Los compromisos climáticos no se cumplen. La ONU denuncia un “catastrófico aumento” de la temperatura global en 3,2 grados más a final de este siglo. Las consecuencias sobre las vidas de las personas son enormes; especialmente para los países que sufren situaciones de pobreza. El cambio climático podría empujar a 120 millones de personas a la pobreza hasta 2030.
El movimiento climático, protagonizado por jóvenes y personas defensoras del planeta, se enfrenta a un mundo cada vez más autocrático. El año pasado, 227 personas fueron asesinadas por defender sus territorios y los ecosistemas ante las agresiones de la minería, el agronegocio o empresas energéticas.
El poder de las personas
El papel de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y la justicia global es clave. En distintos lugares del planeta hace mucho tiempo que las personas protegen los entornos. Jóvenes de todo el planeta han liderado las movilizaciones que han denunciado la inacción de los gobiernos. Los pueblos indígenas, que son el 5% de la población mundial y preservan el 80% de la biodiversidad mundial, sufren hostigamientos contantes e incluso asesinatos por proteger sus territorios.
En España, varias organizaciones hemos impulsado el Juicio por el Clima para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos.
La llamada educación para la ciudadanía global hace un trabajo constante de abono para explicar las consecuencias que el cambio climático tiene sobre la vida de las personas en cualquier lugar del mundo. Y en 39 países avanzan los litigios climáticos, algunos de ellos con resultados favorables, como la reciente sentencia en Francia. En España, varias organizaciones hemos impulsado el Juicio por el Clima para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos.
España puede y debe hacer más
Los pasos que va dando el Gobierno son aún insuficientes. El compromiso de reducción de emisiones para 2030 debe pasar el 23% actual al 55%, abandonar la venta de vehículos de combustión fósil en 2025, establecer cláusulas firmes para que los mercados de compensación no supongan desincentivos para los grandes emisores o creen una burbuja de proyectos que amenacen derechos humanos y comunidades locales.
Es fundamental un compromiso sólido con la financiación climática para la adaptación y mitigación y para pérdidas y daños en los países en desarrollo. Los 100.000 millones de euros anuales comprometidos en el Acuerdo de París para apoyar a estos países no se están cumpliendo. A pesar del reciente anuncio del presidente Sánchez de aportar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación, España sigue por debajo de la parte que le corresponde.
Las personas defensoras de la naturaleza y el territorio, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, las personas jóvenes y la sociedad civil deben estar en el centro de la lucha contra la emergencia climática. Por otra parte, es urgente fortalecer alianzas internacionales para la defensa de la Amazonía, zonas selváticas y ecosistemas emblemáticos amenazados. También es necesario garantizar estándares climáticos de sostenibilidad y derechos humanos a los productos agropecuarios importados de estas zonas.
Los retos son enormes, la urgencia también. La ciudadanía mundial lo tiene claro, confiamos en que los gobiernos sepan estar a la altura. Nos jugamos mucho como humanidad.
