Dina Boluarte, jefa del Estado peruano, promulgaba este 14 de abril la ley por la que se modifican funciones y atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), esto es, el organismo público que supervisa a las ONG que reciben fondos procedentes de la cooperación internacional. En palabras de la presidenta: “Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONGs que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”. De este modo, Boluarte certificaba un camino iniciado el pasado 12 de marzo por el Congreso, que aprobaba la nueva Ley APCI con 82 votos a favor.
Sin embargo, la que públicamente ha sido defendida por sus valedores como una norma que contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas entre las organizaciones receptoras de cooperación internacional, ha sido interpretada por las ONG defensoras de derechos humanos y ambientales como un ataque a los colectivos más vulnerables. En adelante, encontrarán más escollos para acceder a la justicia, así como a otros servicios orientados a la promoción de sus derechos.
Rosa Castañeda, fundadora y directora ejecutiva de Familia Sana, organización creada en 1998 con el propósito de fomentar los derechos y la salud integral de las mujeres más vulnerables de Cajamarca, localidad andina situada en el norte del Perú, ha vivido en primera persona los procesos de control de APCI previos a la nueva norma. De acuerdo con ella: “Ya nuestra institución ha sido fiscalizada. Tuvimos una auditoría de APCI hace 5 años y sí la vimos bastante agresiva. No me imagino cómo va a ser ahora”. Y prosigue: “Vivimos en una sociedad bastante corrupta donde sabemos que el que tiene dinero va a conseguir todo. El problema es con las personas de escasos recursos. Ellas van a ser las más afectadas”. Con un 44.5% de pobreza, Cajamarca se sitúa como la región más pobre de Perú, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Como explica Castañeda, los servicios de salud ofertados por Familia Sana son autosubvencionados. De este modo, los fondos provenientes de la cooperación internacional son empleados en su caso para actividades relacionadas con la información, la educación, la capacitación y el activismo relativos a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la Educación Sexual Integral (ESI). “Nuestro trabajo también es de alguna manera político. Trata de empoderar a las mujeres, de que ellas sean capaces de manejar y controlar sus vidas como mejor les parece”. Es, además, un trabajo que cada día se vuelve más arduo. Tal como precisa, “ahora estamos en una situación bastante difícil de un ataque enorme a todo lo que sea el enfoque de género, la salud sexual y reproductiva. Con pena vemos que los grupos conservadores son mayoría”.
Vía libre para la impunidad
En este nuevo marco normativo, la cooperación internacional se entiende como un componente de la política exterior del Estado peruano y, como tal, “está orientada a captar en el exterior recursos para el desarrollo nacional, así como proyectar la oferta peruana de cooperación técnica internacional, en el marco de las prioridades de desarrollo nacional y de la política exterior”. En este sentido, la ley especifica: “Constituye uso indebido, utilizar los citados recursos [provenientes de la cooperación técnica internacional] para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano”. En otras palabras, las ONG no podrán accionar procesos judiciales o tomar cualesquiera otras acciones que se interpreten como contrarias al Estado o algunas de sus instancias, dejando vía libre a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.
Una desprotección programada
Es 29 de noviembre del 2011. Cajamarca se levanta contra la puesta en marcha del proyecto minero Conga, impulsado por la estadounidense Minera Yanacocha. Durante la violenta represión, la policía, que entre su arsenal cuenta con fusiles de largo alcance, dispara al campesino y comerciante Elmer Campos, dejándolo postrado en una silla de ruedas de por vida. No sería el único damnificado. Otros 14 defensores ambientales también resultaron heridos de gravedad
Casi catorce años después, el proceso judicial continúa. La defensa del sr. Campos está a cargo de la ONG ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quienes tratan de demostrar la responsabilidad de los altos mandos de la policía nacional peruana en el incidente. Ambas entidades reciben financiación procedente de la cooperación internacional.
Sin embargo, la defensa del sr Campos podría peligrar con la aplicación de la nueva norma. Si bien esta no tiene carácter retroactivo, en caso de que las organizaciones promotoras del caso necesitaran nuevos fondos internacionales para emprender subsiguientes acciones legales, podrían encontrarse con la negativa de la APCI. Así, de acuerdo con la nueva ley, todas las entidades deberán estar inscritas en el registro de la agencia de cooperación, requisito que anteriormente aplicaba a las que contaban con beneficios tributarios. Es más: la APCI contará entre sus atribuciones: “Dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos que ejecutan la cooperación técnica internacional; así como a los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebran con el Estado”.
De acuerdo con Deryck Alarcón, abogado e integrante del área legal de Grufides, este requisito estaría proscribiendo en la práctica el derecho de asociación. En sus palabras: “Se va a requerir permisos para ejecutar las acciones, ejecutar el presupuesto de los proyectos aprobados. Estaríamos a la merced de estos funcionarios de APCI para la ejecución, porque si es que uno ejecuta sin esa previa autorización de APCI está cometiendo una infracción”.
La ley, que contempla tres tipos de sanciones (leves, graves y muy graves), establece multas de hasta 500 UIT, cifra equivalente a 2675000 soles peruanos, moneda usada en el país latinoamericano, o, dicho de otro modo, 659350.32 euros. En este sentido, como afirma Alarcón: “Somos organizaciones sin fines de lucro todas las asociaciones. En la realidad, sería desaparecer, destruir a todas las organizaciones porque no habría la capacidad de pago teniendo una multa de esa cantidad. No es lógica, razonable ni proporcional”. El abogado de GRUFIDES contrasta esta multa con la recibida por otros delitos: “Por ejemplo, si una ONG asiste en el juicio a los familiares por la matanza de los 50 peruanos en el contexto de las protestas por la asunción a la presidencia de Dina Boluarte será sancionada con hasta 2675000 soles. Pero a una persona que acepta que ha cometido el delito de minería ilegal contra el Estado, afectando el agua y la tierra de algunas comunidades, se le impone como acuerdo reparatorio, porque se acoge a un principio de oportunidad al reconocer estar haciendo estas actividades, 2000 soles y encima pagados en cinco cuotas”.
Un escenario más complejo para la solidaridad
El desasosiego generado ante la promulgación de la Ley APCI se sitúa en un panorama general cada vez más complejo para la solidaridad internacional. Como indica la coordinadora de proyectos de una organización española que coopera con varias ONG de defensa de derechos humanos en el país latinoamericano y que prefiere guardar el anonimato: “Estamos viendo con mucha preocupación el viraje en cuanto a las políticas de cooperación internacionales. Obviamente, el cierre de USAID genera un precedente. En la Unión Europea y también en muchos gobiernos autonómicos y regionales del Estado español, está habiendo una tendencia a adelgazar los recursos, pero también a introducir otras variables que ya no son la solidaridad internacionalista tal como nosotras entendemos la cooperación. Se está insistiendo mucho en el rol de las empresas. Se mete la palabra innovación. Salen palabras como el retorno de la cooperación al país que dona”.
Mediante comunicados y pronunciamientos las entidades de la sociedad civil española, organizadas en espacios como la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), están alertando sobre la situación. Como expresa la portavoz de la organización española consultada, que, además de la COEECI, forma parte de la Red EU-LAT y del Foro de ONGD españolas en Perú, las normas de juego de la cooperación peruana son más rigurosas de un tiempo a esta parte incluso antes de la promulgación de la nueva Ley APCI. “Si el año pasado [desde APCI] supervisaron 83 proyectos, este año piensan supervisar 430 proyectos. Esto supone el 300% más de proyectos fiscalizados. Además, quieren ir a los territorios a ver cómo se están implementando las acciones. Hasta ahora no se habían metido en temas de fondo y de contenidos, pero por la lista de proyectos a auditar nos parece que esto va tomando otro rumbo”.
