Organizaciones del Estado Español reclaman la puesta en libertad de Salah Hamouri.

El defensor de DDHH palestino-francés, tras 6 meses en prisión sin cargos ni juicio por parte de Israel.

Fuente: Paz con dignidad

Ramallah, 15 de febrero de 2018.-Salah Hamouri, defensor de Derechos Humanos y trabajador de la organización palestina Addameer, es una de las 450 personas palestinas que Israel mantiene en prisión en detención administrativa, lo que quiere decir que no sabe qué cargos le imputa Israel para mantenerlo privado de libertad y por tanto no ha recibido juicio. Basado en informaciones secretas, Salah fue declarado una amenaza para la seguridad según un tribunal militar israelí. Su detención se produjo el pasado 23 de agosto de 2017, en su casa de Kufr Aqab (Jerusalén, Palestina). Un capítulo más de la persecución a la que está siendo sometido Hamouri desde que tenía 16 años así como una prueba más de las políticas de Israel contra todo aquel que trabaje en la denuncia de las constantes violaciones de DDHH que comete.

Addameerteme que se produzca una renovación de la detención administrativa que debería finalizar el próximo 28 de febrero. Las organizaciones del Estado Español Sodepaz, Paz con Dignidad, Novact, Mundubat, Suds y Al Quds manifestamos igualmente nuestra preocupación porque esto ocurra y reclamamos a Israel que libere a Hamouri y no siga haciendo un uso indiscriminado y arbitrario del mecanismo de detención administrativa como una forma de castigo colectivo y acoso a defensoras y defensores palestinos de Derechos Humanos. Desde Octubre de 2015, las fuerzas de ocupación han intensificado la detención, intimidación, amenaza y castigo colectivo de Defensores/as de Derechos Humanos (periodistas, activistas, miembros de comités populares, miembros de ONGDS de defensa de DDHH) en el TOP, tratando de silenciarlos y penalizarlas por el rol que juegan en la denuncia de las violaciones y crímenes perpetrados contra la población palestina. La Orden Militar 101 del sistema judicial israelí, vigente desde la ocupación militar de Cisjordania en 1967, criminaliza muchas actividades civiles: organización y participación en protestas, formar parte de asambleas o vigilias, portar banderas y otros símbolos políticos, imprimir y distribuir material político.

Del mismo modo, reclamamos una mayor presión de la comunidad internacional para hacer valer la legislación internacional que amparan la protección de los derechos de la población palestina, en primer lugar por la potencia que ocupa sus vidas, Israel. Al tiempo animamos a la sociedad civil del Estado Español a que se movilice para poner el caso en conocimiento de cuantas más personas mejor. La campaña bajo el lema #FreeSalah también se desarrolla en redes sociales.

¿Qué es la detención administrativa?

En la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, las fuerzas militares israelíes pueden imponer órdenes de detención administrativa a población civil palestina según la Orden Militar 1651. Esta orden permite que se pueda detener a una persona hasta por periodos de 6 meses renovables indefinidamente si existen, según la inteligencia israelí, «razones fundadas de que la seguridad en la zona requiere de una detención». Estas renovaciones se producen, en ocasiones, incluso durante años. La detención administrativa decreta secreto de sumario, por lo que no se comunican al acusado los cargos que se le imputan y se le niega, de facto, el derecho a la defensa y al debido proceso legal con garantías. La utilización arbitraria del mecanismo de la detención administrativa es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de respeto a los Derechos Humanos, particularmente de los artículos 72 y 78 de la Cuarta Convención de Ginebra según los cuáles toda persona tiene el derecho a la legítima defensa. Además contraviene el artículo 66 de esta misma convención ya que la detención administrativa no permite asegurar un juicio justo. Por otro lado, la transferencia de población reclusa a cárceles bajo administración del gobierno israelí contraviene los mandatos del Derecho Internacional Humanitario según el cual como potencia ocupante no se puede transferir población fuera de su territorio. En este momento, según Addameer, hay 6.119 prisioneros/as políticos/as palestinas en cárceles israelíes, 450 en detención administrativa. Justo hoy, las y los palestinos en detención administrativa han iniciado una campaña de boicota los tribunales militaresisraelíes aludiendo que «el núcleo de la resistencia a las políticas de detención administrativa deben venir desde el boicot al sistema legal israelí». Reclaman un mayor apoyo internacional y asunción de responsabilidades por parte de Israel.

El caso de Salah Hamouri: investigador de campo de la organización palestina de DDHH Addameer. Tiene 33 años, palestino-francés jerusalemita y se encuentra en la prisión del desierto de Negev (fuera del territorio ocupado) en detención administrativa. La primera vez que fue detenido tenía 16 años y desde entonces ha sido objeto de persecución por parte de Israel. Ha pasado 7 años seguidos en prisión, renunciando a sus derechos como ciudadano francés y manteniéndose comprometido con la defensa de los DDHH de la población palestina. Desde que fue liberado en 2011, estudió derecho y un master en DDHH y se casó en 2014 con una ciudadana francesa. Aplicó por la reunificación familiar, algo que siempre le ha sido denegado. La presión y el castigo en su vida personal han continuado puesto que en 2015, Israel prohibió a su mujer volver a entrar en el país y tuvo que volver a Francia, donde nació el hijo de ambos. Ahora Salah pasa temporadas en Francia para poder estar con su familia y otras en Palestina para continuar trabajando. Israel no sólo se interpone en su vida familiar en este sentido sino que le ha prohibido entrar en Cisjordania lo que ha afectado a sus estudios y al contacto con sus familiares en Palestina. Todas estas medidas suponen un acoso psicológico a Hamouri para que abandone su tierra natal y cese en sus actividades como documentalista de violaciones de DDHH por parte de israel.

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