Una veintena de organizaciones pide al Gobierno que garantice el acceso global a la vacuna de la farmacéutica Hipra, desarrollada con inversión pública

El Gobierno ha invertido millones de euros en el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica española que está a punto de comenzar la tercera fase de los ensayos clínicos, etapa previa a su aprobación definitiva.

Las organizaciones reclaman a Pedro Sánchez que se impongan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que las licencias de las vacunas Covid-19 desarrolladas con dinero público no sean exclusivas, asegurando así el acceso a ellas.

Piden que la vacuna de Hipra y las que desarrolla el CSIC se incorporen a C-TAP, la plataforma impulsada por la OMS para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de las vacunas y de otras herramientas contra la Covid-19.

Una veintena de organizaciones, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización Médica Colegial, No Gracias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Farmamundi, Amnistía internacional, Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGD) y la campaña Right2Cure, han enviado hoy una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que haya más protección de la inversión pública que se está destinando al desarrollo de las vacunas y otras herramientas sanitarias contra la Covid-19.

El documento recalca que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica.

15 millones en ayudas públicas

Las organizaciones muestran especial preocupación por el caso de Hipra, una compañía española que desarrolla una vacuna contra la Covid-19 que está a punto de comenzar el ensayo clínico en fase 3, con 3000 pacientes de 15 hospitales de España, Italia y Portugal. Si todo sale bien, esta sería la última etapa antes de comenzar su proceso de regulación y autorización. Para la investigación y el desarrollo de la vacuna, recuerdan las entidades, la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Sin embargo, afirman las organizaciones, nada garantiza que cuando la vacuna empiece a producirse pueda llegar a todas las personas que la necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, recuerdan a Pedro Sánchez que “se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente proporcional a sus esfuerzos de inversión”.

El camino ya existe

En la carta, las entidades ponen como ejemplo la vacuna Corbevax, desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine, cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.

En el caso de la vacuna de Hipra y de las vacunas que desarrolla en estos momentos el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las entidades firmantes reclaman que sus licencias se compartan a través de C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la Covid-19.

“Se deben incorporar condiciones y provisiones de acceso para que tanto las entidades públicas como privadas, licencien sus productos a través de acuerdos globales y no exclusivos, a través de C-TAP, compartiendo los derechos de propiedad intelectual, con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, señala la carta. Además, pide al Gobierno que la financiación destinada a instituciones públicas sea la misma que la que se invierte en instituciones y empresas privadas.

En noviembre de 2021, España fue el primer país en sumarse a C-TAP incorporando a esta plataforma un test diagnóstico desarrollado por el CSIC. Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo. Esta cesión demuestra que “el Gobierno de España tiene la oportunidad de avanzar y liderar a nivel mundial el planteamiento de soluciones concretas para conseguir un acceso y una distribución justa y equitativa de las vacunas”, añade la carta.

La pandemia de la inequidad

Las organizaciones recuerdan que estamos en un momento clave. Mientras en los países más ricos los gobiernos se preparan ya para convivir con la Covid-19, ponen terceras dosis e incluso avanzan en una cuarta, en los países de bajos ingresos se ha vacunado con dos dosis solo al 10% de la población.

“La causa son los monopolios de las vacunas que han limitado la producción y elevado los precios junto con el acaparamiento de vacunas desencadenado entre los países que pueden pagar los precios impuestos por contrato por las farmacéuticas”. Sin embargo, aseguran, la estrategia debería ser la contraria, “aumentar la producción y diversificarla en todas las regiones del mundo fortaleciendo los sistemas sanitarios”. Se trata, en definitiva, de “mejorar la respuesta de todos los países a los desafíos globales de salud pública”.

Enlace a la carta enviada hoy por las organizaciones.

Más información:

– Lydia Molina, lydia.molina@saludporderecho.org – 680 667 647
– Nora Mora, nora.mora@medicosdelmundo.org – 656 957 908

Organizaciones firmantes

Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Organización Médica Colegial, No Gracias, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Amnistía internacional, Oxfam Intermón, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos sin Fronteras, Farmamundi, Plataforma de afectados por hepatitis C (PLAFH), medicusmundi, Comisiones Obreras – CCOO, Unión General de Trabajadores – UGT, Right2Cure – Campaña Non Profit on Pandemic EU, Intersindical Valenciana, ACDESA PV, AVUSAN Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad, Confederación Intersindical, CEAV, Confederación Intersindical Galega, Valencia Saludable, medicusmundi Mediterránea y STEC Cantabria.

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