Fuente: ACNUR
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, continúa extremadamente alarmada por la creciente inseguridad en Burkina Faso, que cada día obliga a miles de personas a abandonar sus hogares.
En un momento en que la violencia se sigue extendiendo por la región del Sahel, Burkina Faso es el escenario de un desplazamiento masivo de más de 838.000 personas desde enero de 2019, una cifra que se incrementa día a día.
La llegada del brote de COVID-19 al país ha añadido un nuevo elemento de inseguridad a esta crisis.
Los ataques de grupos armados han afectado a cerca de 25.000 personas refugiadas de Malí que se encontraban en campos remotos cercanos a la frontera entre Burkina Faso y Malí. La mayoría de estas personas refugiadas han decidido regresar a sus hogares en Malí porque, a pesar de que sigue siendo inseguro, lo consideran como el menor de los males dada la situación en Burkina.
Tras los atentados y los ultimátums de los grupos armados, el campo de refugiados de Goudoubo, que recientemente acogía a 9.000 personas refugiadas, se encuentra actualmente vacío, habiéndose marchado los refugiados en busca de otro lugar seguro.
Tras el cierre del colegio, el centro de salud e incluso el puesto de seguridad del campo, cerca de la mitad de los residentes, que han llegado a las regiones de Gao, Mopti y Tombuctú, en Malí, citaron la inseguridad y los ataques armados como los motivos de su huida, señalando que en su opinión no tenían otra opción más que regresar.
La otra mitad se desplazó a distintas localidades situadas en el interior de Burkina Faso. Unas 2.500 personas se han sumado a otros desplazados burkineses en la localidad de Dori, donde las condiciones de vida son muy precarias y se necesita desesperadamente cobijo, agua y atención sanitaria. Los ataques cerca del campo también obligaron a huir a los habitantes del pueblo de Goudoubo.
Las 13 regiones de Burkina Faso se han sumido ya en la inseguridad. La semana pasada, al menos 32 personas fueron asesinadas y otras muchas heridas en una cadena de ataques.
La violencia también obligó a ACNUR a reubicar a su personal fuera del campo de refugiados de Mentao, situado cerca de la localidad de Djibo, en noviembre de 2019. Desde entonces, el acceso más de 6.000 personas refugiadas ha sido esporádico, mientras las condiciones de vida han seguido empeorando. Muchas personas refugiadas en el campo también han expresado su intención de volver a Malí una vez que disminuyan las restricciones impuestas por el COVID-19.
Sin embargo, la volatilidad de la situación de seguridad en Malí impide a muchas personas retornar a sus lugares de origen. La inseguridad persiste y las autoridades han decretado un toque de queda como parte de su respuesta ante la situación del COVID-19. Para los grupos más vulnerables, esta medida ha incrementado sus preocupaciones en materia de seguridad y salud.
ACNUR, en colaboración con las autoridades malienses, ha registrado a cerca de 3.000 personas refugiadas en las regiones de Gao, Mopti y Tombuctú. Las personas retornadas, muchas presas aún del pánico por las terroríficas escenas que han presenciado, llegan con sus familias en camiones alquilados o en camellos.
ACNUR está trabajando con las autoridades y con sus socios en el terreno para asistir a los refugiados retornados con alojamiento, artículos de primera necesidad y ayuda económica en efectivo para ayudarles con sus necesidades iniciales. ACNUR también está ofreciendo a las autoridades los materiales sanitarios y de higiene necesarios como parte de la respuesta ante la pandemia del COVID-19.
Material audiovisual no editado disponible en: https://media.unhcr.org/Share/b12ju768qi2epju3k05g5f6k1i328t4b
