Pronunciamiento por la democracia y la independencia del Poder Judicial en El Salvador

Fundación por la Justicia recuerda que, en los últimos años, la calidad de la democracia salvadoreña ha retrocedido y, según el informe de Freedom House 2020, El Salvador ha pasado de ser un “país libre” a “parcialmente libre”.

El cambio de estatus es consecuencia de la presencia de grupos criminales, violencia, intimidación contra políticos y población civil, y debido a la obstaculización y politización que sufre el sistema de justicia.

El Salvador - Corte Suprema de Justicia

El triunfo de Nayib Bukele en 2019 rompió con treinta años de bipartidismo ARENA-FMLN. No obstante, casi dos años después de haber iniciado el mandato presidencial, diferentes organizaciones e instituciones han advertido de los atropellos cometidos por el mandatario. Quizá el momento más significativo fue el del 9 de febrero de 2020, cuando el Presidente, acompañado por policías y militares, entró a la Asamblea Legislativa y amenazó con disolver el Congreso. La sociedad salvadoreña fue testigo, veintiocho años después de la firma de los Acuerdos de Paz, de cómo los políticos y las fuerzas de seguridad menoscababan nuevamente la democracia.

«Centros de contención»

Con el inicio de la pandemia y el confinamiento, el presidente Nayib Bukele tomó decisiones y ejecutó acciones atropellando la separación de poderes, y desoyendo e incumpliendo diversas sentencias. Algunos ejemplos de esto fueron la creación de «Centros de Contención», donde miles de salvadoreños fueron encerrados por mayor cantidad del tiempo recomendado por los expertos; los cierres perimetrales controlados por el ejército en algunos municipios; diversos Decretos ejecutivos que invadían las competencias del Poder Legislativo; y las amenazas y chantajes a Diputados de la Asamblea Legislativa y a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario ha atacado a diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, tales como Human Righs Watch (HRW); la Universidad Centroamericana “José Siméon Cañas” (UCA); la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); y diversos periódicos y medios de comunicación no alineados con el discurso oficial, tales como El Faro, GatoEncerrado, Revista Factum, entre otros.

Por otra parte, el gobierno ha creado su propio periódico y controla otros medios de comunicación confiscados mediante el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Radios, periódicos digitales y canales de televisión divulgan la propaganda gubernamental y atropellan la libertad de prensa.

Elecciones

En este contexto, el pasado 28 de febrero de 2021 se llevaron a cabo las elecciones legislativas, en las que el partido creado por Nayib Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo 56 de 84 escaños; es decir, mayoría cualificada. En la historia democrática de El Salvador ningún partido político ha alcanzado ni la mayoría cualificada ni la mayoría simple (43 diputados).

Diversas organizaciones, instituciones, profesionales y académicos advirtieron de los peligros que podía causar el control del poder legislativo, ya que la mayoría cualificada le otorga a Nuevas Ideas la posibilidad de, entre otras cosas, suspender y restablecer las garantías constitucionales; elegir y destituir al Fiscal General de la República; elegir y destituir al Procurador General y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; elegir a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; y elegir y destituir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

Destitución de magistrados

El pasado 1 de mayo de 2021, a unas cuantas horas de haber iniciado la nueva legislatura, los diputados de Nuevas Ideas y 8 diputados aliados destituyeron, de manera ilegal y sin cumplir las garantías procesales, a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.

Existe un grave riesgo en la elección de nuevos Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CorteSuprema de Justicia, ya que, en primer lugar, no se ha seguido el proceso establecido en la Constitución de la República; y, en segundo lugar, los nuevos Magistrados y el Fiscal General son afines al partido de gobierno. Los tres poderes del Estado han quedado bajo el control de Bukele y del partido Nuevas Ideas.

Condena internacional

Es preocupante que la elaboración y aprobación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa y las actuaciones de un Presidente que ha sido calificado por diversos organismos como autoritario, no tenga un contrapeso en el Poder Judicial, poder vertebrador y garantía del Estado de Derecho.

Nos unimos a los pronunciamientos de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, del Secretario General de la ONU, del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y suscribimos el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que con fecha 3 de mayo de 2021 “condena la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a las cinco personas Magistradas propietarias de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y las cuatro suplentes, así como al Fiscal General de la República, incumpliendo las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso”.

Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial. Por lo tanto, la separación anticipada del cargo de una persona magistrada debe obedecer exclusivamente a las causales previamente establecidas, en un proceso que respete el debido proceso y las garantías judiciales y cualquier decisión debe estar debidamente motivada.

Informe de la OEA

El Informe de la reciente Misión especial de la Secretaría General de la OEA a El Salvador, publicado el 2 mayo 2021, señaló su preocupación «sobre acciones que podrían vulnerar el estado de derecho y la democracia salvadoreña, como la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información, el posible aumento de la militarización del país, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Paz, el desacato expreso a las sentencias judiciales, la emisión de Decretos inconstitucionales para contener la pandemia, que vulneraron derechos constitucionales de personas a quienes injustificadamente se les privó de la libertad y las expresiones que fomentan la violencia contra altas autoridades de las instituciones democráticas del Estado”.

La Comisión insta a El Salvador a “respetar el Estado democrático de derecho y anuncia que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país».

La democracia salvadoreña atraviesa un momento decisivo y se encuentra en grave peligro. Entregar el control total de los poderes del Estado a un solo partido puede dar paso a un régimen autoritario. Desde Fundación por la Justicia hacemos un llamado a los nuevos Diputados de la Asamblea Legislativa a actuar en pro de la democracia y la institucionalidad; a tomar decisiones no en favor de intereses partidarios, sino a favor de la sociedad y la democracia salvadoreñas; y a condenar e impedir el acoso a los Magistrados por parte de las fuerzas de seguridad.

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