El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros, el 72% de los cuales pertenece a grandes empresas y grandes fortunas. Esta cifra es mayor que todo el presupuesto de sanidad (57.000 millones). De la misma manera, los países en desarrollo pierden cada año más de 100.000 millones por malas prácticas e incentivos fiscales a las empresas. Esta cantidad es cuatro veces superior a lo que se necesita para escolarizar a todos los niños del mundo.
La recaudación de impuestos es la forma en la que el Estado obtiene los fondos necesarios para garantizar las políticas sociales que benefician a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más vulnerables. Si esta recaudación se produce de forma injusta, es insuficiente o se pierden muchos recursos por la evasión y elusión fiscal de unos pocos más poderosos, provoca un incremento de la desigualdad y la pobreza.
Cuánto contribuyen las grandes empresas a las arcas púbicas, es difícil de saber por la opacidad que las rodea y porque han creado estructuras empresariales tan complejas que hace casi imposible rastrear las operaciones que hacen.
Según datos de nuestro informe «La ilusión fiscal», más del 25% de la inversión extranjera de las empresas españolas las realizan entre sus propias filiales. Lo que sí sabemos es que no contribuyen en la proporción justa que deberían. Cada año, las grandes empresas aportan tan solo un 5,3% de sus beneficios contables. Muy lejos de lo que marca la ley tributaria (un 30%). Una serie de vericuetos (en su mayoría legales) les permiten llevar sus beneficios a paraísos fiscales para pagar lo menos posible.
Durante los años más duros de la crisis económica, las principales empresas de nuestro país (aquellas del IBEX35), incrementaron de manera exponencial su presencia en paraísos fiscales. En sólo un año (2012 a 2013), el número de filiales en estos territorios se incrementó en un 44%, pasando de 561 A 810. El informe desvela, además, que la inversión española en paraísos fiscales se incrementó en el último año en un 205%.
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Los gobiernos son responsables poner en marcha leyes que obliguen a las grandes empresas a pagar lo que les corresponde y cerrar los resquicios del sistema fiscal internacional de los que se aprovechan las grandes empresas. Pero las grandes empresas tienen también una responsabilidad con el resto de la sociedad de pagar la parte que les corresponde. No es posible ser socialmente responsables sin ser fiscalmente responsable.