Desde inicios de marzo, las noticias en los medios críticos con el gobierno nicaragüense han tenido varios «bombazos informativos» con los que copar sus portadas: empezando por la presentación de un plan de debate en torno a la legislación sobre las redes sociales en la Asamblea Nacional, a principios de marzo, y siguiendo con la quema de la Reserva Biológica Indio Maíz(una de las reservas naturales mejor preservadas en Nicaragua) y la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en lo que llevamos del mes de abril.
Esto ha provocado una respuesta social que se está extendiendo por todo el país, desde las comunidades Rama de la Reserva Natural hasta la capital, pasando por los diferentes departamentos de la zona del Pacífico. Y como respuesta a las movilizaciones y demandas, el gobierno de Daniel Ortega ha desplegado su «arsenal militante», movilizando a la Juventud Sandinista, personas trabajadoras y estudiantes.
El lunes 12 del pasado marzo, la vicepresidenta Rosario Murillo daba la noticia del planteamiento de un debate por parte del presidente hacia la Asamblea Nacional en torno al control y legislación sobre las redes sociales, argumentando que había que revisar, «a la luz de las situaciones actuales», los posibles aspectos de las redes sociales que afectaban a la convivencia. Al día siguiente, la vicepresidenta anunciaba que el legislativo ya estaba en posesión de un «plan de trabajo» en torno a este debate, lo cual no ha sido acompañado de mayor información. Ya desde el primer día, organizaciones y sociedad civil han estado denunciando la que califican como «ley mordaza» o «ley bozal», estableciendo un curioso vínculo con la ley española, y protestando por el aumento del control social por parte del gobierno. Días después de estos anuncios, tanto el Poder Judicial como la Asamblea Nacional iniciaban las consultas relativas a esta posible reforma. El carácter de la misma y las implicaciones que podría tener, se unen a la falta de información concreta sobre el debate que se está dando en las instituciones, lo cual ha derivado en una respuesta de la sociedad civil en las mismas redes sociales, llegando incluso a la cuenta de Twitter del obispo auxiliar Silvio José Báez, entre otras personalidades y organizaciones.
Noticia del diario La Prensa/Noticia del diario 100% Noticias
Tras esta noticia de marzo, parecía que el ambiente político se calmaba, pero esto únicamente duraría lo que restaba de mes, ya que a inicios de abril estallaba la noticia de un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, reconocida por la UNESCO como reserva mundial de la biosfera. Este incendio, presuntamente provocado por un agricultor según ha aparecido en algunas noticias, ha quemado más de 5.000 hectáreas del mayor pulmón de América Central. Ante los avisos que ya había por parte de las comunidades habitantes de la Reserva y la inoperancia estatal, que únicamente destinó al Ejército a la zonarestringiendo el acceso a bomberos nacionales y extranjeros y a medios de comunicación y activistas, las protestas por el cuidado del medio ambiente se han extendido por todo el país. Como respuesta, el gobierno movilizó a policías y a la Juventud Sandinista, reprimiendo las movilizaciones mediante la actuación policial. Incluso la Fundación Del Río, principal organización de la zona dedicada al cuidado del medio ambiente, ha sido objeto de un aviso por parte del gobierno debido a supuestas actuaciones irregulares.
Tras la extinción del incendio y el inicio de las labores de reforestación, aún presente el conflicto, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el cual por mal uso de los fondos se encuentra desde hace meses en estado financiero crítico, anunció una serie de reformas enfocadas a «paliar» esa misma crisis este mismo lunes 16 de abril. Esto no ha hecho otra cosa que aumentar la indignación social y las protestas, ya que la reforma planteada carga a las personas contribuyentes, con más incidencia en las personas más vulnerables, el peso de dudosas inversiones y malos usos del dinero realizadas por el propio Instituto. El porqué de las movilizaciones sociales se deduce en el propio paquete de reformas, que incluye el aumento del aporte a la Seguridad Social tanto de trabajadores como de pensionados, además de ajustes en las futuras pensiones que reducen el beneficio de las personas trabajadoras jubiladas. Las convocatorias no se han hecho esperar, e inmediatamente después del anuncio del INSS tanto organizaciones sociales como personas individuales han realizado diversas acciones como plantones frente al Instituto o comunicados públicos. Ante esto, el gobierno nuevamente ha movilizado a la Juventud Sandinista en apoyo incondicional a las políticas llevadas a cabo, ocasionando altercados en diferentes ciudades y municipios de Nicaragua por el enfrentamiento de éstos últimos y manifestantes.
