- Para erradicar la pobreza, el problema no es que no haya dinero, que lo hay. Un ejemplo: en julio de este año, el gobierno en funciones aprobó un gasto de 2.100 millones de euros para compra de armamento.
- La Coordinadora y REEDES haremos público dentro de un mes la actualización del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), una herramienta para analizar como las políticas públicas de 148 países integran la perspectiva del desarrollo sostenible
El prestigioso Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI por sus siglas en francés) ha puesto de manifiesto, en un estudio publicado esta misma semana, que la Agenda 2030 cada vez está más presente en los discursos e informes después de cuatro años de su adopción. Y sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que los gobiernos no se están movilizando lo suficiente para tratar de alcanzar los Objetivos acordados. También inciden en que hay que tratar de evitar que los ODS sean víctimas de un juego de interpretación tan «suave» como para que todo el mundo pueda cuestionar a fondo el impacto de sus acciones. En definitiva, este instituto francés del que la ministra Teresa Ribero fue directora durante cuatro años, apela a la coherencia de políticas para que la Agenda 2030 se convierta en una verdadera hoja de ruta global.
Las responsabilidades de los países no pueden reducirse únicamente al territorio delimitado por sus fronteras geopolíticas.
Precisamente en una semana como está en la que reclamamos la Erradicación de la Pobreza o, dicho en las palabras de los ODS, que nadie se quede atrás, es más pertinente que nunca reivindicar la coherencia frente a las paradojas. Coherencia frente a las contradicciones de las políticas que llevan a cabo los gobiernos y los impactos que éstas tienen en los ODS y en distintos países. Se trata no sólo de observar la realidad desde distintos ángulos, como pueden ser desde la perspectiva de los derechos humanos, las cuestiones de género o la de sostenibilidad ambiental, sino también de incorporar un enfoque cosmopolita que tenga en cuenta como ante un mundo globalizado e interdependiente, las responsabilidades de los países no pueden limitarse únicamente al territorio delimitado por sus fronteras geopolíticas.
Cuando hablo de paradojas pienso en los datos de la FAO que hace unos meses nos alertaba de como en el mundo hay, al menos, 821 millones de personas que se van a la cama con hambre. Una cifra que se ha incrementado por tercer año consecutivo y que está tirando por tierra los avances conseguidos antes de 2015 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio . Por contra, hay 1.900 millones de personas que padecen sobrepeso: es más barato conseguir alimentos ricos en sal, grasas y carbohidratos que comida saludable. Todo ello mientras anualmente se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de alimentos, casi un tercio de la producción global.
Sigamos en otro ámbito. Los países más ricos, sus empresas y sus ciudadanos, responsables de la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, serán los mejor situados para hacer frente al cambio climático. Mientras, los países empobrecidos y sus poblaciones, que son los que menos han contribuido a las emisiones y tienen menor capacidad de reacción, serán los más perjudicados. Una ecuación injusta que empuja a 100 millones de personas a la pobreza y a convertirse a su vez en «refugiadas climáticas», aunque la legislación internacional no los reconozca como tal.
821 millones de personas se van a la cama con hambre. Una cifra que se ha incrementado por tercer año consecutivo. Por contra, hay 1.900 millones de personas que padecen sobrepeso
Diversos estudios estiman que se necesitan entre 5 y 7 billones de dólares al año para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta suma, los países en desarrollo necesitarían unos 3,9 billones de dólares por año. Pero tan sólo reciben 1,4 billones, lo que deja una brecha de 2,5 billones de dólares que tendría que ser subsanada por fuentes privadas y públicas. Un dato que contrasta con las estimaciones de flujos financieros ilícitos depositados en paraísos fiscales, las cuales oscilan entre los 8 billones y los 32 billones de dólares.
Las organizaciones de cooperación para el desarrollo nos plantamos hace 25 años en acampadas en distintos pueblos y ciudades reclamando que las administraciones públicas destinaran un 0,7% de su presupuesto para cooperación al desarrollo. A pesar de que lo apoya un 90% de la población española seguimos sin cumplirlo. La cooperación española se mueve en torno a un 0,2% y sin perspectivas de que aumenten significativamente. El problema no es que no haya dinero, que lo hay. Un ejemplo: en julio de este año, el gobierno en funciones aprobó un gasto de 2.100 millones de euros para compra de armamento.
¿Podemos hacer las cosas de manera diferente y mejor? Tenemos que ser capaces de diferenciar que contribuye o no a que la Agenda 2030 sea una palanca transformadora para cambiar un sistema que descarta personas y territorios. Para ayudar en este análisis Coordinadora y REEDES haremos público dentro de un mes la actualización del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), una herramienta para analizar como las políticas públicas de 148 países integran la perspectiva del desarrollo sostenible ¿cómo saldremos retratadas de este examen?
