Nos unimos a más de una veintena de organizaciones sociales en la Comunitat Valenciana contra la insuficiente reforma a la Ley Mordaza

Junto a la Coordinadora, entidades como Amnistía Internacional, Greenpeace, Ecologistas en Acción, CEAR-PV, Perifèries, Candombé, la Assemblea Feminista 8M y la Unió de Periodistes, exigimos eliminar los artículos que limitan el derecho a la protesta, incorporar mecanismos de fiscalización a las fuerzas de seguridad y eliminar las devoluciones en caliente de personas migrantes.

El próximo domingo 13, organizaciones sociales y de los derechos humanos de varias ciudades del Estado Español convocadas por la plataforma “No somos delito” nos movilizaremos contra la reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, mejor conocida como Ley Mordaza.

En la ciudad de València s ha convocado una concentración en la Plaza de la Cridá (frente a las Torres de Serrano) a las 12 horas por una amalgama de organizaciones, entre ellas, Espai Veinal Cabanyal-Entrebarris, Per l’horta, Assemblea feminista, Greenpeace, Amnistia Internacional, Juventud Comunista, CSO l’horta, PAH Valencia, XR Valencia, Unió de periodistes y la Coordinadora Valenciana de ONGD, entre otras. Las organizadoras quieren plantar cara y mostrar su rechazo a una ley que según ellos «no se modifica lo suficente y que seguirá siendo un peligro para el derecho a la protesta».

Vulneración de un derecho fundamental

El objetivo de las convocantes es incidir ante la Comisión del Congreso de los Diputados que se reunirá el próximo 15 de febrero para debatir los puntos de acuerdo entre el PSOE y Podemos con el resto de fuerzas políticas, respecto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley que ha sido cuestionada incluso por Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación en 2015, quien señaló que la Ley Mordaza «vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica al penalizar una amplía gama de actos y conductas esenciales para ejercer este derecho fundamental, limitando marcadamente su uso».

Por otro lado para Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, se comprueba que este proyecto de reforma «mantiene el poder casi omnímodo de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en manifestaciones y reuniones públicas para, sin mecanismos de control, limitar injustificadamente la libertad de expresión, de información y de protesta pacífica.»

140.000 sanciones

Según el informe «El derecho a la protesta en Valencia» de las entidades sociales que convocan a la movilización del próximo domingo, basándose en el portal de estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” artículo 36.6 y “faltas de respeto a la autoridad” artículo 37.4 (1:enlace a informe). El informe busca documentar los efectos adversos que tiene esta ley para todas las organizaciones que, mediante la protesta, «permiten que las sociedades actuales sigan teniendo a los derechos humanos como una referencia, sin anteponer otro tipo de criterios económicos o de poder».

De 2015 a 2019, en el País Valencià se han impuesto una media de 3.657 sanciones al año por la Ley Mordaza, exceptuando en 2020 por el estado de alarma y el 2015 por la entrada en vigor en junio. Estas sanciones implican una recaudación de 1.431.900 euros al año. En el informe se documentan «una media de 1.000 sanciones anuales por el 36.6 y 1616 por el 37.4, lo que significa un 27.3% y un 44.2% del total de sanciones por seguridad ciudadana, respectivamente».

Recaudación por multas

En terminos monetarios, a causa del artículo 36.6 se han recaudado anualmente 618.140 euros, el 43.2% del total de las recaudaciones y 301.700 euros, un 21.1%, por el artículo 37.4. Esto implica que el 71.5% de las sanciones y el 64.3% del dinero recaudado, están asociados tan solo a dos artículos. Además, a causa del artículo 36.3, referente a causar desórdenes en espacios públicos, se han impuesto 457 sanciones anuales, es decir el 12.5%, por una cantidad de 282.500 euros, que corresponde al 19.7%. Si añadimos el artículo 36.3, el total aumentaría hasta el 84% del número de sanciones y también de su cantidad total recaudada.

Es importante remarcar, por otro lado, que por el uso inadecuado de imágenes sobre las fuerzas de seguridad, correspondiente al artículo 36.23, en el País Valencià se han impuesto 3, 2, 4, y 6 sanciones, en 2015, 2016, 2017, y 2019, respectivamente. Para las organizaciones sociales las actuaciones policiales “deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general”.

«Es necesario, ahora más que nunca, que salgamos el día 13 a la calle para mostrarle al gobierno el rechazo a esta reforma insuficiente, que seguirá permitiendo la represión y criminalización de la protesta pacífica y que no incorporará mecanismos suficientes para investigar de manera debida el uso excesivo de la fuerza o las actuaciones arbitrarias de la policía”

Los casos más sonados

Entre los casos de sanciones emblemáticas en el País Valencià que han sido documentadas en el informe por las activistas y periodistas comprometidas, se encuentran:

  • Las sanciones en 2019 a los tres activistas antifascistas que colgaron una pancarta en el Miguelete mientras pasaba una proseción.
  • La multa al vecino que remarcó publicamente que a la bicicleta de la Policía Local, le faltaba la última “l”
  • Las 20 sanciones a las feministas en el marco de las 2 concentraciones del 8M en 2018 y 2019.
  • Las dos sanciones a dos activistas de Acció Ecologista Agró, en julio de 2017, por desplegar una carta de grandes dimensiones en el hotel Sidi Saler para pedir su demolición y recuperar el espacio dentro del Parque Natural de la Albufera.
  • El vecino que en la manifestación del 12 de octubre en Benimaclet le dijo a la policía que “dejara estar a los chicos” ante un posible abuso policial y que días más tarde le llegó la sanción a su domicilio.

Otro caso, es el del 23 de marzo de 2019 cuanto a un activista de Estrela Roja le embargaron 700€ de su cuenta por dos multas “negarse a identificarse” y por “desobediencia a la autoridad”. En este caso, el juez se negó a revisar las cámaras alegando que con la palabra del policía era suficiente.

Finalmente el informe documenta las sanciones a 4 activistas que se manifestaron en contra de la demolición del Centro Social “La Figatendra” en Godella, en abril de 2017, debido a que la policía testificó que los manifestantes son de “grupos conocidios de extrema izquierda de índole violenta”.

Sanciones en desahucios

Este 2021, solo en 6 meses, del 30 de abril al 5 de octubre, los colectivos en defensa a la vivienda en Valencia, Construyendo Malilla, Sindicado del barrio del Cabañal y PAH València, han recibido 27 sanciones en 5 desahucios, que acumulan una cuantía de 6.000 euros. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2015 y 2020, se han ejecutado 47.649 desahucios en el País Valencià. Para las organizaciones sociales “Las personas desahuciadas ven frecuentemente vulnerado su derecho a una vivienda digna, recogido en la constitución española y en los pactos internacionales de derechos humanos”.

Devoluciones en caliente

Por otro lado, según las entidades sociales, el pacto de gobierno para la reforma de la Ley Mordaza plantea mover el contenido de ésta relativo a las devoluciones en caliente a la Ley de Extranjería. “Este cambio, seguirá manteniendo la aparente cobertura legal de las devoluciones en caliente, vulnerando los convenios ratificados en materia de asilo”.

También han presentado en el informe el caso documentado por El Salto de la concentración de la formación ultra España 2000 en diciembre de 2020. Debido a la Ley Mordaza se otorgó valor probatorio a los agentes de la policía. Antes de la entrada en vigor de esta ley, un caso como este lo hubiera juzgado un juez, pero ahora, es la misma Delegacion de Gobierno, de la que depende la propia policía, la que juzga y condena o absuelve. Es por esta razón que “decidieron archivar las sanciones, pero sin dar mayores explicaciones, ni tomar medidas para que esto no pueda volver a pasar”, señaló Paco Simón de la organización València Acoge.

Fuerzas de seguridad, sin control

Entre otras limitaciones que la reforma mantiene se encuentra que sigue otorgando según las entidades “amplios poderes discrecionales a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, sin establecer mecanismos de control y rendición de cuentas a las fuerzas policialcas “dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias”. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma ni se compromete en hacer públicos los protocolos de uso de la fuerza.

Para Blanca, portavoz de las organizaciones sociales que convocan este sábado 13 de febrero la protesta contra la insuficiente reforma de la Ley Mordaza en la ciudad de València, “no podemos dejar que se apruebe una reforma blanqueada de la Ley Mordaza que siga siendo un peligro para el pleno ejercicio de derechos tan básicos como el de reunión, expresión o información”.

Para la activista “es necesario, ahora más que nunca, que salgamos el día 13 a la calle para mostrarle al gobierno el rechazo a esta reforma insuficiente, que seguirá permitiendo la represión y criminalización de la protesta pacífica y que no incorporará mecanismos suficientes para investigar de manera debida el uso excesivo de la fuerza o las actuaciones arbitrarias de la policía”.

Lee el manifiesto completo

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