Fuente: Alianza por la solidaridad
Este caso fue denunciado por Alianza por la Solidaridad-Action Aid porque las obras afectan a las más de 29.000 personas q’eqchí que viven junto al Río Cahabón, donde se realiza esta infraestructura.
La publicación del informe del PNC coincide con el encuentro en la capital Ciudad de Guatemala de representantes de Alianza,el Colectivo Madreselva y de los q’eqchi con el Embajador español en el país, Alfonso Manuel Portabales, para hacerle entrega del informe y exponerle la situación de las comunidades afectadas por el caso RENACE, así como del líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en el mismo departamento que la obra de ACS, Alta Verapaz.
El documento del PNC, que apoya la reclamación planteada por Alianza por la Solidaridad, no menciona el nombre de la compañía, pero da la razón a la ONG en su reclamación por vulneraciones de derechos, dejando claro queel hecho de ser contratista de la obra por la guatemalteca Corporación Multiinversiones no le exime del cumplimiento:
“Se recuerda a la empresa española objeto de la queja que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son muy exigentes en materia de debida diligencia, de tal forma que la posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla e instarle a cumplirlos en caso de detectarse incumplimientos”.
“De cara a futuros proyectos, el grupo debe velar por que antes de la realización de un proyecto se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas, en línea con La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se anima a que revisen su política de RSC para incluir, como parte de la política estructural del grupo empresarial, la necesidad de realizar una supervisión activa de los socios locales en todo el mundo en materia de riesgos en línea con la Guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable de la OCDE”.
Sobre el informe de impacto ambiental completo, que tampoco existe, le insta a contribuir al que ordena hacer la sentencia guatemalteca y,si fuera necesario hacer otro independiente, además de participar en la mejora de las condiciones de vida de la población afectada por la hidroeléctrica RENACE.
Entre sus recomendaciones, dado que el PNC es sólo un organismo sin capacidad sancionadora, señala que, como la obra ya está prácticamente terminada, la compañía española debiera comunicar a los afectados que “lamenta los posibles perjuicios que haya podido causar esta omisión por su parte del deber de vigilancia de acuerdo con las Líneas Directrices de la OCDE (relacionadas con los derechos humanos), así como su propósito de colaborar con las autoridades judiciales guatemaltecas para la mitigación y remediación de los mismos”.
