “Operación Europa” del DAS tenía como objetivo “neutralizar” el apoyo financiero y político a las organizaciones de derechos humanos por parte de instituciones europeas, así como desacreditar el sistema Jurídico Europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Después del escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS, fueron condenadas personas claves responsables de estos crímenes, los cuales incluían amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en coordinación con grupos paramilitares. Sin embargo no todas las personas responsables tuvieron que responder ante la justicia nacional o internacional debido a los mecanismos de impunidad que persisten y es preocupante que no se ha podido garantizar la no repetición de los hechos como se evidencia en los últimos acontecimientos.
Las organizaciones europeas firmantes solicitamos a la UE, sus estados miembros, Suiza y Noruega, y las Naciones Unidas:
- Que hagan pronunciamientos públicos para rechazar este tipo de actividades contra personas y organizaciones que desempeñan funciones legítimas y necesarias en una sociedad democrática.
- Que apoyen la creación de una Comisión Internacional con participación de organizaciones como la ONU o la CIDH, para acompañar las investigaciones de estas prácticas en Colombia.
- Que se incluya este tema de forma prioritaria en el próximo diálogo de DDHH UE-Colombia.
Que insten al Gobierno colombiano a:
- Esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los máximos responsables, las actividades que se desarrollaron con base en la información adquirida y quiénes se beneficiaron, así como los recursos con los que se financiaron y las empresas y expertos involucrados.
- Depurar la fuerza pública de los responsables y hacer las reformas estructurales necesarias para garantizar la no repetición de los hechos
- Otorgar a la Justicia ordinaria el acceso a todas las informaciones necesarias para para esclarecer los hechos.
- Implementar medidas adecuadas y concertadas de protección para víctimas y testigos, y comunicarles toda la información relacionada a las investigaciones.
- Crear una comisión de la sociedad civil para acompañar el proceso de depuración de los archivos de inteligencia militar.
- A que el Ministerio de Defensa colabore con la CEV dando información sobre otros casos de este tipo y contribuya a garantizar el derecho a la verdad y el funcionamiento de los mecanismos de justicia transicional.
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