«Fui torturada por los paramilitares. Mi familia sigue amenazada en Colombia»

En España hay 364 refugiadas colombianas y 27 solicitantes de asilo, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Demandan la inclusión de mujeres en la mesa de diálogo de La Habana para otorgar al proceso una mirada de género

Por Sergi Tarín

Claudia García salta como un muelle y abandona el grupo cuando suena el teléfono. Su hija, su yerno y un nieto de cinco años están retenidos en la oficina de extranjería del aeropuerto de Barajas. Junto a ella, Mª Esperanza y su hija Laura escuchan abrazadas, en silencio. Laura llegó hace 10 horas tras una angustiosa huída de su país. Enfrente, Leonora Castaño explica sus años de líder campesina y Socorro Vivas, una aguerrida sindicalista del sector de la Salud, engarza el recuerdo de una amenaza con otra en un ejercicio de orfebrería siniestra.

Todas tienen en común que son colombianas y refugiadas políticas. Y un ansia de justicia y reparación que no les ha dejado quietas en su país de acogida. Algunas, como Nancy María Valencia, Alba Teresa Higuera o Leonora Castaño llegaron en 2003 con un programa de Amnistía Internacional que, durante un año, las cobija y sustenta económicamente. Tras ese tiempo viene la intemperie de la inmigración, la penuria por la supervivencia y un empuje irrefrenable por la acción política. «Allá donde estemos, siempre hay algo que hacer», explica Higuera, dirigente de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en Albacete, su ciudad de acogida.

Según Naciones Unidas, el exilio colombiano alcanza las 420.000 personas. En España, las cifras aportadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Gobierno colombiano, hablan de 364 refugiadas y 27 solicitantes de asilo. Una trentena, todas mujeres, están organizadas desde 2004. Este fin de semana, una representación de cerca de diez acordaron crear la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. Fue durante un encuentro organizado por la ONGD valenciana Atelier, con más de 20 años de experiencia en Colombia y que, como ya denunció InfoLibre, fue marginada de las subvenciones de Cooperación en la época de Rafael Blasco, ahora en prisión. Recientemente los juzgados obligaron a restituir a Atelier los 200.000 euros para un proyecto de apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular colombiana. La otra promotora de la reunión fue la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia, que agrupa a 24 organizaciones.

Memoria y reparación

Uno de los objetivos principales fue acordar un plan de propuestas desde el exilio para la mesa de negociación de La Habana, donde se sigue, desde septiembre de 2012, un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrila de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ambos actores pactaron la semana pasada un modelo de justicia a aplicar a víctimas y verdugos y concretaron la fecha del 23 de marzo de 2016 como límite para alcanzar la paz. Entre las demandas de las refugiadas en España está la inclusioón de mujeres en la mesa de diálogo para otorgar al proceso una mirada de género. Y la extensión del concepto de desplazamiento forzado al de refugio y exilio político como uno de los crímenes graves a investigar.

Además, reivindican que la Comisión de la Verdad incluya la memoria de las mujeres en el exilio, la gravedad de sus historias y de la violación de sus derechos.

Las refugiadas coinciden a señalar una doble revictimización: como líder política y como mujer. De hecho, los abusos de corte sexual son innumerables. Es el caso de Claudia García, hija de un dirigente asesinado de la Unión Patriótica, formación de izquierdas aniquilada por los paramilitares en los años noventa. García heredó de su padre la convicción ideológica y una represión continuada por las fuerzas armadas de extrema derecha. Huyendo de la violencia botó de un departamento a otro hasta el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca. Allí fue prisionera de guerra en un campo paramilitar. «Éramos tres confinadas, nos drogaban todo el día para someternos a los peores vejámenes que pueda sufrir una mujer». Allí le tatuaron en un antebrazo un alacrán, símbolo de los para militares de la zona. García logró escapar junto a otra de las rehenes, que fue asesinada días después.

«Es la primera vez que cuento públicamente esta historia», confiesa García, quien vivió muchos años en los barrios marginales del sur de Bogotá, donde se involucró en Adescop (Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica), de la que fue su presidenta. En esta entidad también militaba su hermano, asesinado en 2011. Su madre, de 84 años, enfermó y fue hospitalizada por el impacto de aquel suceso. «Los paramilitares intentaron pasarse por familia para llegar a la habitación y asesinarla también, pero acudieron fuera de hora y el vigilante no se dejó sobornar». Esto precipitó la salida de García del país en 2012. Primero a Salamanca y después a Valencia. Cuatro meses atrás, por reagrupación familiar, su madre llegó de Colombia. «Vivo con una hija de 12 años; tres generaciones juntas víctimas de la guerra». García también está a la espera del asilo de su hija Nancy Carolina, su yerno Juan y su nieto Alan Santiago, retenidos en la oficina de extranjería del aeropuerto de Barajas desde el sábado. Según García, su yerno fue interceptado hace 15 días por los paramilitares, quienes le dieron una semana para revelar su paradero en España. «Si no huían, les mataban», desvela.

Protección de los hijos

María Esperanza Ramírez y su hija Laura también engrosaron las bolsas de pobreza de la gran urbe latinoamericana. En los noventa fueron desplazadas de Miraflores, en la frontera con la Amazonía y una zona de cultivo de coca fumigada por aviones colombianos y de Estados Unidos. «Envenenaron los cultivos, el agus, los niños nacían enfermos», denuncia Ramírez, quien huyó con tres de sus cinco hijos cuando Miraflores se convirtió en un foco incruento de guerra entre ejército, paramilitares y guerrilla. En Bogotá mendigó durante años, durmió con los niños por los parques y casi enloqueció con la violación, con 12 años, de su hija Lucía. En ese tiempo supo de la muerte de su marido tras caer del caballo en mitad de una balacera cuando iba a trabajar al campo. Y en una de tantas colas de beneficencia conoció Adescop, con la que empezó a colaborar y donde se formó como fiscal para el reclamo judicial de las tierras arrebatadas a los desplazados. «Eso me situó en el punto de mira de los paramilitares y me obligó a cambiar de ciudad y residencia constantemente hasta que, en 2014, llegué a España». Su hija Laura recuerda aquellos traslados: «Nunca nos decía porqué, quería aislarnos de la violencia y solo cuando marchó a España, comprendí». Sin Esperanza, la persecución se centró en Laura, quien comenzó a recibir llamadas y pasquines inquietantes. Recientemente, consiguió un visado de estudiante gracias a la movilización del instituto Cayetano Sempere, de Elche (Alicante), donde estudia su hermano Santiago.

«Cuando ven que resistimos, las amenazas se vuelven contra nuestros niños», explica Alba Teresa Higuera, quien trabajó en la oficina Colombia-Europa-Estados Unidos, que aglutinaba todas las organizaciones de derechos humanos en el país. Entre ellas Anmusic (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia), cuya presidenta e histórica líder feminista y refugiada, Leonora Castaño, también recibió amenazas a su fmailia. Castaño llegó a Alicante en 2003 con su marido y sus dos hijos menores y ha sido una de las principales impulsoras de la asociación de refugiadas. «Nuestra voz se tiene que escuchar en La Habana», reivindica y apunta: «nos hace falta un censo de las mujeres que estamos dispersas en España y que en nuestro país sepan qué ha pasado con nosotras en el exilio».

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