Un nuevo informe advierte que las personas forzadas a huir de la guerra, la violencia y la persecución se encuentran cada vez más en la primera línea de la crisis climática global, expuestas a una combinación letal de amenazas, y sin la financiación y el apoyo necesarios para adaptarse.
El informe, publicado el 12 de noviembre por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en colaboración con 13 organizaciones expertas, instituciones de investigación y grupos liderados por refugiados, utiliza los datos más recientes para mostrar cómo las crisis climáticas interactúan con los conflictos, empujando a aquellos que ya están en peligro a situaciones aún más graves.
De los más de 120 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, tres cuartas partes viven en países severamente afectados por el cambio climático. La mitad se encuentra en lugares que sufren el impacto de conflictos y graves amenazas climáticas, como Etiopía, Haití, Myanmar, Somalia, Sudán y Siria.
Según el informe – Sin Escape: En la Primera Línea del Cambio Climático, el Conflicto y el Desplazamiento Forzado – para 2040 se espera que el número de países que se enfrentan a amenazas climáticas extremas aumente de 3 a 65, de los que la gran mayoría acogen a personas desplazadas. Del mismo modo, se prevé que la mayoría de los asentamientos y campamentos de refugiados experimenten el doble de días extremadamente calurosos para 2050.
“Para las personas más vulnerables del mundo, el cambio climático es una dura realidad que afecta profundamente sus vidas”, manifestó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. “La crisis climática está impulsando el desplazamiento en regiones que ya albergan a un gran número de personas desplazadas por conflictos e inseguridad, agravando su situación y dejándolas sin un lugar seguro al que ir”.
Un ejemplo es el devastador conflicto en Sudán, que ha obligado a millones de personas a huir, de las que 700.000 que han cruzado a Chad, un país que lleva décadas acogiendo a refugiados y que, sin embargo, es uno de los más expuestos al cambio climático. Al mismo tiempo, muchas de las personas que han huido de los combates, pero han permanecido en Sudán, están en riesgo de verse forzadas a un nuevo desplazamiento debido a las graves inundaciones que afectan al país.
Asimismo, el 72 por ciento de los refugiados de Myanmar han buscado protección en Bangladesh, donde las catástrofes naturales como ciclones e inundaciones se clasifican como extremos.
“En nuestra región, donde tantas personas han sido desplazadas durante tantos años, vemos los efectos del cambio climático ante nuestros propios ojos”, declaró Grace Dorong, activista climática y ex refugiada que vive en Sudán del Sur. “Espero que los testimonios de las personas en este informe ayuden a los responsables de la toma de decisiones a entender que, si no se aborda, el desplazamiento forzado – y el efecto multiplicador del cambio climático – empeorará. Pero si nos escuchan, también podemos ser parte de la solución”.
El informe también destaca que la financiación destinada a la respuesta climática no está llegando a las personas refugiadas, sus comunidades de acogida y otros colectivos en países frágiles y devastados por la guerra, por lo que su capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático está deteriorándose rápidamente.
En la actualidad, los Estados extremadamente frágiles ante el cambio climático reciben solo alrededor de 2 dólares estadounidenses por persona en financiación anual para la adaptación, un déficit sorprendente en comparación con los 161 dólares estadounidenses por persona en Estados no frágiles. Cuando la inversión llega a los Estados frágiles, más del 90 por ciento se destina a las capitales, mientras que otras zonas del país rara vez se benefician.
Estas conclusiones se publican en el marco de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, donde ACNUR está solicitando un aumento de la financiación en respuesta al cambio climático que llegue a los más necesitados. La Agencia de la ONU para los Refugiados también insta a los Estados a proteger a las personas desplazadas por la fuerza que además se enfrentan a la amenaza de desastres climáticos, así como a hacer posible que tanto los desplazados como las comunidades que los acogen tengan voz en las decisiones financieras y políticas.
“La emergencia climática representa una enorme injusticia”, declaró Filippo Grandi. “Las personas obligadas a huir y las comunidades que las acogen son quienes tienen menor responsabilidad en las emisiones de carbono y, sin embargo, están pagando el precio más alto. Los miles de millones de dólares en financiación climática nunca les llegan, y la asistencia humanitaria no puede cubrir adecuadamente una brecha cada vez mayor. Las soluciones están en nuestra mano, pero necesitamos una acción urgente. Sin los recursos y el apoyo adecuados, los afectados quedarán atrapados”.