Una de las apuestas más importantes del actual gobierno de Colombia, que tiene a Gustavo Petro como Presidente y a Francia Márquez como Vicepresidenta, es la política de Paz Total. Con ésta, el gobierno se propuso sacar adelante, desde agosto de 2022, siete procesos de paz con las principales estructuras armadas ilegales presentes en todo el país: Ejército de Liberación Nacional –ELN-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, Estado Mayor Central –EMC-, bandas criminales de Medellín, Los Shottas y Los Espartanos, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca.
Esta propuesta de Paz Total es una apuesta ambiciosa, que requiere que el Estado despliegue todas sus capacidades e instituciones para ponerse a disposición de unos procesos de diálogo que, debido al diverso origen y naturaleza de los grupos, tienen necesidades específicas. Además, el gobierno tiene otro gran reto: acompasar el ritmo de las negociaciones -que precisan de un medio y largo plazo y no están exentas de paralizaciones y amenazas- con las necesidades de la población civil en los territorios. Mientras los grupos dialogan, la violencia en todos los departamentos del país no para; todos los días se tienen noticias sobre acciones armadas y violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) de la población. Es decir, las condiciones de seguridad en los territorios siguen siendo muy críticas.
Al mismo tiempo que se declaran altos al fuego, otros grupos armados aprovechan la oportunidad para fortalecer sus capacidades militares y continuar expandiendo su poder hacia esas zonas vacías; o también se dan multitud de disputas entre diferentes grupos armados. A principios de este año 2024, la Defensoría del Pueblo de Colombia resaltó su preocupación por el aumento de la presencia de las estructuras armadas ilegales en todo el país, aportando datos sobre el aumento de diversos grupos en cada vez más municipios. También el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- alerta sobre esta tendencia al alza en el conflicto, al identificar la existencia en el país de 8 conflictos armados.
Personas defensoras de Derechos Humanos
Este agravamiento generalizado de la situación de derechos humanos, afecta de manera más acentuada a las personas defensoras de DD.HH. y lideresas sociales, periodistas y firmantes de paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene alertando desde hace años sobre los riesgos que enfrentan estos grupos, que atentan contra su vida, integridad y seguridad. A partir de sus análisis comparados, la Comisión ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre el hecho de que Colombia es el país más peligroso de América para el ejercicio de la defensa de DD.HH. Así lo afirma en los últimos datos sobre la situación de las defensoras y defensores de los DD.HH. en las Américas, publicados por la Comisión y referidos al periodo de 2023. La CIDH verificó 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda América Latina, 70 de ellos en Colombia; más de 55% de los casos. Brasil quedó en segundo lugar con 21 homicidios.
Un hecho que resalta la CIDH es que los cuatro departamentos más violentos para las personas defensoras de DD.HH. (El Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca) están ubicados en el suroccidente, donde está hay una alta presencia interrelacionada de los siguientes factores: cultivo de la coca, narcotráfico y grupos armados. El quinto departamento, Arauca, se ubica en la frontera con Venezuela, y también ha sido conocido desde hace años como un puerto terrestre para el narcotráfico.
Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones a personas defensoras de DD.HH. en Colombia (SIADDHH), impulsado por el Programa Somos Defensores, entre 2010 y 2022, el registro de agresiones contra personas defensoras asciende a 5.361 amenazas y a 1.346 homicidios. Desde 2017 hasta junio de 2023 han sido agredidas 1.307 mujeres defensoras y lideresas. También tienen registro de 3.144 agresiones -1.063 amenazas y 12 asesinatos- a periodistas en este mismo periodo; y del asesinato de 378 personas firmantes de paz.
Del total de agresiones registradas por el SIADDHH, las amenazas fueron las de mayor incidencia (57%), seguidas de los asesinatos (22%), los atentados, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Según interpretan desde el Programa Somos Defensores, la disminución en ciertas agresiones y el aumento en otras podría relacionarse con un cambio en las estrategias de los actores armados para perpetrar la violencia selectiva, que lleva al aumento de hechos de baja letalidad y con menos impacto a nivel público.
Durante el 2023, a pesar de presentar una disminución respecto al año anterior, el liderazgo indígena se mantuvo en primer lugar como el perfil más afectado. La mayoría de los hechos ocurrieron en el Cauca, donde las autoridades tradicionales y guardias indígenas tienen un trabajo muy significativo en la defensa del territorio y la autonomía de las comunidades.
Examen Periódico Universal de Naciones Unidas
Esta grave situación fue atestiguada en el Examen Periódico Universal (EPU) referido a Colombia, celebrado el pasado noviembre de 2023. En las intervenciones de los países asistentes a la sesión -como Montenegro, Irlanda, Países Bajos, Australia, Austria, Brasil o España-, relativas a personas defensoras de DD.HH., destaca la recurrente preocupación por los persistentes casos de violencia, amenazas, represalias, agresiones y asesinatos, pese a reconocer esfuerzos por combatirla. También se resaltó la preocupación por el aumento de violencias basadas en el género y las altas cifras de violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz.
Como recomendaciones, resaltaron la necesidad de reforzar la prevención, la protección colectiva y los medios diferenciados de en función de las necesidades específicas de las defensoras. Así como fortalecer las garantías de investigaciones imparciales, rigurosas y efectivas de los casos de violencia.
Alto grado de impunidad
Esta última recomendación del EPU está relacionada con la gran impunidad que tienen estos casos: de la mayoría de los asesinatos se desconoce la responsabilidad. A fecha 31 de diciembre de 2022, de los 417 casos de asesinatos de líderes y lideresas que investigaba la Fiscalía General de la Nación (FGN), 84 casos estaban en etapa de ejecución de penas y 110 en juicio. Además, el hecho de que la Unidad Especial de Investigación de la FGN, creada en el Acuerdo de Paz, no haya avanzado de forma decidida en su mandato de esclarecimiento de los vínculos políticos, económicos y militares de los grupos sucesores del paramilitarismo es un factor de impunidad de estas estructuras, que son responsables de la mayor parte de las agresiones.
Según el Programa Somos Defensores, de los 168 asesinatos verificados por el SIADDHH en 2023, la presunta responsabilidad corresponde en un 56% (95 casos) a actores desconocidos. De la misma forma que ocurrió en los dos años anteriores, le siguen los hechos en donde la responsabilidad corresponde presuntamente a grupos paramilitares. Los otros actores identificados son, por orden de incidencia, grupos postacuerdo de paz -especialmente las disidencias de las FARC que no firmaron el Acuerdo de Paz o lo firmaron y volvieron a las armas-, autores individuales, bandas criminales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, alianzas criminales y la fuerza pública.
Afectaciones diferenciales por razón de género
Las mujeres que se dedican a defender los derechos humanos se encuentran en riesgo, no solo por su ejercicio de lucha y reivindicación social, sino también por su condición de género. En este sentido, se exponen a violencias de género sociopolíticas y a violencias cotidianas estructurales que son ejercidas, tanto por actores violentos externos, como por personas de sus propias organizaciones, comunidades y familias. Estas violencias diferenciales van desde la exclusión, la invisibilización o minimización de sus liderazgos por el hecho de ser mujeres, hasta violencias físicas y conductas discriminatorias con marcas de género, como violencias sexuales y feminicidios. Esta situación se entrecruza, además, con otros factores, como la pertenencia a grupos étnicos o la orientación sexual e identidad de género diversa.
Este tipo de ataques en contra de defensoras y lideresas impactan también a las demás mujeres de las comunidades, infundiendo miedo y buscando coartar los procesos organizativos que adelantan en la lucha por sus derechos. Es decir, la violencia sobre los cuerpos de las mujeres tiene una dimensión simbólica de dominación y disciplina contra la resistencia comunitaria. A través de la intimidación, violencias psicológicas, amenazas contra la integridad, hostigamientos, violencias sexuales, físicas y simbólicas, buscan desestimular la participación social y política de las mujeres por medio del uso de la fuerza.
Estas prácticas son especialmente graves en un país en el que las mujeres y las organizaciones de mujeres han protagonizado y liderado experiencias de resistencia al conflicto armado y de construcción de paz. Las violencias contra las defensoras de DD.HH. también son un atentado contra la construcción de la paz, y, desde el nuevo y primer Plan de Aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas en Colombia, sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, se deben incluir medidas que mejoren la protección de las lideresas y contribuyan a la erradicación de las violencias contra ellas.
Medidas de protección a personas defensoras de DD.HH.
El Programa Somos Defensores contabiliza, desde 2022, once medidas impulsadas por el gobierno para mejorar las garantías de protección a personas defensoras de DD.HH. De estas once, cinco de ellas no presentan avances respecto al objetivo trazado y el tiempo transcurrido; y las restantes, aunque presentan resultados, no logran generar las garantías necesarias para ejercer sin riesgo alguno el derecho a defender los derechos humanos.
Las medidas valoradas como ineficaces son las siguientes:
- Plan de Emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y firmantes de paz;
- Mesa Nacional de Garantías –MNG–;
- Unidad Nacional de Protección;
- Política Pública de Prevención;
- Chat de reacción inmediata:
En cuanto a las medidas valoradas como medianamente eficaces, son:
- Mesas Territoriales de Garantías
- Política Pública Integral de Garantías para la labor de Defensa de los DD.HH.;
- Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD);
- Decreto 660 de 2018 por medio del cual se crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios;
- Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo;
- Directiva Presidencial 07 de 2023 de la Presidencia de la República.
De estas once medidas, la que, principalmente, ha sido objeto de trabajo por parte de las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo a la defensa de los DD.HH. de las mujeres y la Paz en Colombia es el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD). Las organizaciones de Colombia integradas en la Mesa trabajan por la protección de las defensoras de DD.HH. y lideresas sociales; y, en este sentido, SISMA Mujer ha participado en el impulso, ejecución y seguimiento de este Programa.
Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD)
Recientemente, en febrero de 2024, la SISMA publicó el informe “PIGMLD. III Balance: Construcción de un rumbo hacia la consolidación del nuevo Plan de Acción cuatrienal (2023-2026) y Valoración de avances del Plan de Acción cuatrienal (2019-2022)”. La organización ha realizado este trabajo junto a otras cuatro organizaciones: Mujeres Sembrando Vida, ASOMUDEM, Esfuérzate y Vida Digna; a partir del análisis documental, entrevistas a mujeres lideresas y defensoras de diferentes territorios, la observación participante y el diálogo con integrantes del movimiento social de mujeres del país.
SISMA Mujer da seguimiento permanente, a través de la observación-participación, a la implementación del PIGMLD. Además, la organización estuvo en los antecedentes del proceso social histórico que llevaron a su formulación. Es necesario reconocer que el Programa, que inició en el año 2009, es resultado del trabajo de incidencia y exigencia que durante décadas realizó el movimiento social de mujeres.
La valoración general de la organización es que, en estos 15 años, el Programa ha tenido avances normativos y jurisprudenciales históricos para generar garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos de los liderazgos femeninos en Colombia. Sin embargo, su ejecución no está exenta de riesgos y retos.
El año 2023 se caracterizó por ser un momento de transición, tanto por el fin del primer Plan de Acción cuatrienal del PIGMLD, en diciembre de 2022, como por la dinámica propia del primer año del nuevo gobierno. Este gobierno mostró una decidida voluntad política para impulsar la agenda de protección y garantías para el ejercicio de la defensa de derechos en Colombia, pero las reformas legislativas y transformaciones sociales propuestas en esta materia responden a procesos de largo plazo y que enfrentan grandes desafíos.
Al finalizar el anterior Plan de Acción Cuatrienal, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se centró en la elaboración del nuevo Plan (2023-2026), mediante la implementación de una metodología participativa, que recogiera las recomendaciones de plataformas de mujeres heterogéneas, ubicadas en contextos territoriales diversos. En los doce espacios territoriales convocados, se constató la persistencia de retos en la pedagogía sobre el PIGMLD, es decir, en la comprensión adecuada de lo que significa “territorializar” el Programa, en el reconocimiento de los liderazgos diversos de las mujeres, en la representatividad territorial y de la pluralidad de liderazgos y agendas, en la ampliación de la convocatoria y en la creación de condiciones que ayuden a tejer y fortalecer liderazgos afectivos. A pesar de estas dificultades, se lograron consensos mínimos sobre las necesidades y demandas priorizadas por las mujeres lideresas y defensoras y sus procesos organizativos.
Estos consensos se han venido enriqueciendo sistemáticamente con las recomendaciones de las plataformas nacionales de mujeres, entre las que se encuentra Sisma Mujer. El primero de ellos se basa en la necesidad de potenciar la articulación y el intercambio constante entre las instituciones públicas responsables de la aplicación del Programa con organizaciones de mujeres presentes en diferentes territorios del país. Otra de las exigencias tiene que ver con la urgencia de acelerar todas las acciones incluidas en el PIGMLD, y asegurar el compromiso de las 28 entidades involucradas en su ejecución. Estas entidades, según recoge la publicación realizada por Sisma Mujer, tienen un grado de cumplimiento variable, y algunas de ellas presentan retrasos significativos, especialmente la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.
Finalmente, el movimiento de mujeres demanda mejoras para materializar el enfoque de seguridad humana y feminista e incorporar los enfoques de género e interseccional étnico, antirracista, territorial y LBTI, al mismo tiempo que se busca concretar respuestas y soluciones a las demandas y necesidades reales y actuales de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
A modo de cierre
Cuatro años son pocos para realizar cambios estructurales en un país que históricamente ha estado atravesado por la inequidad y la guerra, sin embargo, el gobierno ha de realizar esfuerzos adicionales para avanzar en estas acciones transformadoras, en continuo diálogo con la sociedad civil. Uno de los desafíos más importantes es avanzar en la apuesta de Paz Total, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de seguridad en los territorios; donde, como hemos visto, los índices de violencia no dejan de aumentar.
Otro asunto prioritario, sobre el que hemos puesto el foco es la efectiva ejecución de políticas que aporten garantías para las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, especialmente las mujeres. Tal y como hemos ido describiendo en el artículo, existen algunas políticas e instrumentos, como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de DD.HH.; que, sin embargo, se encuentran en estados de ejecución muy variables.
Esta situación se tiene que mejorar, además de con la aceleración en la ejecución de las políticas y medidas previstas, teniendo en cuenta las aportaciones y recomendaciones de las mujeres defensoras y lideresas sociales, que son quienes enfrentar diariamente las agresiones a sus vidas en los diversos territorios de Colombia.
