Cooperación sindical contra las violencias hacia mujeres y personas migrantes en Túnez

En el país magrebí, ante el vacío normativo y de acción estatal, la sociedad civil tunecina ha tomado la iniciativa de prestar servicios que contribuyan a paliar la situación de retroceso de los derechos de las personas migrantes y contribuir a la cohesión social.

Cinco organizaciones de ambos lados del Mediterráneo, han trabajado durante dos años en acciones y procesos en Túnez para garantizar la igualdad de oportunidades y recursos de todas las personas de forma plena en la vida social, cultural, económica y política.

Desde hace poco más de una década, el Magreb está viviendo un aumento progresivo de su población ligado, entre otras cosas, a la llegada de personas migrantes. Gracias a su dinamismo socio-económico y su localización geográfica, en uno de los principales corredores migratorios entre África y Europa, países como Túnez ya son un destino común para una buena parte de la migración subsahariana y magrebí. No siempre por elección de quien migra, sino también por el endurecimiento de la política migratoria europea que actúa como factor disuasorio y obstáculo para cruzar el Mediterráneo.

Esta creciente multiculturalidad se está convirtiendo en todo un reto para Túnez, donde, a pesar de los avances sociales y jurídicos en tema de promoción de los derechos, el nivel de desigualdad sigue manteniéndose alto, afectando sobre todo a mujeres y personas migrantes.

Economía informal y trata

Aunque la mayoría de los ingresos en Túnez se producen de manera regularizada, la dificultad de obtener una autorización para trabajar y su legislación restrictiva dificultan la contratación regular de personas extranjeras. Para ellas, pasar de una estancia regular a una irregular es muy común. Así como verse obligadas a recurrir al sector de la economía informal, o, peor, a redes criminales de tráfico o trata humana, para encontrar una salida a una situación de estancamiento, con todas las consecuencias que esto provoca en términos de violaciones de sus derechos. No hay que profundizar mucho para encontrarse con la historia de una mujer engañada con la promesa de un buen trabajo y finalmente explotada como trabajadora del hogar y los  cuidados, , encerrada forzosamente en algún hogar en el Magreb. Y como esta, muchas más personas, que acaban convirtiéndose en el combustible de una maquinaria socioeconómica que beneficia a pocas personas, explotando a la mayoría.

“Revolución de la dignidad”

Se trata de hechos destacables en un país, Túnez, que ha vivido una revolución bajo el lema “revolución de la dignidad”, y que lucha por la defensa de la población tunecina en situación administrativa irregular en el extranjero, al mismo tiempo que guarda silencio respecto a los derechos del colectivo migrante en su propio territorio.

Destacar además que la instabilidad política de los últimos años, con la consecuente disolución del parlamento el 25 julio del año 2021, una crisis económica sin precedentes, una nueva constitución que retrocede en derechos democráticos y de la sociedad civil hacia un modelo presidencialista, sumado a las recientes elecciones con una escasa participación del 11% de la población, además de las ya instauradas secuelas de la pandemia Covid19, deja la problemática del sector migratorio como una de las últimas prioridades del país.

Ante el vacío normativo y de acción estatal, es la sociedad civil quien ha tomado la iniciativa de prestar servicios que contribuyan a paliar la situación de retroceso de los derechos de las personas migrantes y contribuir a la cohesión social. Se trata de organizaciones tanto grandes como pequeñas y cada vez, más activas y visibles. En estas ha decidido centrarse la estrategia de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) de cooperación con el Magreb, al mismo tiempo que sigue haciendo incidencia para que los Estados de ambas orillas del Mediterráneo asuman su responsabilidad de proteger a cada mujer y a cada hombre residente en su territorio.

Proyecto Idmaj

Es justamente este el objetivo del proyecto Idmaj, “inclusión” en árabe, una colaboración de cooperación sindical entre 5 organizaciones valencianas y tunecinas. Una palabra que remite a la puesta en marcha de procesos para garantizar la igualdad de oportunidades y recursos de todas las personas de forma plena en la vida social, cultural, económica y política de una sociedad.

Desde 2020 las entidades que participan en esta intervención han actuado en varios frentes. Por un lado se han fortalecido los Puntos Focales de Migración de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), principal sindicato tunecino, y las Antenas del Observatorio contra las violencias hacia las mujeres de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), aumentando las competencias del personal técnico y su visibilidad social.

Paralelamente más de 50 personas migrantes en Túnez han participado en cursos de aprendizaje lingüístico, de formación profesional regulada, y de desarrollo empresarial, promovidos por la Asociación para el Liderazgo y la Democracia Africana (ALDA).

Desde España, el personal de los Centros de Información a la población Trabajadora Extranjera en España (CITES) de Comisiones Obreras ha apoyado este proceso gracias al intercambio con los Puntos Focales del sindicato UGTT, compartiendo sus conocimientos sobre acompañamiento sindical a personas migrantes. Al mismo tiempo, ACPP y la Fundación Pau i Solidaritat, junto con el sindicato UGTT, se han encargado de hacer llegar las reivindicaciones de la población migrante y de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados en Túnez a la Unión Europea, para que la Agenda Mediterránea sea un instrumento real de protección y reconocimiento de sus derechos.

Colaboración mediterránea

Esta red de colaboración mediterránea ha tenido su culmen en un encuentro que tuvo lugar a finales de noviembre de 2022 en Túnez. Más de 70 representantes del sector de la migración, provenientes de Túnez, Marruecos, Italia y España, se reunieron con la intención de definir un plan de acción de incidencia política, para la adopción de políticas migratorias justas en el país magrebí.

El encuentro ha servido además para afianzar las alianzas en el seno de la Red Sindical de Migraciones Mediterráneas Subsaharianas (RSMMS), una de las redes más extensas de colaboración norte-sur del Mediterráneo entre organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de los y las personas migrantes trabajadoras.

El proyecto da continuidad al largo recorrido de trabajo de ACPP en el Magreb, especialmente en Marruecos, donde la colaboración con organizaciones locales de la sociedad civil en la promoción de los derechos del colectivo migrante lleva años impactando positivamente en la protección de sus derechos, con una fuerte mirada interseccional. El trabajo realizado en Tánger y Nador, zonas fronterizas y dónde la vulneración de los derechos del colectivo es flagrante, ha sido y sigue siendo un eje prioritario para ACPP en la región.

La importancia y la urgencia de seguir trabajando en este sentido han empujado además a ACPP a replantearse su posicionamiento en cuanto a las políticas migratorias y sus efectos en el Mediterráneo. Es por ello que desde hace unos meses se está trabajando para la definición de un Plan Estratégico Regional de ACPP sobre Migración en el Magreb. El Plan verá la luz en los próximos meses, pero los buenos resultados del proyecto IDMAJ en Túnez y del resto de intervenciones en Marruecos apuntan a que se trata de una apuesta acertada, aunque quede mucho camino por recorrer.

ACPP lleva más de veinte años trabajando en el Magreb impulsando, en la etapa más reciente, un proceso de construcción de respuestas compartidas a problemas comunes. La apuesta es ahora trabajar para que la migración deje de ser un camino de espinas, o incluso de muerte, para quienes la emprenden, y pase a ser considerada y tratada como el factor crucial de crecimiento y desarrollo que realmente es.

El proyecto “Idmaj: contra las violencias económicas y sociales hacia las mujeres y personas migrantes” ha sido financiado por la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Generalitat Valenciana. Se trata de una intervención impulsada por Asamblea de Cooperación por la Paz, en consorcio con la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià y con las organizaciones tunecinas ALDA, ATFD y el sindicato UGTT.

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