Presidente de la República de Guatemala
Alejandro Giammattei
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Desde el Foro de ONG Internacionales en Guatemala FONGI, integrado por más de 30 organizaciones y la alianza CIVICUS, alianza mundial de más de 10,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y activistas de 175 países de todo el mundo, le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la escalada de represión de las protestas pacíficas y para pedirle que actúe urgentemente.
Le instamos a usted y a las autoridades guatemaltecas a que tomen las siguientes medidas con carácter prioritario:
- Investigar todas las denuncias presentadas por uso excesivo de la fuerza o trato cruel, inhumano y degradante por parte de la policía al dispersar protestas;
- Crear un entorno seguro y propicio para que activistas, personas defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil de Guatemala puedan ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin sufrir intimidación, hostigamiento ni detención;
- Preservar la integridad del proceso electoral y la democracia en Guatemala poniendo fin a las acciones de instituciones estatales que ponen en grave riesgo el respeto de la voluntad popular manifestada de acuerdo con los resultados electorales;
- Poner fin a las continuas medidas para criminalizar a los operadores judiciales independientes y a la instrumentalización de las instituciones judiciales y procesales para socavar el Estado de Derecho;
- Respetar plenamente el orden constitucional y crear un entorno habilitante en el que la gente participe en las manifestaciones sin temor a represalias.
Según informes de grupos de la sociedad civil, varias personas han sufrido violencia física desde el 4 de octubre de 2023 [1].
- El 20 de agosto de 2023 se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un ambiente en el que se buscaba menoscabar el Estado de Derecho, se cuestionaba la independencia del poder judicial y se restringía gravemente la labor de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
- El 29 de septiembre, fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encabezados por el fiscal Rafael Curruchiche, incautaron las actas con los resultados de las elecciones generales en poder del Tribunal Supremo Electoral [2].
- El 2 de octubre, autoridades indígenas de 48 Cantones, la Alcaldía Indígena de Sololá, Santa Lucía Utatlán, San Cristóbal Totonicapán, el Parlamento Xinka, los Ixiles y otros pueblos indígenas comenzaron a protestar pacíficamente en diferentes partes del país.
- El 4 de octubre, en el tercer día del paro nacional que exigía la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana, se produjo un incidente frente a la sede central del Ministerio Público (MP), cuando un grupo de personas que cubrían sus rostros con máscaras se enfrentó violentamente utilizando palos, en contra de las personas que realizaban allí un plantón pacífico [3].
- El jueves 5 de octubre, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución a favor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) para que las autoridades garanticen la libertad de tránsito y movilidad [4].
En julio de 2022, las organizaciones CIVICUS, Acción Ciudadana y Redlad presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Guatemala, en el que se destacaba la extrema violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que siguen sufriendo ataques, acoso, estigmatización y asesinatos. Actores estatales y no estatales han intensificado los ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra funcionarios de justicia y periodistas y la reducción gradual del espacio para una prensa libre e independiente.
Como resultado de estos acontecimientos, el espacio cívico en Guatemala está actualmente clasificado como «represivo» por el CIVICUS Monitor, que es una plataforma en línea que realiza un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.
Hacemos un llamado para que se adopten medidas para poner fin a agresiones contra personas defensoras y periodistas, así como a las violaciones de derechos humanos señaladas anteriormente, para que sus responsables rindan cuentas y para proteger el bienestar de la ciudadanía guatemalteca y su democracia.