Estos son los mensajes generales que hemos trasladado al Gobierno:
Más allá de la Agenda 2030
Visibilizar que la ley debe mirar más allá del horizonte de la Agenda 2030 y evitar tener una ley con fecha de caducidad tan próxima.
Enfoques transversales
Apostar de forma estratégica y decidida por una cooperación feminista, ecologista, promotora de los derechos humanos y la paz como aspectos centrales que atraviesen la ley en sus principios, objetivos, instrumentos, organicidad, recursos y alianzas. Son los ejes necesarios para impulsar un nuevo paradigma de desarrollo, que transforme la realidad atendiendo a las causas profundas de los retos globales que enfrentamos a través de la promoción del espacio cívico y democrático y las alianzas para el desarrollo sostenible; a través de la promoción de bienes públicos globales y de una revisión profunda del modelo económico que sea inclusivo, sostenible y democratice los recursos.
Coherencia de políticas
Contemplar un compromiso explícito para operativizar la coherencia de políticas de forma que posicione la política de cooperación para el desarrollo sostenible como un pilar central de la acción exterior en el marco de la Agenda 2030.
Reforzar la sociedad civil
Otorgar una mayor dimensión a la promoción del espacio cívico y democrático en los países de cooperación, reforzar la colaboración con las ONGD en un nuevo marco de relación y promover de manera explícita una mayor colaboración con actores de la sociedad civil que sean sujeto de cambio e impulsores de una mayor transformación en las diferentes sociedades (organizaciones feministas, ecologistas, de jóvenes, de comunidades locales, pueblos indígenas, plataformas y movimientos ciudadanos, de defensa de los derechos de la infancia, entidades de economía social y solidaria, campesina y de comercio justo, y el compromiso con las personas y entidades que defienden los derechos humanos). Asumir de manera integral las recomendaciones realizadas por el CAD en julio de 2021.
Ciudadanía comprometida
Situar en el centro la necesidad de una ciudadanía comprometida, activa e implicada en los cambios globales desde un conocimiento crítico de la realidad. Una ciudadanía que participe en la solidaridad internacional, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, la justicia económica, social, de género y la paz, desde lo local y en complicidad con el resto de agentes de la cooperación estatal y descentralizada.
Cogobernanza
Garantizar propuestas más ambiciosas para promover el centro político y avanzar en la cogobernanza a nivel ministerial, superando la fragmentación actual.
AECID
Situar a la AECID como la entidad gestora del Estado que dinamice y amplifique las alianzas -también con la cooperación descentralizada y sin detrimento de sus competencias-, con capacidades humanas, técnicas, instrumentales, financieras y, con un estatuto específico y normas adecuadas para desarrollar actividades de cooperación y acción humanitaria. Necesitamos sentar las bases para que la AECID gestione por lo menos el 25% de la AOD en 2026.
Responsabilidad y transparencia
Garantizar marcos de responsabilidad y transparencia que faciliten la constitución de alianzas e impidan y disminuyan los riesgos reputacionales del futuro sistema de cooperación. Saludamos el compromiso con una ley de debida diligencia empresas y derechos humanos y medioambiente -que debe estar aprobada a nivel nacional en 2022-. Y la apuesta realizada por el conocimiento, la evaluación y la transparencia.
Personas cooperantes
Apostar por un planteamiento más integral de promoción y dignificación de las personas cooperantes que trabajan en el sector, sean nacionales o no.
0,7%
Establecer una hoja de ruta concreta para alcanzar el 0,7% en 2030 con hitos intermedios en 2023 y 2027. Además, debe garantizarse un 10% de la AOD destinado a la acción humanitaria. Esto deberá constar como un compromiso político de país que deberá definir recursos presupuestarios en cada ejercicio presupuestario.
Puedes consultar todo el documento aquí.
Anteproyecto de Ley de Cooperación
