Fuente: Entrepueblos
Los dueños de DESA, la familia Atala, cuentan con bancos y otras grandes empresas así como estrechos vínculos con la clase política que se impuso en el golpe de Estado del 2009. Habría entonces que eliminar al COPINH empezando por la líder indígena. Pero cometieron un error. Hubo un sobreviviente, un testigo.
No se había dado una movilización social, mediática y política en todo el mundo como el que se generó con el asesinato de Berta. Inmediatamente el Poder Judicial, Ministerio Público, jueces, magistrados y todo su arsenal intentaron blindar a la empresa DESA como a sus dueños, para deslindarlos del asesinato que conmovió al mundo entero. Pero al parecer también a sí mismos, ya que muchos políticos están involucrados de una u otra manera. Por ello, desde un principio manipularon pruebas y evidencias, falsearon testimonios, me impidieron salir del país de manera ilegal, lo que considero un secuestro de Estado, prohibieron ilegalmente a mi abogada ejercer la profesión para dejarme en indefensión, intentaron criminalizar a la propia organización de Berta. Hubo más hostigamiento y represión contra su organización, entre tantas anomalías e ilegalidades.
Entonces decretaron «secretividad» del expediente para no hacer patentes tantas irregularidades procesales y el gobierno se negó a la creación de una Comisión Independiente que investigara la verdad del crimen. Y ante la fuerte presión para liberar el expediente y que las víctimas tuviéramos acceso a los documentos, seis meses después la magistrada del caso decide llevarse el expediente a su casa, y se lo roban en el camino.
Dos meses después del asesinato, el gobierno no tuvo opción y se vio obligado a avanzar la investigación sobre los autores materiales y retiene en prisión preventiva a los primeros sospechosos de haber participado en el crimen. Durante 2016 y principios de 2017 se llevaron a cabo el resto de las detenciones y el calvario de anomalías y bloqueos por parte del gobierno para avanzar en las investigaciones. Durante las audiencias que se suspendieron continuamente, el Ministerio Público y la Fiscalía se negaron sistemáticamente a presentar información y los peritajes necesarios permitiendo que la fecha final de los dos años y medio para dar fin a la prisión preventiva se acercara: el 5 de noviembre de 2018.
Pese a todas las demandas y recursos interpuestos, el Tribunal convocó al Juicio en junio de 2018, que fue suspendido, luego en septiembre y luego en octubre, de forma ilegal, sin haber terminado el debido proceso, sin haber solucionado los amparos interpuestos y la recusación del Tribunal. Así reza el comunicado firmado por muchas organizaciones internacionales: «Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala».
Los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima; tampoco se ha admitido la solicitud de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen; niegan la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio y se encierran con cadenas rodeando el Tribunal de policías para impedir incluso el acceso a las familias y miembros del COPINH al «Juicio Oral y Público».
Así, el Juicio no sólo se convoca de manera ilegal en tres ocasiones, sino que además es ilegítimo. No tiene credibilidad procesal, jurídica, legal, ni de las víctimas ni de la opinión pública nacional e internacional. Se ha caído en responsabilidades penales. Ha actuado el Tribunal violando el debido proceso y sus propias leyes. El Juzgado, el Tribunal de Sentencia, la Corte de Apelación, la Sala de lo Constitucional y el pleno de la Corte Suprema de Justicia, todas las instancias del Poder Judicial han cerrado filas a la ilegalidad y la impunidad. Ya nadie les cree.
A pesar de estar recusado por el COPINH y la familia de Berta, el Tribunal fue convocado desconociendo la representación legal de las víctimas. Así, sin documentos suficientes, sin peritajes adecuados, sin todos los testigos, sin abogados de las víctimas, encerrados bajo candado, rodeados de policías, sin dejar de entrar a familiares de Berta y miembros del COPINH para escuchar el proceso, han llevado a cabo el juicio más vergonzoso para la historia de Honduras. Este es el marco de la sentencia de los imputados.
El 2 de marzo de 2016, a las 11:40 de la noche asesinaron a Berta. Pero no murió, porque se multiplicó y regresó en miles y miles que claman justicia. El COPINH seguirá su lucha valiente en defensa de la vida y a favor del hermoso pueblo hondureño. Y pese a todo, se ha derrotado al sistema judicial de Honduras porque no se cayó en sus trampas para justificar y avalar la impunidad. Bien dijo Berta: «Vos tenes la bala… yo la palabra. La bala muere al detonarse…. la palabra vive al replicarse».
