República Dominicana continúa clasificada en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en la posición 80 del ranking que incluye 191 países. La imagen que tenemos del país nos muestra playas de infarto, vegetación voluptuosa, descanso y ocio acompañados por un buen cóctel. Nunca vemos las toneladas de plástico que generan a diario los y las habitantes del país, ni las bolsas de pobreza extrema, ni la violencia, ni el analfabetismo. No las vemos porque se esconden de manera sistemática y alevosa. Más difíciles de esconder son los índices de DESigualdad de género, donde se sitúa en el número 106, es decir un 40% más bajo que en el IDH. ¿Cómo puede haber desarrollo humano alto si la mitad de la población sufre desigualdad en categorías claves del bienestar como son la salud, la educación y la participación en espacios de toma de decisiones?
Esto tiene consecuencias tan difíciles de digerir como que el 22% de las mujeres entre 12-19 años han estado embarazadas. También cuesta aceptar que ellas tengan menos acceso a cargos públicos, tanto que el porcentaje de mujeres alcaldesas se sitúa en el 13,3% y sólo existe un 23,5% de participación de mujeres en el máximo órgano judicial. Un 17,4% de mujeres que viven en la ciudad no dispone de ingresos propios y ese porcentaje aumenta al 21,3% para las mujeres que viven en el campo. Estos datos nos dicen también que la desigualdad de género es transaccional y atraviesa todos los sectores socioeconómicos: no se trata solo de una feminización de la pobreza sino de una feminización de la desigualdad enquistada en un machismo tenaz, soberbio y feroz, que ni siquiera se preocupan en disimular.
De la mano con esta afirmación absolutista, los proyectos de género que ACPP desarrolla en el país junto con sus socias locales responden a las mujeres en su conjunto y persiguen reforzarlas, unirlas, informarlas y articularlas para que sean ellas las que defiendan y amplíen sus derechos. Algunos proyectos del 2023 han sido muy valientes en un contexto de retroceso en el sector de los derechos sexuales y reproductivos como es el que se ha llevado a cabo con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), financiado por el Ayuntamiento de Oviedo, y que ha permitido disponer de una plataforma web de difusión de contenido educativo y de servicios sobre derechos sexuales y reproductivos dirigida a educadoras, madres e instituciones educativas.
En la misma línea estamos a punto de empezar un proyecto, financiado por la AECID, con nuestra socia PROFAMILIA, de refuerzo de la cadena de prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género (VbG) y que tendrá un componente de salud -a través de la aprobación del protocolo normas para la atención integral en salud de las personas en situación de VbG y formación del personal sanitario-, un componente de justicia y policía, -a través de un estudio sobre las causas del bajo porcentaje de denuncias de VbG judicializadas, analizándose el funcionamiento de los centros de entrevistas forenses del Poder Judicial y se formará a todo el personal que opera los 15 Centros existentes en el país- y un tercer componente a través del cual se involucrará a legisladores y legisladoras del Congreso y OSC del ámbito feminista para generar análisis técnico y debate social en torno a la necesidad de la aprobación de una Ley Integral de Violencia contra la Mujer.
Con fondos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y gracias a la tenacidad de nuestra socia local CIUDAD ALTERNATIVA que pone a las mujeres en el centro de la mejora del espacio urbano, se está trabajando para incrementar el número de mujeres en mesas de discusión sobre cambio climático y gestión de riesgos, y se promoverá la presencia de mujeres en espacios de toma de decisión relativos a las políticas públicas de urbanismo y en el movimiento social que lucha contra los desalojos forzosos.
En la zona rural se está estructurando el movimiento campesino y acompañándolo para que sea legal, para que esté más articulado y para que sea más femenino. Nuestra socia local Centro de Estudios y Promoción Social (CEPROS) ha estado incorporando acciones para promover la paridad en los puestos de mando del movimiento campesino, que van a ser reforzadas gracias a un diagnóstico sobre las brechas de género en el movimiento campesino, realizado en el marco de un proyecto de la Xunta de Galicia, y que permitirá afinar las necesidades y el refuerzo que se viene dando a las juntas campesinas para que se vistan de morado.
Por último, en la zona de frontera se está trabajando con nuestra socia local Save the ChildrenRD con fondos del Ayuntamiento de Valencia, y de forma incipiente con fondos de la Generalitat Valenciana, para la protección de los derechos de las personas refugiadas, migrantes o desplazadas con énfasis en mujeres y para la prevención de la trata niños, niñas, adolescentes y mujeres en zonas no solo turísticas sino con un enfoque más holístico vinculado a factores económicos, de integración social y geográficos, entre otros.
Todo un trabajo enmarcado en la estrategia de ACPP para lograr que la igualdad de género se constituya como un derecho fundamental e imprescindible para alcanzar un desarrollo humano sostenible.