En El Salvador, cada año las instituciones públicas registran miles de denuncias por delitos a la libertad sexual. Solo en 2020, la Fiscalía General de la República reportó 2.858 casos, ocho delitos al día. La ONG farmacéutica Farmamundi, junto a la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), acaba de finalizar un proyecto de más de un año de duración, que ha mejorado las condiciones de vida de las mujeres del municipio San Salvador, promoviendo la equidad de género y el ejercicio libre de sus derechos.
Desde hace años Farmamundi trabaja para frenar la violencia contra las mujeres en El Salvador. Los proyectos han buscado todo este tiempo facilitar la atención sanitaria a las víctimas, trabajar en la sensibilización de la población e involucrar a las autoridades locales para hacer frente a esta lacra de manera unida. No obstante, la crisis del COVID-19 ha aumentado de manera preocupante los casos de violencia: “Para muchas mujeres, la cuarentena domiciliar obligatoria supuso estar atrapadas con sus agresores”, explica el director de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Henry Palacios, ONG local con la que trabaja Farmamundi en el país.
Detección precoz, vigilancia y atención
Este es el caso del Distrito I de San Salvador, donde el Ministerio de Salud ha informado de una intensificación en cuanto a la cantidad de referencias por abuso sexual. Para ponerle freno, las organizaciones han desarrollado “una red local para la detección precoz, vigilancia y atención a las mujeres víctimas de violencia, a través de una estrategia concertada de participación ciudadana, incluyendo a la juventud”, describe la responsable de Farmamundi en El Salvador, Lidia Jiménez.
Esta acción permite contribuir a superar los obstáculos más frecuentes a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia al momento de denunciar, “comenzando por la negligencia de las autoridades, que deberían dar respuesta, seguimiento y ayuda a las víctimas de violencia sexual”, comenta Palacios, que se pregunta: “Cómo puede ser que la policía no tome aviso de hechos de violencia, solamente denuncias, a pesar de que las leyes establecen tres vías para acceder a la justicia: de hecho, por aviso o por denuncia”. Para el director de APROCSAL, esto provoca que las víctimas tengan poca o ninguna confianza en las autoridades, y recurran a asociaciones de la sociedad civil para tener un respaldo y así lograr una mejor atención de parte de las autoridades correspondientes.
En muchos casos, además, existe un miedo a la denuncia, ya que la víctima conoce al agresor que, antes del abuso sexual, ya ha manifestado otro tipo de violencia, ya sea verbal, física y psicológica. En ocasiones, este incluso forma parte de su núcleo familiar que, al ser especialmente conservadora, “suele dejar pasar la situación, vulnerando los derechos de la agredida”, apostilla Jiménez.
Pequeños cambios liderados por jóvenes
Uno de los aspectos principales de este proyecto de cooperación, que cuenta con la financiación de la Diputación de Valencia, es el protagonismo de las y los jóvenes en la gestión de la red local de atención a mujeres víctimas de violencia en el Distrito I de San Salvador. El desarrollo de las actividades realizadas ha permitido brindar herramientas e insumos a las mujeres y jóvenes participantes en las diferentes intervenciones (procesos formativos, campañas de divulgación de derechos), que han contribuido a la promoción de una vida libre de violencia y el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos.
Así, se ha promovido la racionalización y concertación de los servicios de atención, articulados por una red de participación ciudadana y contraloría social. “Fue gracias a esto –recuerda Palacios- que se pudo hacer frente a una situación de abuso reciente: el agresor, un agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador, denunció a su víctima por ‘agresiones físicas’, siendo estas falsas, con el propósito de cambiar los papeles. Él quería verse como víctima. Para ello, en coordinación con el espacio intersectorial, se articuló el acompañamiento y seguimiento en la vía legal a quien realmente era la víctima: la mujer. En el proceso judicial se logró evidenciar que el agresor fue el agente de la PNC, dejando a la luz otros tipos de violencia: económica y sexual”, denuncia.
En un país donde mayoría de su población son jóvenes, y que por distintos factores de riesgo como el poco acceso a una educación de calidad, pobreza, desempleo, violencia juvenil y estigmas negativos, se vuelven vulnerables a reproducir estos patrones machistas de conducta sobre la violencia sexual hacia las mujeres, “es prioritario incorporar a la juventud en estos procesos de cambio”, reflexiona Palacios.
Esta es la razón por la que se han creado espacios que proporcionan a estos jóvenes los mecanismos y herramientas “para mostrarles que son parte de una lucha colectiva en donde desde las acciones cotidianas se pueden llevar a cabo pequeños cambios desde sus espacios”, concluye.
Más información:
Comunicación Farmamundi
Paloma Pérez Telf. 637475228
comunicacion2@farmamundi.org
Yolanda Ansón Telf. 637410615
comunicacion@farmamundi.org
