CEAR ha trasladado hoy al Ejecutivo español y al Congreso de los Diputados su preocupación por la grave situación en la frontera greco-turca donde miles de personas migrantes y refugiadas han quedado atrapadas sin posibilidad de pedir asilo siendo víctimas de graves episodios de violencia. CEAR recuerda al Gobierno y al resto de autoridades europeas que, aunque los estados tienen derecho a controlar sus fronteras, este control siempre debe de hacerse en el marco del respeto de los derechos humanos y sin uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Ante la suspensión del derecho de asilo anunciada por el gobierno griego, CEAR quiere resaltar que no existe base legal en la normativa europea e internacional para suspender este derecho y justificar devoluciones que pueden contravenir el «principio de no devolución» establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Además, CEAR destaca que se han documentado casos de falta de respuesta en el rescate de embarcaciones en el mar Egeo, lo que además de poner en grave peligro las vidas de estas personas contraviene la normativa internacional.
«Es urgente que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a todas las personas que se encuentran atrapadas en las fronteras y facilitar el acceso al derecho de asilo a aquellas que lo necesitan procurándoles una adecuada acogida. En esta tarea, es crucial que los Estados miembros de la UE actúen tomando en consideración el principio de solidaridad y responsabilidad compartida«, señaló Estrella Galán, directora de la entidad.
Decisión europea
CEAR apunta que la medida invocada por el gobierno griego por la que justifica la suspensión del derecho de asilo no puede ser adoptada de forma unilateral, ya que el Tratado de Funcionamiento de la UE determina que «si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo».
Según la entidad, la situación límite a la que se ha llegado es una de las consecuencias del acuerdo de la Unión Europa con Turquía, firmado en el año 2016, y denunciado por CEAR. Turquía es el país del mundo en el que viven más personas refugiadas, muchas de las cuales se encuentran en graves situaciones de desprotección. La UE debe asumir su responsabilidad y no focalizar únicamente su política en la externalización de fronteras con el objetivo de que las personas necesitadas de protección no alcancen territorio europeo.