Pedimos 18 años de prisión para los encausados en el tercer juicio del «Caso Blasco»

La petición de penas para el ex conseller Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, y la funcionaria Agustina Sanjuán es de cinco años de prisión y 350.000 euros de multa para cada uno de ellos. Para Javier Murcia se solicitan 3 años de prisión.

Después de la “decepcionante” sentencia de la Audiencia Provincial en el segundo juicio de esta causa, la Coordinadora espera que “se haga justicia y que se evite la sensación de impunidad en uno de los casos de corrupción más inmorales que ha sufrido la Comunitat Valenciana”.

Caso Blasco

En el tercer juicio del “Caso Blasco” que da comienzo mañana miércoles en la Audiencia Provincial de València, desde la Coordinadora Valenciana de ONGD solicitaremos para el ex conseller Rafael Blasco y los otros tres acusados un total de 18 años de prisión, 1.050.000 euros de multa y el pago solidario en concepto de responsabilidad civil subsidiaria de más de 260.000 euros. Esta quinta pieza juzga el presunto amaño de contratos informáticos de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía mientras Blasco era su máximo responsable.

Los siete contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de las escuelas de acogida, entre otros, y se adjudicaron en los años 2008 y 2011 mediante el procedimiento de contratación centralizada a las empresas Fujitsu, Indra sistemas, Ibermática y Comteldat, pero terminaron siendo subcontratados supuestamente a las sociedades del empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama corrupta junto a Rafael Blasco. Al parecer, las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.

Por estos supuestos hechos, solitamos tanto para Blasco como para la entonces secretaria general de la Consellería, Agustina Sanjuán, 5 años de prisión, 350.000 euros de multa y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Las penas de prisión y multa son las mismas para Tauroni, pero en su caso se solicita la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas o contratos públicos. Por su parte, para el que fuera jefe de servicio de Informática de la Consellería Javier Murcia, se solicitan 3 años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y fraude a la Administración.

Penas proporcionales

“Después de la sentencia sumamente decepcionante e indignante con la que se saldó el último juicio por el Caso Blasco, desde la Coordinadora, y en nombre de todas las acusaciones populares en esta causa, queremos que se haga justicia de una vez por todas, para que las penas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por una de las tramas de corrupción más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana”, explica Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

A pesar de las numerosas pruebas presentadas en el juicio y de la confesión de los propios acusados, la última sentencia les condenó a penas que desde la Coordinadora se calificaron de “ridículas”. Blasco, Tauroni y otros 19 de los 24 implicados en la trama corrupta fueron condenados a tan solo 35 años y seis meses de prisión de los 150 años que pedía la acusación popular. Como consecuencia de ello, los principales acusados no han entrado en prisión.

Esa sentencia ha sido recurrida por la Coordinadora y la Generalitat ante el Tribunal Supremo para revertir la absolución de Rafael Blasco y el resto de cabecillas de la trama corrupta por el delito de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, y para que se revise la aplicación indebida de atenuantes.

Devolución de lo robado

Desde la Coordinadora también solicitan, como han hecho desde el principio del caso, que el dinero y los bienes que se están recuperando se destinen a la cooperación internacional que era el propósito que tenían los fondos que robó la trama. Las ONGD exigen garantías de que se continuará investigando hasta que los condenados hayan devuelto la totalidad de lo que robaron.

La Coordinadora recuerda que éste no es un caso de corrupción más. “Ha sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas empobrecidas para enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años luchando por que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir haciéndolo en este juicio”, ha añadido Mirón.

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Para más información o entrevistas:
Carmen Rodríguez, tel: 645 994 756 comunicacion@cvongd.org

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