Este 11 de junio ISCOD-UGT-PV y ECOSOL/PETJADES ONGD participaron en una comparecencia frente a los grupos parlamentarios Verdes/Alianza Libre Europea, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el PP Europeo, Renew Europe y La Izquierda; en la que además estuvo presente el jefe de la unidad de Comercio y Desarrollo Sostenible de la Comisión Europea; y que sirvió de plataforma para visibilizar las vulneraciones en materia de derechos laborales y medioambientales; las amenazas al comercio justo y personas defensoras derechos, los riesgos de la actividad minera en los tres países andinos y para trasladar demandas concretas a la UE para evitar estos incumplimientos del TLC.
La sesión fue facilitada por Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís dentro de la coalición Verdes – ALE, quien señaló la acción y repercusión que tienen los acuerdos de comercio firmados por la Unión Europea con terceros países.
Durante el acto, Ramiro Vega Díaz, Coordinador Regional para América Latina y el Caribe de Sindicalistas sin Fronteras (ISCOD-UGT) y presidente del Grupo Consultivo Interno del acuerdo comercial entre la UE y Perú, Colombia y Ecuador, instó a los europarlamentarios a actuar conforme a los valores fundamentales de la Unión Europea.
Así, Vega denunció que el Acuerdo Comercial, en vigor desde 2013, presenta graves deficiencias en el cumplimiento de derechos humanos, laborales y ambientales. En particular, destacó que el Título IX del tratado, dedicado al Comercio y Desarrollo Sostenible, carece de mecanismos vinculantes y de seguimiento efectivo. Asimismo, señaló la persistencia de barreras a la libertad sindical, restricciones a la negociación colectiva y la tercerización estructural, citando que entre 2023 y 2024 fueron asesinados 11 sindicalistas en Colombia, cinco de ellos en el Valle del Cauca, una región clave en la producción de caña de azúcar. “Y estos no son casos aislados”, señaló Vega: “En Colombia hace décadas que se asesinan sindicalistas, cientos fueron asesinados en los últimos 40 años y en Ecuador los sindicalistas no tienen el derecho a una negociación colectiva por rama de actividad, lo que les impide poder negociar sus funciones de trabajo y en Perú, por ejemplo, los trabajadores del sector minero, principal sector exportador, sufren unas condiciones de precariedad enormes, con elevados índices de tercerización y con unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo muy muy deficientes”.
Ante esta situación, Vega señaló como culpable a la propia arquitectura del acuerdo, que plantea un capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible sin ningún mecanismo de sanciones por incumplimiento. Y en ese sentido reclamó “un rol más activo por parte de la UE en la supervisión del cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, y propuso una reforma del Título IX que garantice eficacia jurídica, la creación de órganos consultivos independientes y mecanismos reales de seguimiento del impacto del acuerdo sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.
Además, insistió en la falta de mecanismos que garanticen la participación de la sociedad civil: “tenemos espacios de participación de la sociedad civil que no funcionan. El TLC establece que cada una de las partes, tanto la UE como cada uno de los países andinos, deben tener un grupo consultivo interno, conformado por organizaciones representativas de los tres sectores del diálogo, empleadores, trabajadores y sociedad civil, pero en el caso de Perú, por ejemplo, el gobierno peruano, más de 10 años después de la firma, no ha promovido un grupo consultivo interno. Y en el caso de Ecuador, donde sí hay un grupo consultivo, los problemas vienen con los incumplimientos evidentes respecto de lo que el acuerdo dispone en relación a los derechos laborales, que tienen que ver con los Convenios Fundamentales de la OIT”.
Así denunció que “todos los años, la OIT analiza y determina el grado de incumplimiento de sus convenios fundamentales, pero tenemos el Acuerdo de UE totalmente desconectado de este seguimiento que la OIT hace de sus convenios fundamentales”.
Y por ello concluyó demandando dos cuestiones muy concretas. “La primera que la renegociación del TLC aborde la estructura normativa del acuerdo, que ha demostrado ser muy débil. Y la segunda el refuerzo del papel de la sociedad civil en el seguimiento y el monitoreo del mismo”.
Por su parte, Cristina Ramón Lupiáñez, presidenta de ECOSOL ONGD, denunció la grave amenaza que representa la actividad minera de la empresa La Plata S.A. para las comunidades productoras de panela agroecológica de Palo Quemado (Ecuador). Estas comunidades, que gestionan 90 ingenios familiares certificados en producción ecológica y comercio justo, exportan a la UE cerca de 2 millones de euros en panela de alta calidad.
La presencia de la mina, denunció ECOSOL, pone en riesgo 27 nacimientos de agua en una selva subtropical, 2.200 hectáreas de biodiversidad, y compromete la certificación internacional de su producto y además está poniendo en riesgo las vidas de las personas defensoras climáticas, ante la exagerada acción represora del Gobierno del Ecuador. Ramón reclamó que se incluya la problemática minera dentro del capítulo de sostenibilidad del TLC, y pidió a la UE que notifique formalmente al Gobierno de Ecuador la necesidad de respetar los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales. De igual forma, instó a la Comisión que va a evaluar la Directiva europea de 2014 (2014/24/EU), a que la “Oferta Económica Más Ventajosa”, que incluye criterios ambientales y sociales, entre los que debería nombrarse el comercio justo, de manera expresa, sea el criterio de adjudicación, en lugar de “la opción de precio más bajo”. Por último, aprovechó la oportunidad para recordar que los cambios a la directiva de diligencia debida, del paquete ómnibus, podrían socavar los principios fundamentales de la conducta empresarial responsable.
Además de ello, Ramón denunció la vulneración de derechos humanos que se ha dado al calor del inicio de la actividad extractivista, señalando que “las personas defensoras climáticas, agricultoras, ahora mismo tienen tantos procesos judiciales abiertos que necesitarían cinco vidas para poder pagarlos, simplemente por defender lo que es de todas y de todos que es la tierra”.
Con todo Cristina Ramón instó a que, siendo coherentes con este acuerdo comercial, que se está revisando ahora su cumplimiento y siendo coherentes con el Pacto Verde Europeo, y con el reglamento de deforestación de la Unión Europea se incluya “en el capítulo de sostenibilidad del acuerdo comercial la problemática que la industria minera está ocasionando en las comunidades y en el medio ambiente local en Ecuador; Además de exigir mediante notificación de la UE al Gobierno de Ecuador la necesidad de cumplir el acuerdo comercial en el caso concreto de los ingenios familiares paneleros afectados por la industria minera”.
Finalmente, el periodista Sergi Pitarch, director de ElDiario.es en la Comunidad Valenciana, intervino como parte del proyecto “Contrast”, impulsado por la Coordinadora Valenciana de ONGD desde el cual llevó a cabo una colaboración con ISCOD-UGT y ECOSOL, que ha culminado, tras visitar en terreno las realidades denunciadas por ambas entidades en dos trabajos periodísticos y esta visita al Parlamento Europeo.
En su intervención Pictarch señaló casos concretos de personas que sufren en terreno el incumplimiento de los acuerdos comerciales con la UE y subrayó la importancia de las alianzas entre medios de comunicación y sociedad civil para denunciar violaciones de derechos, visibilizar alternativas y poner en valor los procesos de transformación en los países del Sur, apoyados por la cooperación internacional.
