La CVONGD, y la Coordinadora de ONGD España, contrarias al planteamiento de Europa de criminalizar a quienes asisten a los refugiados.

Mientras 10.000 niñas y niños están en paradero desconocido, Europa se plantea criminalizar a quienes asisten a la población refugiada

  • 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido en Europa, según datos de Europol.
  • Más de 250 personas han muerto en el Mediterráneo en el mes de enero, 8 por día.
  • De las 160.000 personas refugiadas que Europa se comprometió a acoger varias Cumbres, apenas unas 400 ha sido reubicadas.

1 de febrero de 2016. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. La actitud de Europa ante la mayor crisis de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial, da cuenta de la ausencia de humanidad y responsabilidad. Los valores fundacionales europeos están siendo tirados por la borda y con ellos, de manera flagrante e impune, la vida de miles de personas.

Ayer se hacía público un dato escalofriante que debería hacernos temblar como humanidad: 10.000 menores han desaparecido; nadie sabe dónde están. Una situación absolutamente inaceptable que puede situar a niñas y niños en manos de redes de tráfico de personas. Una cifra que se suma a las 250 personas que han muerto en el Mediterráneo en el mes de enero. La situación de las mujeres que llegan a Europa huyendo de los conflictos también es extremadamente preocupante. El riesgo de que sufran violencia sexual y de género es altísimo.

La irresponsabilidad de Europa: criminalizar a las víctimas y a quienes les apoyan.

Mientras tanto, Europa opta por políticas que en lugar de responder a los convenios internacionales y a su propia legislación en materia de refugio, dan la espalda y criminalizan tanto a la población refugiada como a quienes les acogen. La ONG Statewatch ha denunciado la intención de la UE de sacar adelante una normativa que obligaría tanto a las ONG como a personas voluntarias a registrarse antes de presentar ayuda a migrantes y refugiados. De salir adelante esta iniciativa, supondría una muy preocupante criminalización de quienes asisten a personas que lo han perdido todo y ejercen su derecho al refugio.

A ello se añaden las medidas que están asumiendo algunos países europeos. Medidas que pasarán a la historia de la infamia por la terrible violación de derechos humanos que suponen. Dinamarca ha comenzado a confiscar el dinero en efectivo de las personas refugiadas que supere los 1.340 euros. Países como Suecia, Holanda Y Finlandia han anunciado deportaciones masivas. Y en muchas de nuestras fronteras se construyen muros y alambradas que impiden la entrada de quienes tienen pleno derecho a la circulación por vías legales y seguras y a una adecuada acogida.

Consecuencias extremadamente peligrosas

Las graves consecuencias de este tipo de decisiones ya se están dejando ver. Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno y con ellos los ataques a centros de acogida a migrantes y refugiados. Aunque afortunadamente, aún son residuales, la UE y sus Estados miembros deberían mantener la alerta para evitar que se repitan los graves errores del pasado.

La ciudadanía, como viene demostrando desde hace tiempo, está muy por encima de las decisiones políticas. ONG, grupos sociales, voluntarios y voluntarias y la ciudadanía en general se está organizando tanto en los puntos de llegada como en múltiples ciudades para salvar vidas, atender a las personas que llegan a nuestros países y contrarrestar los mensajes y discursos que criminalizan a quien debe ser protegido.

La Humanidad o el colapso

Desde muchos sectores y rincones de la UE venimos denunciando la enorme gravedad de esta situación. No actuar con urgencia, humanidad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. Nunca antes fue tan evidente la debilidad del proyecto europeo. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre los derechos humanos supone una gravísima violación de derechos humanos. Ni la legislación europea, ni sus instituciones están a la altura de los complejos retos a los que nos enfrentamos. Ahora, más que nunca, deben primar los valores fundacionales de la Unión Europea y la defensa a ultranza de los derechos humanos. No hacerlo sería volver a infames errores del pasado.

Por todo ello, insistimos en que:

– Es urgente abrir y garantizar vías seguras para que las personas que huyen de graves conflictos puedan hacerlo en la mejor de las circunstancias. Debe garantizarse, especialmente, que las mujeres no estén sometidas a violencia sexual y de género.

– Urge coordinar todos los esfuerzos posibles, de instituciones y de la sociedad civil, para localizar a los y las menores desaparecidos. Deben ponerse en práctica medidas firmes contra las redes de trata de personas.

Europa debe cumplir los acuerdos asumidos en materia de acogida. Es intolerable que de las 120.000 personas refugiadas que Europa se comprometió a acoger en la Cumbre de septiembre, apenas unas 400 hayan sido reubicadas.

– Debe garantizarse la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada. La complejidad de la situación hace que su trabajo sea absolutamente necesario y debe ser complementario al que las instituciones europeas están obligadas a realizar.

– Deben combatirse activamente los discursos y narrativas xenófobas. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy preocupantes.

España debe agilizar los trámites de acogida de las personas que se ha comprometido a acoger.

España debe pensar como humaniza y respeta los derechos humanos en su frontera sur

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