El pasado 26 de mayo el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó la propuesta presentado de forma conjunta por los tres grupos que integran el gobierno municipal (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís), a quienes se ha sumado el voto favorable de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, y de Ciudadanos (C's), mientras que el PP votó en contra. Fue el Concejal Natxo Bellido, portavoz de Compromís quien defendió la propuesta ante el pleno.
Con ésta declaración el Ayuntamiento de Alicante asume el compromiso de dar los pasos necesarios para asegurar que en los concursos públicos se ponga en valor y reconozca a las empresas que tienen conductas fiscales responsables en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para cometer fraude.
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de velar por la ejemplaridad de los comportamientos fiscales de las empresas con las que contratan. Deberían impulsar que las empresas que concurren a concursos de contratación pública lo hagan en condiciones de justa competencia. Dado que la elusión fiscal a través de paraísos fiscales supone un claro menoscabo de ambos principios, resulta bastante justificado que se incorporen criterios de responsabilidad fiscal dentro de las políticas de contratación públicas.
Por ello, desde Oxfam Intermón, junto con otras organizaciones sociales, proponemos que en todos los niveles de gobierno las administraciones públicas se declaren Zonas Libres de Paraísos Fiscales.
Esto implica, más allá de una declaración institucional, el compromiso de incluir en sus reglamentos o políticas de contratación los criterios necesarios para diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación según su grado de responsabilidad fiscal. De esta forma, a la hora de valorar una oferta, uno de los aspectos que debería ser penalizado en el sistema de puntuación tendría que ser la presencia del grupo empresarial en paraísos fiscales, de forma que se premie a las empresas fiscalmente responsables y aquellas que realizan prácticas fiscales perjudiciales tengan más difícil contratar con las administraciones públicas.
Los grandes cambios empiezan por lo local. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los gobiernos municipales de los diferentes ayuntamientos del país para que se unan a esta iniciativa y se declaren Zona Libre de Paraísos Fiscales.
Zonas libres de paraísos fiscales tomando impulso
En 2009 diversas organizaciones sociales europeas lanzaron la campaña Tax Haven Free que hacía un llamamiento a ciudades y gobiernos locales para que se posicionasen en contra de la utilización de paraísos fiscales. En Francia, ciudades importantes, como Estrasburgo y Grenoble, incluyen ya requerimientos de transparencia fiscal empresarial en sus políticas de contratación pública, y París, Burdeos y Lille están en vías de sumarse. Por otro lado, en Finlandia, el ayuntamiento de Helsinki está ya activando un proyecto piloto mientras Copenhague está estudiando la posibilidad de implantar una iniciativa similar. En el Reino Unido existe una iniciativa llamada Fair Tax Mark que invita a las empresas a implementar una certificación de comportamiento fiscal responsable como rendición de cuentas a la ciudadanía y para demostrar su compromiso con la responsabilidad fiscal de cara a la contratación con las administraciones.
Y también en España la iniciativa está tomando impulso. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca fue el primero en aprobar en el verano de 2015 su Código de Ética con la prohibición de contratar con empresas vinculadas a paraísos fiscales. En Cataluña, el Parlament aprobó en junio de 2015 una moción para estudiar la posibilidad de prohibir la contratación pública con empresas vinculadas a paraísos fiscales. Y en 2016, numerosos ayuntamientos se han empezado a sumar a la iniciativa declarándose Zonas Libres de Paraísos Fiscales y comprometiéndose a modificar sus políticas de contratación de forma que se penalice a aquellas empresas vinculadas a paraísos fiscales. Así lo han hecho en Mataró, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Vilanova i la Geltru, Olot, la comisión de economía del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado defender esta propuesta en el pleno municipal y el Gobierno de Aragón el 19 de mayo aprobó por unanimidad primar a las empresas fiscalmente transparentes en los contratos de la comunidad.
En la Comunidad Valenciana se han adherido Castellón, el pasado 26 de mayo el Ayuntamiento de Alicante y se espera que en breve también lo haga el Ayuntamiento de Valencia.
