Una empresa hidroeléctrica está acaparando el agua de varias comunidades indígenas en Santa Cruz de Barillas (Guatemala), criminalizándolas y despreciando sus creencias, su cultura y su derecho a hacer uso de sus propios recursos naturales. Rellena el siguiente formulario y enviarás directamente un correo al director ejecutivo de Ecoener-Hidralia en Centroamérica para pedir que abandone el proyecto.
La construcción de una central hidroeléctrica, en el municipio guatemalteco deSanta Cruz de Barillas, con 130.000 habitantes, ha desencadenado un grave conflicto social. Las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenasQ’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti, se oponen desde sus inicios al proyecto de la empresa de origen español Hidro Santa Cruz, que afecta al río que articula su territorio: elRío Canbalam.
El proyecto supondría la apropiación del agua de este río, frente al derecho a su uso de quienes viven allí, y su construcción y explotación implicaríangraves impactos ambientales: movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de lugares sagrados.
Desde la llegada de Hidro Santa Cruz a la zona, el conflicto ha alcanzado altas cotas de vulneración de derechos humanos:asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios…La situación llevó al presidente del país a decretar el Estado de Sitio durante 18 días.
En España, el caso ha sido objeto de una pregunta en el Congreso de los Diputados y se ha llevado ante el Defensor del Pueblo. No hay que olvidar queel fundador de esta empresa, Luis Castro Valdivia, ya tuvo problemas, por el impacto ambiental y social de varias centrales que construyó entre 1999 y 2005 en Galicia.
A finales de 2012, dada la fuerte oposición de las comunidades afectadas, parecía que Hidro Santa Cruz se iba a retirar de Barillas, pero finalmente no ha sido así. La empresa persiste en su intención de sacar adelante el proyecto. De hecho, en mayo de 2015, dos líderes opositores a la central fueron condenados a 33 años de prisión por delitos que aseguran no haber cometido. En total,actualmente hay nueve personas en la cárcel por defender sus derechos y su territorio.
Los impactos en los derechos colectivos de los pueblos de la zona, a quienes no se les consultó previamente sobre el proyecto, así como otros derechos humanos vulnerados al criminalizar a sus líderes, reflejan que se trata deuna inversión extranjera que no está siendo ni responsable ni ética.
Hidro Santa Cruz no aporta ninguna mejora a las comunidades afectadas: ni en empleo, ni en servicios, ni en beneficios sociales o medioambientales y, además, desde su nacimiento está inmersa en una controversia jurídica y social que arroja grandes sombras sobre el proyecto.
Alianza por la Solidaridada través de su campañaTieRRRa,Amigos de la TierrayAsociación de Mujeres de Guatemalaconsideran que la única alternativa aceptable es la retirada de Hidro Santa Cruz. De esta forma se restituirán los derechos de las comunidades locales a decidir sobre el uso de su territorio en Barillas.
