La Coordinadora Valenciana de ONGD – que agrupa a más de un centenar de entidades de toda la Comunitat- ha celebrado este fin de semana su Asamblea General Ordinaria, en la que se han exigido a nuestros gobiernos que impulsen mecanismos diplomáticos y sanciones para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario en lugares como Gaza, recuperen fondos para las políticas públicas de cooperación y eliminen toda vinculación entre estas políticas y el control del derecho a la movilidad humana.
“En estos momentos de impunidad como no se veía desde la II Guerra Mundial, de ataques indiscriminados a civiles, de criminalización de las personas que defienden los derechos humanos y luchan contra la emergencia climática, y de extensión deliberada de los discursos de odio, las ONGD vamos a estar más activas que nunca en la defensa de los derechos humanos y la cooperación. No podemos mirar hacia otro lado mientras se destruyen la convivencia y el respeto a las normas más básicas de
humanidad”, ha explicado el presidente de la Coordinadora, Enrique Asensi.
Las ONGD han exigido, en particular la recuperación por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de València de los programas de protección y acogida a personas defensoras cuyas vidas corren peligro en países como Colombia, El Salvador y
Venezuela. Por su parte, han pedido al Ayuntamiento de Alicante y a la Diputación de Castellón que recuperen la inversión en cooperación -eliminada por completo- y la reversión en el recorte de los presupuestos autonómicos, para avanzar así con el
compromiso internacional de dedicar el 0,7% de los presupuestos a estas partidas.
“Lo cooperación es más necesaria que nunca en este contexto de recrudecimiento de los conflictos, los desplazamientos y las desigualdades, y es imprescindible que se entienda que la cooperación no es un instrumento para frenar el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar, que es tan antiguo como la humanidad. La cooperación es una herramienta para generar oportunidades, pero sobre todo para que las personas más excluidas puedan defender sus derechos fundamentales y decidir sobre su futuro”, explica Asensi.
Responsabilidades ante la DANA
La Asamblea de ONGD también han pedido la depuración de responsabilidades de los gobiernos implicados en la gestión de del DANA la implementación de medidas de prevención y mitigación de los efectos de la emergencia climática, incluido la
implementación de un sistema de Reducción del Riesgo de Desastres siguiendo el Marco de Sendai -en el que España suspende-, y el incremento de los compromisos de financiación de políticas de prevención y mitigación en los países empobrecidos, que no son causantes de la emergencia climática, pero que son los que sufren de forma más grave sus consecuencias, en forma de sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.
Nueva junta y nuevas ONGD
La Asamblea, además, ha elegido como nuevas integrantes de la Junta Directiva a Elena Aranda, de Manos Unidas; Ivonne Giménez Belmonte, de One day yes; Paloma Jiménez, de Solidaridad Internacional-PV; Nieves Lillo Herranz, de Kasumai Elche; María Subiela Hernández, de Fundación Taller de Solidaridad; y Estíbaliz Táboas Pazos, de Paz y Desarrollo.
Por su parte, se han incorporado a la Coordinadora las ONGD Surg for All y Associació Calima, mientras que causan baja Raykuera, Codespa, MOSS solidaria, Fundación Manuel Piti Fajardo, Fundación Concordia y Libertad, Tierra de Esperanza y Vita Et Pax.
