Fuente: Acción contra el Hambre
Madrid, 15 de junio de 2020.
La emergencia sanitaria está afectando a la seguridad alimentaria de miles de personas en Guatemala. La falta de ingresos, unido a un posible colapso del sistema sanitario -si el ritmo de contagios sigue como hasta ahora- provocaría un aumento de la desnutrición aguda infantil, además de poner en riesgo la vida de miles de madres y niños y niñas ante la falta de atención médica. «Los servicios de salud se han enfocado durante más de dos meses a las acciones para prevenir la COVID-19, razón por la cual los servicios regulares de atención a la salud materna e infantil no se han brindado con regularidad, lo cual pone en riesgo la salud de este sector tan importante de la población», explica desde Guatemala Jessica Coronado Aguilar, coordinadora de nutrición y salud del equipo de Acción contra el Hambre en Centroamérica.
El país centroamericano, con un sistema de salud débil y fragmentado, donde los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos, no garantiza el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala la necesidad urgente de aumentar la capacidad de pruebas, diagnóstico y preparación de los servicios de salud, al tiempo que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y personal médico están alertando del inminente colapso de los principales centros hospitalarios de la seguridad social y de la falta de materiales y suministros para hacer frente a la pandemia.
Si bien las cifras de contagio sitúan a Brasil y Perú como nuevo epicentro de la pandemia en América Latina, su impacto puede ser aún mayor en países como Guatemala, que se caracterizan por la baja inversión pública, falta de infraestructura sanitaria adecuada y grandes brechas en el acceso a los sistemas básicos, incluidos los de salud.
Hambre y desnutrición: efectos indirectos de la COVID-19
«Más de la mitad de los hogares de Guatemala están teniendo dificultades para acceder a los mercados y cuatro de cada diez familias están usando estrategias de adaptación que las dejan en peor situación, como la pérdida de ahorros o la venta de algunos activos de los que dispongan», explica desde la zona Angela Naletilic, directora adjunta país de Acción contra el Hambre en Centroamérica. «Nos preocupa especialmente – añade- la zona del Corredor Seco, donde se están aumentando los casos de desnutrición aguda entre niños y niñas menores de cinco años y donde las consultas externas y los servicios de prevención de la desnutrición han dejado de funcionar con normalidad desde que se declaró la pandemia».
Retorno de migrantes, disminución de remesas
A pesar de restricciones de movilidad y cierre de fronteras como medidas de mitigación del contagio, durante los últimos tres meses las deportaciones de nacionales, incluyendo niños, niñas y adolescentes no acompañados, desde México y Estados Unidos hacia Guatemala, han continuado. Hasta la fecha, la cifra alcanza 7. 876 personas deportadas o expulsadas, entre las que se han documentado casos de COVID-19.
En estas circunstancias, la atención a personas migrantes deportadas se ha convertido en una prioridad humanitaria. La falta de capacidad y condiciones para albergar a las personas, junto a la discriminación y estigmatización a las que se enfrentan por su condición de migrantes, aumenta su vulnerabilidad.
Además, la economía de Guatemala, que tiene en la recepción de remesas enviadas por migrantes su principal fuente de ingresos, espera una contracción de estas debido al crecimiento del desempleo en EE. UU. A esto se suma la pérdida de aproximadamente 500. 000 empleos en el país debido al impacto de la pandemia y las necesarias medidas de confinamiento.
Con cerca de 8. 000 casos confirmados de coronavirus, Guatemala pertenece a una región que podría contar con 29 millones de pobres más al final de la pandemia.
Acción contra el Hambre está distribuyendo alimentos y kits de higiene y desinfección en el país, al tiempo que monitorea el estado nutricional de niños y niñas menores de cinco años para prevenir y tratar a tiempo casos de desnutrición. En coordinación con los servicios públicos de salud, se ha entregado a su personal de primera línea equipos de protección personal, termómetros digitales, además de realizar campañas masivas de comunicación para prevenir la expansión de la enfermedad.
