Rechazo a la violencia policial durante el Paro Nacional en Colombia: el gobierno de Duque debe garantizar el derecho a la protesta

Desde la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

Las protestas denuncian el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, las masacres perpetradas en el país y el estancamiento en la implementación de los acuerdos de paz.

colombia protestas

El pasado 28 de abril se inició el Paro Nacional en Colombia, convocado por el Comité Nacional de Paro y extendido a más de 500 municipios del país. Uno de los principales motivos del paro fue el rechazo a la propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, que, denunciaban, agudizaría las desigualdades socioeconómicas del país considerado por algunas instituciones el más desigual del mundo.

A pesar de que el Gobierno retiró su propuesta de reforma fiscal el 3 de mayo, las protestas han continuado en las calles del país, porque el descontento abarca diferentes demandas y sectores de la población. El sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, las masacres perpetradas en el país y el estancamiento en la implementación de los acuerdos de paz son algunos de los reclamos más significativos.

Privatización del sistema de salud

El Comité Nacional de Paro también se opone a un proyecto de ley propuesto por el gobierno, que tiene como objeto la reforma del sistema de salud del país y que ahondaría en su privatización. Además, el Comité critica la gestión del gobierno de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19 y exige la aceleración de la vacunación y una mejora de la atención en salud; así como la garantía de una renta básica de al menos un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo para las pequeñas empresas.

De hecho, la convocatoria de paro nacional de este año es la continuación de una serie de protestas sociales pacíficas realizadas en los últimos años, que reclaman un cambio de política que mejore la protección de los derechos socioeconómicos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Violaciones de los derechos humanos

Numerosas organizaciones sociales y medios de comunicación han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en estas jornadas de manifestaciones, que continúan desde el pasado 28 de abril. La “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas” ha registrado y publicado los siguientes hechos, hasta el 5 de mayo: 24 personas fallecidas y 381 heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género; 1.180 personas han sido detenidas; 8 allanamientos posteriormente declarados ilegales, incluyendo las detenciones asociadas; 569 denuncias presentadas por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Uso de la fuerza

Desde la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos referidas. Rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y señalamos la responsabilidad que tiene el gobierno del presidente Duque de garantizar los derechos relacionados con la libre expresión y la manifestación pública y pacífica contra las políticas del Gobierno, como una forma legítima de participación política reconocida en la Constitución.

Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas ha denunciado disparos y agresiones por parte de la Policía contra integrantes de uno de sus equipos de misión y verificación de Derechos Humanos en Cali, por los que la organización se ha mostrado «profundamente alarmada». Ante este gravísimo hecho, es necesario insistir en que el gobierno del presidente Duque tiene la responsabilidad de garantizar la protección de las personas integrantes de los organismos internacionales para que continúen realizando su labor de verificación.

Peticiones desde la Mesa

Desde la Mesa de Apoyo consideramos que la comunidad internacional debe incrementar su exigencia al gobierno de Colombia en aras de:

  • Promover la vía del diálogo y consenso para abordar los conflictos sociales y políticos, así como las demandas de los sectores que convocan las protestas;
  • Cumplir integralmente la sentencia 7641 de 22 de septiembre de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, y a adoptar regulaciones al uso de la fuerza acordes con los estándares internacionales.

Así mismo, las instituciones públicas correspondientes deben investigar, juzgar y sancionar a los agentes estatales y otras personas responsables de abusos y violencia en el marco de las protestas.

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