PGE23 dan pasos hacia la protección social, pero aún están lejos del 0,5% de Ayuda Oficial al Desarrollo

En materia fiscal hay que seguir avanzando hacia una reforma permanente y estructural de la fiscalidad que permita al país equilibrar sus cuentas públicas y fortalecer un Estado del bienestar que verdaderamente reduzca la vulnerabilidad y desigualdad económica y social.

Es urgente eliminar las restricciones que limitan arbitrariamente el acceso de la población joven vulnerable al IMV, teniendo en cuenta que 1 de cada 3 personas jóvenes viven en situación de pobreza.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 confirman la tendencia por una mayor inversión social tan necesaria para asegurar políticas públicas que reduzcan la pobreza y las desigualdades, sin embargo están lejos del 0,5% de la RNB para la Ayuda Oficial al Desarrollo comprometida en esta legislatura.

“Vivimos tiempos de crisis, y es fundamental apoyar a los colectivos más vulnerables, también desde una perspectiva global”, afirma Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. “En nuestro país las clases medias trabajadoras ahora tienen menos capacidad de ahorro y sus expectativas de vivir dignamente sin tener problemas para llegar a fin de mes, pueden ser difícilmente optimistas”.

Desde el punto de vista del gasto, el aumento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y la actualización de algunas prestaciones según el IPC son dos buenas noticias, ya que se van a incrementar las cuantías del Ingreso Mínimo Vital y se evitará que las familias perceptoras pierdan poder adquisitivo fruto de la inflación. Sin embargo, nos gustaría avanzar hacia la utilización de un mecanismo de actualización automático que no dependa de decisiones políticas.

Juventud

En materia de juventud, los presupuestos pierden el foco. La reforma laboral ha mejorado sus condiciones laborales, dándoles acceso a una mayor cobertura a través de las prestaciones contributivas, que ahora se verán reforzadas con el anuncio de la recuperación del 60% de la base reguladora desde los primeros 6 meses de la prestación. Sin embargo, continúa siendo uno de los colectivos peor protegidos por las prestaciones no contributivas. En este sentido, es urgente eliminar las restricciones que limitan arbitrariamente el acceso de la población joven vulnerable al IMV, teniendo en cuenta que 1 de cada 3 personas jóvenes viven en situación de pobreza.

El anuncio de un cheque de 100 euros para las familias con menores de 0 a 3 años a cargo supone un avance, pero resulta claramente insuficiente en un país cuya tasa de pobreza infantil alcanza el 28,9%. “Esperamos medidas más ambiciosas si realmente apostamos por reducir estos vergonzantes índices de pobreza como, por ejemplo, una prestación universal para menores que se pusiera en marcha como una deducción fiscal reembolsable”, apunta Cortada.

“Somos un país con un deficiente modelo de cuidados, que soporta largas listas de espera y que se sostiene en gran parte gracias a las familias y a las personas que cuidan, en su mayoría mujeres migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular. Celebramos el incremento del presupuesto para la Dependencia apoyado en los fondos europeos”, añade Cortada. “Pero debe traducirse en la reducción de estas listas de espera y en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras”.

Dotar de presupuesto suficiente la AOD

El compromiso con la solidaridad internacional y la apuesta por una verdadera recuperación justa e inclusiva en un contexto global, requiere dotar a la Ayuda Oficial al Desarrollo del presupuesto suficiente para afrontar los retos y desafíos a los que nos enfrentamos más allá de nuestras fronteras. A falta de conocer con detalle la memoria de presupuestos donde se detalla la contribución de cada ministerio a la Ayuda Oficial al Desarrollo, es importante recordar el compromiso de alcanzar el 0,5% de la Renta Nacional Bruta durante esta legislatura. El incremento del 25,8% en la partida de defensa pone de manifiesto que hay dinero disponible para incrementar la solidaridad global y la cooperación si se desea apostar por ella.

Justicia fiscal

Desde el punto de vista de los ingresos, las medidas anunciadas en el ámbito fiscal, y avanzadas por el Ministerio de Hacienda van en la buena dirección. Suponen gravar más la riqueza y las rentas más altas, reducir los privilegios fiscales de las grandes empresas y aliviar la carga que soportan las rentas bajas (autónomos y pequeñas empresas). Hay que seguir avanzando hacia una reforma permanente y estructural de la fiscalidad que permita al país equilibrar sus cuentas públicas y fortalecer un Estado del bienestar que verdaderamente reduzca la vulnerabilidad y desigualdad económica y social.

Más allá de los ajustes presentados que son una buena señal para recuperar recaudación y más justicia en nuestro sistema fiscal, en el futuro más inmediato, y dado el impacto desigual que está teniendo esta fuerte subida de precios, resulta esencial que eche a andar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y el impuesto a la banca, recomendados por la OCDE, el FMI e incluso la Comisión Europea. Esta figura impositiva está llamada a jugar un papel esencial, a modo de estabilizador automático, permitiendo generar recursos cuando más falta hacen.

Por otro lado, “la lucha contra los paraísos fiscales debe seguir siendo una prioridad, incluyendo el desarrollo de una lista española que se revise anualmente. Son las personas con mayores ingresos y más riqueza, además de las grandes empresas, las que más se benefician de la existencia de estos coladeros fiscales” afirma Cortada.

“Nos preocupa que algunas estas medidas se presenten como una solución temporal. Deben ser el inicio de un camino para consolidar los cambios que requiere nuestro sistema tributario para avanzar en suficiencia y progresividad. El sistema tributario es una herramienta esencial para construir sociedades más justas y menos desiguales” concluye Cortada.

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