Imagen de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de la CVONGD
Valencia, 13 de mayo de 2016. Las ONGD, en asamblea, expresaron la grave preocupación que suscitaba las informaciones sobre un posible acuerdo entre las defensas y la fiscalía anticorrupción acordando de manera unánime su desacuerdo y disconformidad, dado que los términos del acuerdo conocidos suponían la impunidad en los graves delitos cometidos presuntamente tal y como va trascurriendo la instrucción del Caso Blasco.
A las organizaciones de la CVONGD les preocupa que el posible acuerdo sea un cierre en falso, y se han opuesto al mismo, dado que no consideraba la comisión de determinados delitos, obviaban la correspondiente inhabilitación de los cargos públicos implicados, además limitaban la responsabilidad civil y no garantizaban la efectiva devolución de fondos, al no establecer mecanismos para ello.
Así mismo, la CVONGD cree que la resolución del Caso Blasco en las piezas 2 y 3 debe ser ejemplar en la lucha contra la corrupción y debe suponer un auténtico ejercicio de justicia que implique que no vuelvan a producirse este tipo de conductas delictivas y más cuando se trata del desvio de fondos destinados a la lucha contra la pobreza en las comunidades más vulnerables del planeta.
La Coordinadora Valenciana de ONGD seguirá aportando, como acusación popular su conocimiento y especialización en el ámbito de la Cooperación para el desarrollo con el objetivo de conseguir la restitución de fondos defraudados para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo. En este sentido la asamblea instó a generar una nueva campaña para la captación de fondos para financiar los gastos judiciales que supone este largo y complejo proceso.
Solicitud de investigar el 1% de las ayudas en publicidad
Asi mismo la CVONGD como acusación popular ha cursado la solicitud a la juez instructora para que se proceda a investigar las empresas que realizaron la publicidad obligada por las bases de las convocatorias de subvenciones públicas de la extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía para los años 2009 y 2010, que suponían la obligación a las ONGD de pagar un 1% de la subvención recibida a empresas de publicidad para la comunicación y difusión de los proyectos realizado.
La Coordinadora Valenciana de ONGD entiende que resulta necesario se proceda a la investigación de dichos hechos por cuanto pudieran tener relación con la investigación que se lleva a cabo en la pieza 2, por lo que ha solicitado al juzgado que se remita Oficio a la Agencia Tributaria y al Registro Mercantil para que remitan toda la información que les conste de las empresas que gestionaron la publicidad.
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