El pasado 12 de marzo, el Congreso de Perú aprobó un dictamen sobre la modificacion de la Ley que reforma la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Si saliera adelante, esta ley otorgaría al Gobierno la facultad de “controlar, supervisar y fiscalizar” a las organizaciones que reciben recursos de la cooperación técnica internacional, vigilando la «correcta utilización de los recursos que reciben». De este modo, las organizaciones estarán obligadas a solicitar autorización previa de actuación a la agencia del Gobierno.
Las ONG españolas en el país ya han dado la voz de alerta, así como redes internacionales que trabajan en Perú. La Red EU-LAT ha manifestado una especial preocupación por «la disposición que busca establecer como falta “muy grave” el uso de recursos provenientes de la cooperación para “asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano” (Art.21c.2). Como resultado, las personas jurídicas que reciben recursos de la cooperación internacional en Perú quedan imposibilitadas de recurrir a tribunales administrativos o judiciales a nivel nacional e internacional, quedando desprotegidas ante cualquier acción arbitraria, omisión o error por parte de las entidades gubernamentales».
De igual modo, las ONG españolas que trabajan en Perú han advertido: «Si la Ley se implementa tal como está, las personas, comunidades o colectivos sin recursos verán perjudicado su derecho a recurrir ante instancias nacionales e internacionales cuando consideren haber sido víctimas de injusticias o abusos perpetrados por instituciones del Estado, ya que se prohibirá que las ONG presten cualquier apoyo, ya sea legal o de asesoría».
Riesgos para el espacio cívico y la democracia
ONG peruanas e internacionales denuncian que esta decisión pone en riesgo los logros conseguidos en áreas tan importantes como la salud o la educación y, además, restringe de forma preocupante la participación ciudadana y el espacio cívico, cuestiones esenciales en democracia. Las organizaciones muestran su disposición a entablar un proceso de diálogo con el Gobierno que permita revertir tal decisión.
El Foro de ONG españolas en Perú denuncia que «La Ley incluye la posibilidad de imponer sanciones arbitrarias y desproporcionadas a las ONGs, lo que podría llevar incluso a la cancelación de su inscripción y obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto pone en grave riesgo la labor de defensa de los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente, que realizan las organizaciones de la sociedad civil peruana, en colaboración con el sistema de Cooperación Española e internacional».
Ante esta situación, se ponen a disposición para iniciar un diálogo constructivo con el Gobierno a fin de revisar esta decisión y apoyar en la construcción de una normativa que garantice tanto la fiscalización de los fondos de cooperación internacional como la progresiva apertura del espacio cívico para la sociedad civil y la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.
Consulta el pronunciamiento de las ONG españolas en Perú
