Perú: Esterilizadas contra su voluntad

Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de ayuda alimentaria si no se sometían a la operación. Dieciocho de ellas murieron y muchas no recibieron los cuidados postoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud

Fuente: Amnistía Internacional

Durante la década de 1990, más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas fueron esterilizadas en Perú en el marco de una política de control demográfico dirigida a las personas que vivían en la pobreza.

Existen sólidos indicios de que el personal médico recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de ayuda alimentaria si no se sometían a la operación. Dieciocho de ellas murieron y muchas no recibieron los cuidados postoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud.

Tan sólo 2.074 casos han sido objeto de una investigación, aunque hasta ahora todos, salvo uno, siguen sin respuesta judicial.

En 2002, una Comisión del Congreso determinó que las esterilizaciones se habían practicado “sin consentimiento de las usuarias» y que había habido implicación del gobierno de la época. Sobre la base de estas conclusiones, se formularon denuncias contra el entonces presidente Alberto Fujimori y otros miembros de su gobierno.

A lo largo de los años la justicia se ha mostrado lenta e ineficaz. Pero existe esperanza ya que hace unos meses se reabrieron los casos y, en estos momentos, el Ministerio Público está investigando la práctica generalizada de esterilizaciones forzadas.

Hasta hoy, no hay una cifra oficial de víctimas. Es necesario que se cree un registro único de víctimas para aclarar cuántas fueron realmente las mujeres víctimas de esterilización forzada. El anuncio por parte del gobierno de Perú de la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada en el país es un paso positivo y representa una gran esperanza para las miles de mujeres que siguen luchando por sus derechos.

Además, debe abrir la puerta al desarrollo de una política integral de reparaciones, que debe incluir restitución de sus derechos, indemnización, rehabilitación y acceso a servicios de salud integral, satisfacción y garantía de no repetición.

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