El Observatorio sobre Pobreza y Exclusión reclama que se consideren los derechos sociales como fundamentales

La entidad reclama que se garantice como fundamental el acceso a los derechos sociales y que se elabore una nueva ley autonómica de Servicios Sociales que los contemple como «derecho subjetivo».

El Observatorio sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana, del que forman parte de la Fundación FOESSA, Cáritas Comunitat Valenciana y la Universidad CEU-Cardenal Herrera reclama, en su último Informe, que se garantice como fundamental el acceso a los derechos sociales y que se elabore una nueva ley autonómica de Servicios Sociales que los contemple como “derecho subjetivo”. Esta situación ha provocado que, en 2013 –último año sobre el que ha informado el Síndic de Greuges–, “se presentaron un total de 4188 quejas en materia de servicios sociales de las cuales solo se pudieron solucionar 84”, según el Informe “Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2015”, elaborado por el citado Observatorio.

Otros datos confirman también la desigualdad a la que se enfrentan los ciudadanos valencianos en esta materia ya que, a pesar de que en la Comunitat Valenciana la tasa de pobreza es del 22,7%, casi un punto por encima de la media nacional 21,96% –según el VII Informe FOESSA– y que la Comunitat ocupa el último lugar en el índice DEC 2014 de desarrollo de Servicios Sociales, que elabora la Asociación estatal de directoras y gerentes en Servicios Sociales; la inversión en gasto social medio en España es 301 euros, mientras que en la Comunitat es de 196 euros.

En su artículo “Las nuevas leyes de Servicios Sociales: propuesta para una nueva Ley de Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana”, que forma parte del citado informe, los profesores Lucía Martínez-Martínez y Francesc X. Uceda-Maza se refieren a la importancia del sistema de Servicios Sociales, que es el garante de aspectos como “la subsistencia básica, el apoyo a los gastos de vivienda, la atención a víctimas de violencia de género, el apoyo a las personas dependientes, a los menores con diversa problemática social y las familias con conflictividad interna y externa”, entre otros. Al ser considerados derechos de carácter “graciable y eliminable desde cualquier nivel de la administración pública, el sistema de protección social que atiende a las personas en proceso de exclusión posee una gran vulnerabilidad”, según afirman en su artículo los expertos.

Asimismo, al no ser tenidos por fundamentales en la Constitución Española, y ser desarrollados por leyes autonómicas específicas “dificulta que seamos un país cohesionado territorialmente en el aspecto social, pues dependiendo de tu comunidad autónoma de residencia dispones de algún derecho o de ninguno”, explican los autores.

El Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana reclama por tanto una reforma que garantice estos derechos así como un proceso participativo que posibilite el cambio de la legislación autonómica en Servicios Sociales, que garantice derechos asumidos por otras comunidades autónomas como: la existencia de unos Servicios Sociales útiles ante la exclusión; la atención a las necesidades sociales por medio de un trabajador social de referencia y la garantía de la existencia de los mismos derechos, independientemente del municipio de residencia.

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