Alianza por la Solidaridad- Actionaid hace un llamamiento contra la mercantilización del derecho al agua en el mundo

Un tercio de la población mundial no dispone de agua potable, mientras aumenta el acaparamiento de este recurso por las empresas.
La ONG considera urgente que la Comisión Europea apruebe la normativa que pondrá coto a la vulneración de este derecho humano fundamental.

Derecho al agua alianza por la solidaridad
(c) Pedro Armestre para Alianza por la Solidaridad

Un 29% de la población mundial no dispone de servicios seguros de acceso a agua potable para beber y 3.000 millones carecen de la posibilidad de lavarse las manos con agua limpia y jabón en sus hogares, según los últimos datos de la ONU, una situación que coincide con el acaparamiento de este recurso por parte de grandes empresas en territorio ajeno.

Así lo ha documentado en varios países Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que este Día Mundial del Agua hace un llamamiento contra la mercantilización de este recurso y la urgencia de aprobar normativas de alcance internacional que obliguen a las empresas a respetar en toda su actividad estándares medioambientales y de derechos humanos básicos. como el acceso al agua para consumo humano.

Las empresas acaparan

La ONG recuerda que el acceso al agua segura para beber sólo se ha incrementado un 1% en un año, pasando del 70% al 71% a nivel global. Mientras, las empresas continúan acaparando agua dulce, que sólo supone el 2,5% del agua en el planeta, para monocultivos intensivos, generación de electricidad con fines comerciales y especulativos, industrias embotelladoras de bebidas carbonatadas, mineras, etcétera.

Estas prácticas afectan fundamentalmente a comunidades rurales, muchas de ellas indígenas, sin atender a la debida diligencia con los derechos reconocidos. Sólo 14 de 109 países, según Naciones Unidas, tienen en cuenta a las comunidades locales en las decisiones que toman sobre el agua de la que disponen, ya sea en ríos, lagos o acuíferos.

Normativa urgente

Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe para promover una iniciativa legislativa para la adopción urgente de normas vinculantes en la UE que aseguren que las compañías son responsables y objeto de sanción cuando provoquen impactos negativos sobre los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza. Para Alianza, es prioritario presionar para que estas normativas salgan adelante con urgencia, y así contrarrestar la progresiva privatización del agua potable, cuyos derechos de uso son objeto de cotización en la Bolsa de Nueva York desde diciembre de 2020, dando pie a la especulación con un recurso fundamental para la vida.

Persecución de personas defensoras

Asimismo, recuerda la persecución, acoso, criminalización y muerte que está provocando la defensa del derecho al agua, en territorios donde las personas que lideran movimientos en su defensa son asesinadas, acosadas y encarceladas. Según varios informes de diferentes ONG, se estima que habido más de 1.500 asesinatos de activistas ambientales en los últimos 15 años, y el interés económico sobre recursos como el agua o la tierra están detrás de la mayoría.

Es el caso de Guatemala y otros países de Centroamérica donde trabaja la ONG, que ha documentado las consecuencias negativas que tienen para las mujeres su activismo frente a hidroeléctricas, industrias embotelladoras y empresas mineras extranjeras. Así lo cuentan en su campaña Guardianas del agua y la tierra, donde recogen las historias de varias de estas lideresas y defensoras del agua.

Especial mención requiere el caso del líder Bernardo Caal, encarcelado en Guatemala desde enero de 2018 y condenado a más de 7 años de prisión por la defensa del río Oxec y del río Cahabón, frente a sendas hidroeléctricas que colapsaron los cauces, situados en territorio indígena maya-q’eqchí. Precisamente, Guatemala está considerado hoy el país de más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Según los indicadores ha quintuplicado los crímenes contra líderes, pasando de tres en 2017 a 16 en 2018 y 12 en 2019.

Freno a la privatización

Almudena Moreno, responsable de programa sobre Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad-ActionAid, señala que “Hay que poner freno a la privatización y mercantilización del agua en muchos países en desarrollo, justo en un contexto de cambio climático en el que el recurso cada vez escasea más. Mientras muchas grandes empresas esquilman ríos y acuíferos lejos de sus países de origen, en los países en desarrollo la carencia de agua supone enfermedades y muerte. Así lo estamos viendo en esta pandemia, porque sabemos que una buena higiene es fundamental para frenarla, pero resulta que el 40% de la población mundial no la pueden tener, mientras hay quienes hacen lucrativos negocios con ella sin ningún control”.

*Los datos iniciales son del Sumary Progress Update 2021 de ONU-AGUA.

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